La Fiscalía Anticorrupción ha abierto tres carpetas de investigación sobre denuncias presentadas contra el mandatario estatal.
Buscan someterlo a proceso penal
Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal “A” Anticorrupción, presentó al Congreso Local tres solicitudes de formación de causa contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco para iniciar un juicio de procedencia en su contra y pueda responder por los delitos de ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto carpetas de investigación sobre denuncias presentadas contra el mandatario estatal por parte del abogado Enrique Paredes y Gerardo Becerra Chávez, quien hasta octubre del año pasado se desempeñaba como el “Zar Anticorrupción” de la actual administración y era encargado de investigar al gobernador anterior, Graco Ramírez.
Fraudes y enriquecimiento ilícito
Los delitos imputados se refieren al fraude cometido para que el secretario general de Gobierno estatal sustituyera al gobernador durante su viaje a Brasil. En cuanto al enriquecimiento ilícito, la Comisión Nacional Bancaria encontró inconsistencias financieras entre los ingresos como funcionario público y el patrimonio que posee presentado en sus declaraciones patrimoniales, dinero sobre el que hay indicios, proviene de actividades ilícitas.
El delito de falsificación refiere a la constancia de residencia que utilizó para su candidatura como alcalde a la presidencia municipal de Cuernavaca de 2015 y de acreditación de residencia de 5 años para ser gobernador.
Núñez Urquiza, explicó que para poder presentar al exfutbolista ante un juez de control y responda por los delitos que se le imputan, primero necesitan que el Congreso de Morelos le retire el fuero de que está investido. Declaró que otros funcionarios del gobierno también están involucrados y serán procesados en cuanto se inicie el caso contra Blanco.
Una vez aceptada por el Congreso local, la solicitud deberá ser turnada por el pleno a la Junta Política y de Gobierno para que verifique si cumple con la documentación necesaria, y “si la conducta atribuida corresponde a la prevista por el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos”. Si concuerda con lo establecido, se turna a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que preside el diputado de Morena, Arturo Pérez Flores.
El desafuero implicaría la destitución del gobernador.
Con información de La Razón,
