En el periodo de 2021 a 2023, durante la gestión de María del Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se registró un alarmante incremento del 1,892.3% en las quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción en la institución.
Según el Informe de Actividades de la CNDH correspondiente al primer semestre de 2023, esta tendencia ha generado una creciente preocupación entre los legisladores y la sociedad civil y en el propio Poder Ejecutivo, que fue donde se impuso a Piedra Ibarra en dicha institución.
Durante los años 2018 y 2019, bajo la administración del anterior ombudsman Luis Raúl González Pérez, solo se reportaron 14 y 13 casos de quejas o denuncias, respectivamente. Sin embargo, en el primer semestre de 2023, se tramitaron un total de 537 expedientes de investigación relacionados con posibles actos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas de la CNDH.
El informe detalla que de los 259 expedientes de investigación iniciados en el primer semestre de 2023, 154 casos están relacionados con irregularidades patrimoniales, 37 por desatención a la normatividad interna, 32 por deficiente integración de expedientes, ocho por conductas inadecuadas y uno por extravío de constancias.
De acuerdo con el oficio publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso, difundido por la agencia de noticias Quadratín, de los 537 expedientes atendidos, 45 casos quedaron pendientes de 2021, 233 de 2022 y 259 ingresaron en el primer semestre de 2023.
Se concluyó que 166 expedientes no presentaban elementos de posible responsabilidad administrativa, mientras que 53 casos fueron remitidos al Área de Responsabilidades, Situación Patrimonial y Defensa Jurídica para dar inicio a los procedimientos de responsabilidad administrativa. Los 314 restantes están en proceso de tramitación.
Es relevante destacar que, en 53 casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no encontró elementos de conductas graves por parte de las personas servidoras públicas, lo que sugiere que se llevaron a cabo acciones preventivas, fiscalizadoras y de sensibilización en materia de ética en el órgano fiscalizador.
La responsabilidad del Órgano Interno de Control es vigilar que los recursos se administren con eficiencia, transparencia y honradez, y se cumplan los objetivos institucionales. Asimismo, se subraya la importancia de alinear la institución con la Misión, Visión y programa institucional, y tener en cuenta los Lineamientos de Austeridad y el Plan Nacional Anticorrupción, todo con un enfoque preventivo para identificar y administrar los riesgos institucionales.
Este aumento significativo en las quejas y denuncias por corrupción en la CNDH ha generado un cuestionamiento sobre la transparencia y la eficiencia de la institución encargada de velar por los derechos humanos en el país. La sociedad civil y los legisladores demandan una pronta respuesta para atender y resolver estos casos, garantizando la integridad y el correcto funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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