Una investigación de Eme Equis reveló que la CFE dio dos contratos para la adquisición de carbón a empresas relacionadas con una alcaldesa morenista y un diputado del PT, por los cuales pagó más de 1.14 mil millones de pesos.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó dos contratos, de 571 millones de pesos cada uno, a la empresa La Sierra Minería y Transportes SA de CV, para la compra de carbón mineral (de flama larga, no coquizable, de la cuenca de Río Escondido, con destino a la Central Termoeléctrica Carbón ll y I). El representante legal de esta compañía es David Rangel Morales, exdirector jurídico de la alcaldía de Múzquiz, en Coahuila, municipio cuya alcaldesa es la morenista Tania Vanessa Flores Guerra.
La alcaldesa Flores Guerra es una empresaria carbonífera y junto con su hermano, Antonio Flores Guerra, diputado del Partido del Trabajo, está relacionada con empresas sobre las cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado irregularidades (como compartir el mismo domicilio) y que en total han adquirido 3.62 mil millones de pesos en contratos con la CFE para la compra de carbón.
Los dos contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa La Sierra Minería y Transportes SA de CV (número 700527448 y 700527446) fueron por 492 .5 millones de pesos más IVA, es decir, total 571.3 millones de pesos cada uno, con lo que sumaron 1.14 mil millones de pesos.
Además, la ASF detectó que hay al menos cinco empresas más vinculadas a la familia Flores Guerra, las cuales forman parte de un conglomerado que incluso comparte el mismo domicilio fiscal, sin embargo, “la paraestatal niega conflicto de interés”, reportó Eme Equis. Estas compañías han obtenido más de 3.62 mil millones de pesos en contratos con la CFE:
La CFE negó que existiera conflicto de interés al adjudicar contratos millonarios a empresas que pertenecen a una misma familia y que tienen la misma dirección fiscal. En este sentido, Carlos Aguirre Arredondo, director general de CFE Generación IV, emitió una nota informativa el 5 de septiembre de 2022, donde señala lo siguiente:
“Considera que la probable relación que pueda existir entre potenciales proveedores en contrataciones por medio de adjudicaciones directas no guarda relación alguna con la libre competencia que se genera entre oferentes. La figura de libre competencia existe entre oferente en casos de contratación, por medio de concursos abiertos, concursos abiertos simplificados e invitaciones restringidas, cuya característica principal es que la empresa convocante evalúa la mejor oferta de las presentadas aplicando los criterios establecidos”.
El que exista relación y comunicación entre proveedores no tiene ninguna incidencia en las contrataciones por adjudicación directa. La empresa contratante puede, más no está obligada legalmente a verificar la relación existente entre potenciales proveedores”.
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Con información de Eme Equis
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