En medio de un escenario de tensiones políticas y señalamientos de falta de imparcialidad, Agustín Caso Raphael, hasta hace poco Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fue destituido de su cargo por el titular de la ASF, David Colmenares Páramo. Esta remoción se produce tras la revelación de los sobrecostos y la opacidad en la decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco para dar paso a la construcción del AIFA.
Caso Raphael había liderado la auditoría que desveló que la cancelación del proyecto aeroportuario no solo superaba en mucho la cifra inicialmente declarada por el gobierno, sino que ascendía a la astronómica suma de 331 mil millones de pesos, tres veces más de lo estimado oficialmente.
En una carta abierta, Caso Raphael denunció que su destitución carecía de fundamentos legales claros y la catalogó como arbitraria. Apuntó directamente a Colmenares, acusándolo de desviarse de los principios de autonomía e imparcialidad que deben regir en la ASF, y sugirió que su remoción obedecía a intereses políticos.
En sus palabras, Caso Raphael hizo un llamado a la ciudadanía para que reflexionara sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y protegerlas de influencias políticas, destacando la importancia de la imparcialidad en la función pública.
El exauditor no está solo en sus críticas. Gerardo Lozano, también exauditor y hoy titular del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, se sumó al cuestionamiento, alegando que la ASF ha sido cooptada por los intereses políticos de Colmenares Páramo, quien habría utilizado la institución para favorecer a ciertos sectores de la clase política.
Esta situación arroja luces sobre la delicada relación entre el poder político y los órganos de fiscalización en México. Recordemos que desde el inicio del mandato de López Obrador, ha habido tensiones entre su gobierno y la ASF, incluyendo la retractación de una revisión de la Cuenta Pública de 2019, a petición del presidente.
El caso del Aeropuerto de Texcoco no es el único punto de discordia. La cancelación de la obra, justificada por acusaciones de corrupción y una consulta ciudadana no vinculante, ha sido objeto de controversia, especialmente tras la disparidad entre las cifras oficiales y las reveladas por la auditoría.
Con la destitución de Caso Raphael, se pone de manifiesto la fragilidad de las instituciones de fiscalización frente a las presiones políticas, lo que plantea serias interrogantes sobre la independencia y la transparencia en el manejo de recursos públicos en México.
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