De nuevo en la mira Samuel García por lavado de dinero

Tanto el gobernador de Nuevo León como Movimiento Ciudadano, están siendo investigados por financiamiento con recursos ilícitos.

Financiamiento con recursos ilegales

Samuel García, gobernador de Nuevo León, vuelve a estar en el ojo del huracán por acusaciones que lo involucran en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo a una denuncia llevada a cabo por el empresario Raymundo Ramírez Pompa, el ex senador está vinculado a una supuesta red de despojos inmobiliarios que, a la vez, habría incurrido en otros delitos como lavado de dinero. Esta conjetura fue obtenida luego de comprobar que la firma legal inmobiliaria comparte domicilio con las dos empresas señaladas de haber aportado de manera irregular recursos la campaña de García como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Nuevo León.

Ramírez Pompa ha llevado el caso ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga las investigaciones al afirmar que la Fiscalía local y el Poder Judicial del estado están coludidos.

“El Gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, está insalvablemente involucrado en estos delitos y es grave la situación que enfrenta el estado de Nuevo León en el área de impartición de justicia porque están operando como una organización criminal. Y vamos a seguir insistiendo porque la misma Ley impone ciertas restricciones a esa facultad de atracción (por parte de la FGR), pero es la única manera de que se pueda hacer justicia, mientras las Federación no atraiga todas estas denuncias que estamos presentando no se va a poder”:

Las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C. comparten domicilio con el aparato legal de una red de despojos, en la cual sirvió como abogado Carlos Eduardo Mendoza Cano, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la entidad, cargo en el que fue colocado por Samuel, y quien, a decir del empresario, también ha incurrido en otros delitos como lavado de dinero.

De acuerdo con Raymundo Ramírez, el Gobernador e instituciones del gobierno estarían involucradas en un sistema de despojos, en el cual una red alega ser la propietaria de algunas propiedades y mediante la supuesta colusión del Poder Judicial llevan los casos a tribunales para hacerse de manera ilegal de estas.

“Algunos de los delitos que cometen es tratar de despojar o de apropiarse de bienes inmuebles, de lo cual después resultan delitos como la defraudación fiscal, el lavado de dinero y muchos otros delitos. Como lo he venido repitiendo, es tan solo una de las áreas donde opera de manera criminal el Gobierno del estado de Nuevo León”.

Sistema judicial estatal está coludido

En septiembre de 2021, se presentó la denuncia ante el SAT y la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para acusar al empresario Emilio Tancredi, sus padres, José Tancredi Martínez y María Graciela Flores Mayne; entre otros amigos y familiares, de ostentarse como dueños de diversos inmuebles exhibiendo documentos y contratos falsos de compra-venta.

“Desde ahí empiezan a trabajar conjuntamente organizando y coordinándose con la Fiscalía, con los jueces de control y con este grupo criminal que en esa mancuerna comete los delitos. […] Lo único que tienen por finalidad es abrumarte con audiencias y papelería, posteriormente es donde entra el Poder Judicial con los jueces de control y de juicio oral y penal del estado”.

Ramírez Pompa señaló que parte del modus operandi de esta supuesta red es presentar múltiples denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del estado para alegar la propiedad de los inmuebles. Tan sólo en su caso pretenden despojarlo de inmuebles valuados en 500 millones de pesos y de otros 500 millones de pesos a personas a las que él ya les vendió diversas propiedades. 

En su declaración, dio cuenta de una operación de donación simulada de una casa entre los miembros de dicha familia, asesorados por Cano, y venta posterior de la misma en 3.9 millones de dólares para evitar el pago de impuestos y ocultar el origen de los recursos.

“Carlos Mendoza Cano cuando a mí me aseguran los inmuebles de una manera ilegal porque la Fiscalía y los fiscales no tienen esas facultades, él era director de la Fiscalía, siendo director de la Fiscalía aseguró mis inmuebles. Sale de la Fiscalía para ser el abogado de los criminales que me denunciaron falsamente”.

Ramírez acusa a Carlos Mendoza de falsificar documentos, actas de notarios públicos, contratos, y expresó que ya han entrado en comunicación con la FGR para pedirle la facultad de atracción ya que:

“Al estar trabajando en el estado de Nuevo León la Fiscalía General de Justicia del estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿quién va a actuar en su contra porque son crímenes del fuero común, no es sencillo que la Federación atraiga el tema?”

Con información de Sin Embargo.