Investigación revela desvío de 29 mil millones de pesos en el gasto federal

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hace revelaciones impactantes sobre el “despilfarro” del presupuesto federal

Una investigación exhaustiva realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha revelado cifras alarmantes sobre el manejo irregular del presupuesto federal durante el año 2022. Según los resultados publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 20 de febrero, se identificaron 32,894 millones de pesos (mdp) que fueron utilizados de manera inapropiada, de los cuales 29,765 millones (aproximadamente el 90%) aún no han sido aclarados ni recuperados.

Estas cifras son preocupantes no solo por la magnitud del dinero desviado, sino también por el impacto que podrían tener en la economía y la confianza ciudadana. El monto identificado como irregular equivale a 45 veces el tope máximo de gastos permitidos para una candidata a la presidencia de México durante su campaña electoral, o a 152 veces el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Además, si sumamos los montos de irregularidades detectadas durante todo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra asciende a 242,064 millones de pesos, de los cuales no se tienen pistas sobre su paradero o destino legal. Esto representa una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

La investigación también destaca que estas irregularidades provienen de las más de 2,153 auditorías individuales realizadas por la ASF, que abarcan solo una muestra representativa del gasto público. Esto sugiere que la magnitud real de la corrupción y el mal uso de fondos podría ser aún mayor.

Ante esta situación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hace un llamado a las autoridades correspondientes para que investiguen a fondo estas irregularidades y se tomen medidas contundentes para prevenir futuros casos de corrupción. Asimismo, insta a la sociedad a exigir transparencia y rendición de cuentas a sus gobernantes, pues cada peso mal utilizado representa un golpe a la economía y al bienestar de todos los mexicanos.

La lucha contra la corrupción y la impunidad es un desafío que requiere el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Solo con la colaboración y la acción conjunta podemos garantizar un manejo honesto y eficiente de los recursos públicos, que contribuya al desarrollo y al bienestar de nuestro país.

Hallazgos en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2022

La fiscalización de la Cuenta Pública de 2022 revela una preocupante realidad sobre el manejo de los recursos públicos en México. Durante el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó un total de 2,153 auditorías, que derivaron en distintas acciones para las instituciones fiscalizadas, como recomendaciones, solicitudes de aclaración y denuncias de hechos.

Una de las acciones resultantes de estas auditorías es la emisión de pliegos de observaciones, que señalan problemas que implican un probable daño a la Hacienda Pública Federal. Estos problemas pueden traducirse en desvío de fondos públicos, malversación de recursos o gastos indebidos por parte de las autoridades responsables.

Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema grave en el país. De los más de 31 mil millones de pesos identificados como irregulares durante 2022, apenas 3,129 millones han sido aclarados o recuperados, lo que representa un alarmante 90% del dinero usado de manera irregular que aún sigue impune.

Esta cifra de impunidad es un indicador clave para evaluar el nivel de rendición de cuentas de un gobierno. En el caso del sexenio anterior, el 64% de las irregularidades quedaron impunes, mientras que en el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cifra asciende al 76% en cuatro años.

Al analizar la distribución de las irregularidades por categoría, se destaca que el gasto federalizado es el principal responsable, representando el 77% de las irregularidades pendientes. Este tipo de gasto involucra la transferencia de recursos del Gobierno Federal a los gobiernos estatales y municipales para cumplir con funciones como seguridad, educación y salud.

El análisis por estado revela que entidades como Durango, Baja California Sur y Estado de México encabezan la lista de irregularidades pendientes por aclarar y recuperar. Es importante destacar que, de los cinco estados con mayores montos por aclarar, tres estaban gobernados por el partido Morena en 2022, lo que representa un desafío adicional para la administración actual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha minimizado las irregularidades detectadas por la ASF, negando que constituyan actos de corrupción. Sin embargo, múltiples casos documentados en las auditorías demuestran lo contrario, como la adquisición de medicamentos fantasmas por parte del Instituto de Salud para el Bienestar.

La fiscalización de la Cuenta Pública de 2022 evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en México. La impunidad en el manejo de los recursos públicos socava la confianza ciudadana y obstaculiza el desarrollo del país, por lo que es imperativo que las autoridades tomen medidas efectivas para combatir la corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la sociedad.

Irregularidades en todas las áreas de gobierno

La segunda mitad de los hallazgos en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2022 se centra en las irregularidades detectadas exclusivamente dentro del Gobierno Federal. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) divide al gobierno en tres grandes categorías según la función que realizan las dependencias: desarrollo económico, desarrollo social y gobierno. En conjunto, estas tres categorías suman 6,848 millones de pesos que no han sido aclarados ni recuperados.

El rubro con mayor monto de irregularidades es el de “Desarrollo Económico”, con 3,656.9 millones de pesos por aclarar. Este sector se desglosa en tres áreas principales que concentran la mayoría de las anomalías en el uso de fondos públicos. Las empresas productivas del estado, PEMEX y CFE, lideran este rubro con casi el 45% del monto total de irregularidades, seguidas por el sector de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Por otro lado, la categoría de “Desarrollo Social” presenta irregularidades por un total de 2,705 millones de pesos. Las principales anomalías se encontraron en los sectores de Aportaciones a la Seguridad Social, Educación Pública y Bienestar, afectando programas sociales destinados a la población más vulnerable. Se destacan casos como el programa de Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, donde millones de pesos fueron gastados sin registro alguno de beneficiarios.

Finalmente, el rubro de “Gobierno” presenta 511 millones de pesos en irregularidades, donde destacan sectores como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación y Hacienda y Crédito Público.

En conclusión, esta aproximación a los resultados de la fiscalización de la ASF proporciona una visión clara de los problemas documentados y acreditados por una institución gubernamental. Si bien no se abarcan todos los escándalos de corrupción del sexenio, es fundamental seguir los trabajos de la ASF para identificar esquemas de desvío de recursos y áreas de oportunidad en los mecanismos de control del gasto público.

Un gobierno comprometido con la lucha contra la corrupción no debe minimizar ni pasar por alto estas irregularidades. La cifra alarmante de impunidad en los hallazgos de 2022, que alcanza el 90%, indica que aún queda mucho por hacer para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en el uso de los recursos públicos. Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen medidas contundentes para combatir la corrupción en todas sus formas, pues solo así se podrá avanzar hacia un país más transparente, justo y próspero.