René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, enfrenta acusaciones por solicitar un “diezmo” de 120 millones de pesos a una empresa contratada para procesar leche bronca en polvo y crema. Estos hechos fueron confirmados por Juan Carlos Burillo González, apoderado legal de la Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), en una declaración ante un juez. Las revelaciones han puesto en evidencia un presunto entramado de corrupción y tráfico de influencias que involucra a varios actores clave.
Gavira Segreste, actualmente prófugo, sería parte de una red en la que también estaría implicado el empresario Alejandro Puente Córdoba, cercano al líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado.
Puente, operando a través de prestanombres, habría facilitado la recepción de contratos de procesamiento de leche para una empresa. Este entramado estaría vinculado a una millonaria malversación de fondos, según alega la Fiscalía General de la República (FGR).
La revelación clave se centra en el supuesto pago del 10% del valor del contrato, un total de 120 millones de pesos, exigido por Gavira. Esta información fue dada a conocer durante una reunión en las oficinas centrales de Liconsa, en la que participaron Carlos Ernesto Herrera Reza, dueño de Coprolac, y representantes de Segalmex. En dicha reunión se habría establecido este “diezmo” como condición para la asignación de los contratos.
“Nos comentaron allí que había que apartar cierta cantidad de dinero, que una vez recibidos los contratos nos iba a representar -dicho por el señor Herrera-, más o menos el 10 por ciento de los contratos, que eran aproximadamente 120 millones de pesos”, dijo Burillo González.
Esta transacción estaría relacionada con los contratos investigados por la FGR, en los que se presume un desfalco millonario de 1,687 millones de pesos. El desvío de fondos estaría distribuido en 435 millones correspondientes al monto del contrato y 1,251 millones a la leche bronca que se entregó para su procesamiento y que nunca fue devuelta.
De la cantidad total mencionada, a Coprolac se le asignaron mil 228 millones 470 mil 733 pesos, correspondiendo 984 millones 718 mil 195 pesos al valor de la materia prima recibida y 243 millones 752 mil 538 pesos al pago estipulado en el contrato.
Según Burillo González, la reunión en Lomas de Sotelo fue la tercera entre Herrera Reza y los directivos de Segalmex, y marcó el momento en que se explicó claramente a Herrera Reza que el contrato estaba condicionado por este “diezmo”. Además, se mencionó que Gavira tenía la capacidad de elaborar contratos sin pasar por controles internos o legales de Segalmex.
“Entonces, a partir de ahí ya fue un poco más específico el señor Herrera con el señor René, el exigía el 10 por ciento del valor de los contratos, lo cual ascendía más o menos a 120 millones de pesos”, aseveró Burillo.
El 16 de junio, Juan Carlos Burillo brindó esta declaración ante el juez Gregorio Salazar Hernández, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Durante esta audiencia, Burillo se convirtió en testigo colaborador de la FGR, lo que llevó a su liberación inmediata del Penal del Altiplano.
El escándalo de corrupción en Segalmex se destaca como uno de los casos emblemáticos de mal uso de fondos públicos durante la gestión de López Obrador. Hasta ahora, este caso ha implicado un saqueo al tesoro público que supera los 15 mil millones de pesos. Segalmex, una entidad encargada de buscar la autosuficiencia alimentaria en México, ha sido el foco de este envío masivo de fondos.
Si quieres conocer los puntos clave para comprender el caso de corrupción en Segalmex te invitamos a que consultes nuestro siguiente artículo: Corrupción en Segalmex: guía para entender el caso
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Con información de El Heraldo de México.
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