Periodista revela “modus operandi” de gobiernos de Morena para intervenir comunicaciones privadas. Un esquema propio de “regímenes dictatoriales”
En los últimos años, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dirigida por Ernestina Godoy, ha sido señalada por aplicar un presunto “modus operandi” para realizar intervenciones en comunicaciones privadas de opositores al régimen de la 4T, incluyendo miembros del propio partido oficial, Morena.
Durante el periodo de 2021 a 2023, cuando Claudia Sheinbaum aún ostentaba la Jefatura de Gobierno, la FGJCDMX solicitó la intervención de líneas telefónicas de destacados políticos tanto de la oposición como del oficialismo en la capital del país y su zona metropolitana. La solicitud de acceso a registros telefónicos se basó en una excepción contemplada por la ley, que permite la intervención sin autorización judicial en casos de delitos como el secuestro.
En una entrevista en Voces en Red con el periodista independiente Arturo Ángel, especializado en temas de justicia, transparencia, corrupción y derechos humanos, se revela un complejo entramado llevado a cabo no solo por la FGJCDMX sino también por las Fiscalías de al menos otros dos estados gobernados por Morena (Colima y Michoacán), con el propósito de espiar con fines electorales las comunicaciones privadas de prominentes figuras políticas.
Investigación de The New York Times
El New York Times ha sido uno de los medios que ha investigado y dado cobertura a esta cuestión de gobierno espía, particularmente del uso de Pegasus. Este medio obtuvo información sobre las empresas telefónicas, en particular Telcel, reconociendo que entregaron información de opositores políticos a solicitud de la fiscalía.
El diario estadounidense tuvo acceso a documentos que Telcel entregó a un juez como parte de procesos de amparo. Personas alertadas sobre la solicitud de información tramitaron amparos, y durante este proceso, la fiscalía negó tener investigaciones en contra de estas personas, pero Telcel confirmó haber entregado la información, respaldando así las acusaciones.
La fiscal Ernestina Godoy, en respuesta a las acusaciones del New York Times, negó públicamente la veracidad de los oficios presentados y sugirió que la noticia era falsa. Sin embargo, el medio estadounidense tuvo acceso a oficios presentados por Telcel, indicando que la FGJCDMX había solicitado información de opositores políticos.
Trampas y documentos legales
En este contexto, se revela que la fiscalía utilizó la excepción legal que permite la intervención de comunicaciones sin autorización judicial en casos de secuestro. Esta práctica ha generado críticas y cuestionamientos sobre el uso indebido de esta excepción, especialmente cuando las personas investigadas no están vinculadas a delitos de secuestro.
La ley mexicana establece que, en general, la intervención de comunicaciones requiere la autorización de un juez. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla excepciones para casos de secuestro, donde las fiscalías pueden solicitar directamente a las compañías telefónicas la información requerida. La ley federal de Telecomunicaciones obliga a las compañías a atender estas solicitudes.
Según el vocero corporativo de Telcel, la empresa respondió a las solicitudes de la fiscalía, proporcionando información detallada como llamadas, mensajes, localización y más, durante periodos de hasta un año. La fiscalía, por su parte, niega haber solicitado dicha información, pero los documentos demuestran lo contrario.
Expertos señalan que el proceso de solicitud de intervenciones telefónicas no es sencillo y que solo un reducido grupo de funcionarios tiene la autorización para realizar este tipo de solicitudes. Los oficios presentados ante el juez llevan las firmas de altos funcionarios, como el fiscal anticorrupción y el coordinador general de Investigaciones del Delito de Alto Impacto, lo que sugiere que estas acciones no son resultado de actuaciones individuales, sino que podrían estar respaldadas institucionalmente.
Escándalo en medio de la búsqueda de ratificación de Godoy
A pesar de las acusaciones, la fiscal Ernestina Godoy ha defendido su postura, alegando que las acusaciones son parte de una campaña en su contra para impedir su ratificación. Sin embargo, las pruebas presentadas por medios de comunicación, respaldadas por documentos legales, plantean interrogantes sobre el uso de herramientas legales para prácticas de espionaje político.
Este escándalo ha generado llamados a una investigación independiente para esclarecer el alcance de estas prácticas y determinar si hubo abuso de poder. Además, se sugiere la intervención de instancias como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) y el INE (Instituto Nacional Electoral) para proteger los datos personales y salvaguardar la integridad del proceso democrático.
El hecho de que casos similares se hayan detectado en otros estados gobernados por Morena resalta la necesidad de una investigación a nivel nacional para abordar posibles patrones de conducta dentro del partido en el poder. Este escándalo no solo cuestiona la actuación de la FGJCDMX sino que plantea inquietudes sobre la protección de datos personales, el respeto a la privacidad y la integridad de los procesos democráticos en México.
