De acuerdo con datos oficiales del SAT (Servicio de Administración Tributaria), Interacción Biomédica es una empresa simuladora de operaciones que, en un periodo de ocho años, obtuvo mil 613 millones de pesos en contratos provenientes del sector salud, lo que la ubica como la empresa fantasma con mayores recursos facturados en esta área, desde 2012 hasta la fecha.
Una investigación de Tojil (asociación civil dedicada al litigio estratégico contra la corrupción y la impunidad y México), denominada “El clan Biomédica Negocios, corrupción y complicidades detrás de la mayor empresa fantasma del sector salud en México”, muestra la conexión de funcionarios públicos con una de las mayores empresas fachada del sector salud, Interacción Biomédica, implicada en un gran entramado de corrupción por posible desvío de recursos.
Esta investigación demuestra que servidores públicos del Instituto Politécnico Nacional así como de la Secretaría de la Defensa Nacional son los principal orquestadores y facilitadores de una red de corrupción del sector salud, prioritario por su relevancia social y económica en México.
En el papel, detrás de Interacción Biomédica se encuentran dos personas: Cecilia Guadalupe Orta Sosa y María Cecilia Guadalupe Parada de Sosa, quienes constituyeron la empresa con un capital social de 22 millones de pesos. En internet no existe registro sobre la actividad empresarial o profesional de las socias. Tampoco existe registro de que alguna de ellas haya cursado estudios profesionales, a pesar de que lograron construir una de las empresas más importantes en una industria tan especializada como el sector salud.
Cecilia y María Cecilia son parte de una familia de 17 personas que comparten los apellidos Orta, Sosa y Parada y que, a su vez, participan en 19 empresas distintas que también han recibido recursos públicos.
Para desviar dichos recursos fue necesaria la colaboración de funcionarios cómplices, quienes evidentemente también obtuvieron ganancias ilícitas. Entre ellos, el más importante es Javier Tapia Santoyo, extesorero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y actual encargado de administrar los recursos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Por sí sola, Interacción Biomédica obtuvo contratos públicos hasta por mil 613 millones de pesos (1,613,538,193) entre 2012 y 2019. De cada 10 pesos que nuestras instituciones de salud pública federales y locales destinaron a compañías fachada en ese periodo, cuatro terminaron en las cuentas de Biomédica.
¿Cómo fue que una empresa fantasma —que en realidad no tiene los recursos humanos ni materiales para prestar ningún servicio o producto— obtuvo miles de millones de pesos en un sector tan delicado como es el sistema de salud pública mexicano?
Primero: con el apoyo de una red de al menos otras 84 compañías, varias de ellas también fantasma, con las que se instrumentaron licitaciones simuladas. De hecho, si se suman los montos de los contratos obtenidos por empresas ligadas a Biomédica, la cantidad se dispara a más de tres mil 300 millones de pesos. Segundo: a través de adjudicaciones directas en las cuales no hubo competencia alguna.
Además, para desviar dichos recursos fue necesaria la colaboración de funcionarios cómplices, quienes evidentemente también obtuvieron ganancias ilícitas. Entre ellos, el más importante es Javier Tapia Santoyo, extesorero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y actual encargado de administrar los recursos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Tapia Santoyo, quien actualmente se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, está estrechamente ligado a Biomédica. Específicamente, Tapia Santoyo aparecía como director general en el sitio web de la empresa; firmó varios contratos con ella mientras fue funcionario del ISSSTE, y es amigo de varios de los apoderados de la compañía.
Adicionalmente, familiares de este servidor público también figuran en diversas compañías que han obtenido contratos millonarios. En algunos casos, estas compañías recibieron recursos directamente de las instituciones en las que Tapia Santoyo trabajaba, mientras que en otros casos los recursos fueron obtenidos a través de procedimientos donde participaron diversas empresas que también pertenecen a la red fraudulenta.
Hasta este momento, tanto Tapia Santoyo como sus familiares han presentado al menos nueve amparos en contra de diversas investigaciones iniciadas en su contra por hechos de corrupción.
Los recursos asignados por Tapia Santoyo se han entregado a cambio de bienes y servicios que, como se documenta en esta investigación, en realidad no se prestaron o se realizaron en condiciones que terminaron por afectar a la población.
Los bienes objeto de los contratos ilícitos van desde insumos básicos, como jeringas y cubrebocas, hasta equipo médico para atender riesgos cardiovasculares, material de osteosíntesis y tratamientos de quimioterapia.
Ahora bien, la red de empresas y personas vinculadas con Interacción Biomédica no solo ha operado en el sector salud. Esta empresa también ha sido contratada por instituciones educativas, empresas productivas del Estado, entre otras instituciones públicas. Existen operaciones que involucran incluso a las Fuerzas Armadas, de las cuales se ha beneficiado la esposa de Tapia Santoyo como resultado de un contrato del que no hay pruebas de que se haya cumplido.
En suma, en números exactos, Interacción Biomédica junto con las otras compañías que se detallan en esta investigación han obtenido tres mil 391 millones, 757 mil 894 pesos de 19 entes públicos. Los accionistas y/o apoderados de esas empresas son servidores públicos, celebridades, prestanombres y ejecutivos de la industria farmacéutica y pornográfica.
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