De acuerdo a autoridades, la apertura de la carpeta no prejuzga los hechos hasta que no se cuenten con elementos que acrediten un delito.
Denuncias ante el Ministerio Público
A partir de la recepción de denuncias en el Ministerio Público de la Federación sobre el caso López Beltrán- Baker Hughes, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción y delitos que resulten relacionados con los contratos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha asignado a la empresa Baker Hughes en el actual sexenio.
El caso, se deriva del arrendamiento de una casa propiedad de uno de los exdirectivos de Baker Hughes y que fue ocupada por José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Carolyn Adams.
Entre las denuncias presentadas, se encuentra la presentada por el Partido Acción Nacional el pasado 3 de febrero.
El caso ha sido turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, que se encuentra elaborando el plan de investigación que se llevará a cabo en este caso y definiendo la información que será solicitada a diversas entidades.
El inicio de la indagatoria es una obligación que debe cumplir el Ministerio Público ante los hechos denunciados, pero que no prejuzga que se hayan cometido. En caso de que se llegaran a encontrar elementos que pudieran acreditar un delito, se presentarían las imputaciones correspondientes ante un juez, en caso contrario, se cerraría la indagatoria.
Oposición, principal parte acusadora
En la denuncia del PAN se solicita a la fiscalía que indague si es que existe un posible conflicto de interés o tráfico de influencias a raíz de las pruebas que un reportaje sobre la vida su Houston, Texas. La ocupación de dos propiedades, ha puesto la lupa ya que una de ellas resultó ser propiedad de Keith Schilling, un exalto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.
En 2019 y 2020, periodo en el que fue ocupada esta propiedad, Baker Hughes recibió 194 millones de dólares, unos 3 mil 900 millones de pesos, de parte de Petróleos Mexicanos. Esta información fue corroborada por el propio director de Pemex, Octavio Romero. Los recursos correspondieron, según el funcionario, a contratos resultado de licitación y a ampliaciones de servicios.
En respuesta a los señalamientos, López Beltrán afirmó que sus ingresos y residencia en Estados Unidos provienen del trabajo que realiza para una empresa denominada KEI Partners, registrada en Houston en 2019 y cuyos socios son Karla Wiedemann, Erika Chávez Cambero e Iván Chávez Saúl.
Sin embargo, en vez de calmar los ánimos, dicha afirmación ha acarreado nuevos cuestionamientos ya que Iván Chávez Saúl es vicepresidente de Grupo Vidanta, empresa cuyo fundador es Daniel Chavez Morán, uno de los asesores del presidente López Obrador, y quien participa de manera “honoraria” en la supervisión de la obra del Tren Maya.
Con información de Animal Político.
