La corrupción, un flagelo que ha aquejado a múltiples países alrededor del mundo, se ha convertido en un tema central en el debate público y político de México. Este mal sistémico, que involucra prácticas ilegales y éticamente cuestionables, tiene profundas repercusiones que afectan directamente a la población. En este artículo, exploraremos quién paga realmente el costo de la corrupción de un gobierno y cómo esta problemática impacta a la sociedad mexicana.
La corrupción en el gobierno no solo desvía recursos públicos hacia bolsillos privados, sino que también socava la confianza de la población en las instituciones y en el Estado de Derecho. Además, frena el desarrollo económico y social, desincentiva la inversión extranjera, y fomenta la desigualdad, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo de la corrupción en México es abrumador. Se estima que en 2022, este mal representó aproximadamente más 4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que equivale a más de 2 billones de pesos. Estas cifras ponen en evidencia cómo la corrupción se traduce en pérdidas económicas significativas para la nación.
Uno de los impactos más directos de la corrupción en México es su efecto en los servicios públicos. Los recursos destinados a infraestructura, educación, salud y programas sociales terminan desviándose hacia manos corruptas, lo que reduce la calidad y la disponibilidad de estos servicios para la población. Como consecuencia, los sectores más desfavorecidos sufren la falta de atención y oportunidades que podrían mejorar sus condiciones de vida.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, advierte que la corrupción en México es un “impuesto regresivo” que afecta desproporcionadamente a los más pobres, ya que son quienes dependen principalmente de los servicios públicos. En un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, la corrupción actúa como un obstáculo para alcanzar el desarrollo y la justicia social.
La percepción de corrupción en el gobierno también afecta la confianza de la población en las instituciones. El Barómetro Global de la Corrupción 2022, elaborado por Transparencia Internacional, revela que México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
Más del 80% de los mexicanos considera que la corrupción ha aumentado en el país en los últimos años. Esta desconfianza debilita la legitimidad del gobierno y socava la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
Para la Dra. Jacqueline Peschard, ex presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la falta de confianza en las instituciones fomenta la apatía y la desmovilización social. Esto se traduce en una menor capacidad de la sociedad para exigir cuentas a los funcionarios públicos y para participar activamente en el control del poder.
La corrupción también tiene un impacto negativo en el clima de negocios y la inversión en México. Empresas nacionales e internacionales pueden verse disuadidas de invertir en un país donde la corrupción es rampante, ya que aumenta el riesgo de negocios y afecta la transparencia y la seguridad jurídica.
El Dr. Gustavo Merino, afirma que la corrupción genera incertidumbre y debilita la competitividad de México a nivel global. Si los inversionistas perciben que deben pagar sobornos o enfrentar obstáculos burocráticos para operar en el país, es probable que busquen otras opciones, limitando así el crecimiento económico y el desarrollo.
En una declaración que generó controversia y reacciones encontradas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en marzo pasado que la corrupción, aunque inmoral, puede ser una “fuente posible de financiamiento para el desarrollo y el bienestar del pueblo”. Estas palabras han puesto en entredicho la postura de su gobierno, que ha sostenido una férrea lucha contra la corrupción desde su llegada al poder en 2018.
Desde sus años de campaña, López Obrador prometió acabar con la corrupción que, según él, imperaba en gobiernos anteriores. Sin embargo, hoy en día, diversos servidores públicos acusados de cometer actos de corrupción han encontrado en las palabras del presidente una forma de defenderse y justificar sus acciones.
Un caso emblemático es el de Emilio Lozoya, quien se encuentra en la cárcel y cuyos familiares también podrían enfrentar consecuencias legales. Lozoya fue acusado de recibir sobornos por 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, en medio de los escándalos de corrupción que salieron a la luz en 2016 en América Latina. Sin embargo, las declaraciones del presidente plantean la pregunta: ¿Fueron realmente esos sobornos en beneficio del pueblo de México?
Es importante mencionar que las palabras de López Obrador sobre la corrupción como “fuente de financiamiento” chocan con su discurso anterior, en el que aseguraba que un gobierno sin corrupción no servía para nada. Esta aparente contradicción ha generado confusión y descontento entre la población, que ve en la corrupción un flagelo que afecta negativamente a la sociedad mexicana.
Entre los señalamientos de corrupción en el gobierno de López Obrador, se encuentran casos como el de Segalmex, con pérdidas de 15 mil millones de pesos; las propiedades y cuentas millonarias del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y de la ex secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval, así como los bienes y contratos vinculados al titular de la CFE, Manuel Bartlett, entre otros.
Estos casos han llevado a cuestionar la verdadera voluntad del gobierno en su combate a la corrupción. Algunos argumentan que los círculos cercanos al presidente están inmersos en una red de corrupción y tráfico de influencias, utilizando el poder y el nepotismo para enriquecerse ilegalmente con el dinero de los ciudadanos.
Ante estas acusaciones, el presidente ha defendido a su administración y a su familia, alegando que los contratos millonarios otorgados a amigos de su hijo Andrés “no son nada“. Sin embargo, esto ha generado indignación entre quienes consideran que estas sumas son inalcanzables para la mayoría de los mexicanos.
La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, ha sido una de las voces críticas más contundentes, acusando al presidente de minimizar el problema de la corrupción y de desviar la atención cuando se trata de su familia. Según la senadora, México enfrenta una etapa triste de impunidad, falta de transparencia y corrupción bajo el gobierno de López Obrador.
La polémica generada por estas declaraciones pone de relieve la complejidad y gravedad del problema de la corrupción en México. Mientras el gobierno lucha contra la corrupción pasada, las dudas y cuestionamientos sobre la integridad de la actual administración han llevado a un debate público sobre la verdadera voluntad política para erradicar esta lacra que afecta a millones de familias mexicanas.
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