En una investigación exhaustiva dirigida por Regina Diez Gutiérrez para Aristegui Noticias, se revelan los intrincados detalles de un desvío millonario que recae sobre los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), quienes deberán desembolsar la asombrosa cifra de 196,000 millones de pesos. Este descomunal gasto surge como consecuencia de la controvertida decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco (NAIM), provocando una serie de irregularidades y maniobras financieras que podrían tener implicaciones legales.
La cancelación del NAIM, anunciada en 2018 como una de las principales consignas de AMLO, lleva consigo un costo exorbitante. Los usuarios del AICM financiarán directamente, a través de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA), la astronómica suma de 196,000 millones de pesos. Esta cantidad, equivalente a 130 años del presupuesto programado para el AICM en 2024, se distribuye entre los pasajeros y los contribuyentes mexicanos, quienes, mediante impuestos, respaldan los recursos adicionales destinados al aeropuerto Benito Juárez para mantener su operatividad.
La deuda, configurada por un capital de 4,200 millones de dólares más intereses, se traduce en un compromiso financiero que recae directamente sobre los hombros de los pasajeros. Los 196,000 millones de pesos representan una carga colosal que los ciudadanos deberán afrontar durante los próximos 30 años, generando una doble tributación y poniendo en riesgo la seguridad operativa del AICM.
Expertos en derecho aeronáutico, como Rogelio Rodríguez Garduño y Pablo Casas Lías, señalan que el uso de la TUA para fines ajenos al Programa Maestro de Desarrollo del AICM viola la Ley de Aeropuertos y su reglamento. Este desvío administrativo de fondos, firmado a 30 años con los acreedores de deuda del proyecto de Texcoco, compromete la estabilidad del principal aeropuerto de México y América Latina.
Alejo Botello, Subdirector de Finanzas del AICM, ha expresado su preocupación por las condiciones precarias del aeropuerto, subrayando el riesgo de un accidente grave debido a la falta de recursos para el mantenimiento adecuado. Según la ley, la TUA debería garantizar el mantenimiento, modernización e inversión del AICM; sin embargo, su desvío para cubrir la deuda generada por la decisión de cancelar el NAIM obliga al Gobierno a destinar recursos adicionales del Presupuesto Federal para cubrir los déficits del aeropuerto.
La decisión de AMLO de cancelar el NAIM se gestó durante su campaña en 2018, pero cinco años después, los pasajeros del AICM son testigos de las consecuencias económicas de este capricho presidencial. La deuda asociada a la cancelación, originada por una serie de irregularidades y decisiones cuestionables, asciende a 196,000 millones de pesos.
La cancelación se justificó inicialmente con argumentos como “posibles actos de corrupción o daño patrimonial” y las “condiciones físicas y químicas desfavorables para la construcción”. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna denuncia formal en ese sentido. La cancelación del NAIM dio paso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que movilizó solo 2.6 millones de pasajeros en 2023, y al AICM saturado, enfrentando una doble tributación y riesgos operativos.
A pesar de que la orden de cancelar el proyecto provino de AMLO, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no asumió la responsabilidad de absorber la deuda con los tenedores de bonos. Para financiar el NAIM, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) contrató una deuda de 6,000 millones de dólares a través de Nacional Financiera. Al cancelarse el proyecto, se recompraron 1,800 millones de dólares, dejando una deuda pendiente de 4,200 millones más intereses, que ahora recae en los pasajeros del AICM.
El actual director del AICM, Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, confirmó que fue una decisión del Gobierno Federal utilizar la TUA para pagar el NAIM. Esta deuda, inicialmente de 4,200 millones de dólares, se ha visto incrementada con los intereses prometidos a los tenedores de bonos. Entre 2019 y diciembre de 2022, se desviaron al fideicomiso 35,780 millones de pesos de la deuda, dejando un saldo pendiente de 160,570 millones de pesos, que se traduce en los mencionados 196,000 millones de pesos tras sumar los intereses.
El desvío de las TUAs para el pago de los bonos del NAIM, una práctica que data de 2019, se encuentra envuelto en irregularidades y complicidades, según expertos como Pablo Casas Lías. La Tarifa de Uso de Aeropuerto no es un impuesto, sino una tarifa autorizada para financiar los Programas Maestros de Desarrollo (PMD) de los aeropuertos. Su uso para otro fin viola la Ley de Aeropuertos y su reglamento.
Hasta finales de 2023, se estima que se destinaron 47,000 millones de pesos de las TUAs del AICM para pagar la deuda del NAIM, comprometiendo al aeropuerto como único garante del pago de bonos hasta 2048. Este desvío ha dejado al AICM en una situación financiera poco alentadora, sin recursos para el mantenimiento adecuado y generando preocupaciones sobre la seguridad operativa.
El uso de las TUAs para cubrir la deuda generada por el NAIM podría tener implicaciones legales. Expertos en derecho aeronáutico sugieren que esto podría constituir el delito de peculado, según el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La responsabilidad recae en el Consejo de Administración del GACM, encabezado por funcionarios como Gerardo Ferrando Bravo y Javier Jiménez Espriú.
Aunque el GACM sostiene que fue la Secretaría de Hacienda quien comprometió las TUAs del AICM, la realidad es que la deuda se ha convertido en una carga financiera para los usuarios y contribuyentes. Las implicaciones penales podrían recaer en aquellos que participaron en las decisiones que llevaron al uso indebido de las TUAs, poniendo en riesgo la seguridad operativa del aeropuerto.
A cinco años de la cancelación del NAIM, los pasajeros del AICM están pagando un precio desmesurado por el capricho presidencial de López Obrador. La deuda de 196,000 millones de pesos, financiada a través de las TUAs, no solo representa una carga económica para los usuarios del aeropuerto, sino que también compromete la seguridad operativa del AICM.
Las consecuencias legales y financieras de este desvío masivo de fondos están dejando al descubierto las complicaciones y riesgos asociados con las decisiones políticas impulsadas por intereses personales. La pregunta que queda en el aire es si la factura de este capricho deberá seguir siendo pagada por los pasajeros del AICM durante las próximas décadas, con un aeropuerto saturado y en condiciones precarias. La investigación continúa, desentrañando cada vez más las capas de un escándalo financiero que amenaza con cambiar la percepción de la aviación en México.
Leer la investigación completa de Aristegui Noticias “El Gran Capricho de AMLO Parte I”
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