Extorsiones y sobornos: Empresas mexicanas víctimas del cobro de “derecho de piso” y corrupción oficial
En las calles de México, una sombra acecha a los comerciantes, especialmente a aquellos que han decidido emprender su negocio. El cobro de “derecho de piso” por parte de la delincuencia organizada se ha convertido en una pesadilla diaria para miles de empresarios. Enfrentados a extorsiones y amenazas, se ven obligados a pagar sumas de dinero para poder operar sin temor a represalias. Así es la realidad cruda y peligrosa que viven estos comerciantes, víctimas de un sistema que los somete a la violencia y el miedo constante.
El cobro de “derecho de piso” se ha convertido en una práctica recurrente en muchas ciudades y localidades de México. Organizaciones criminales exigen pagos mensuales a comercios como una especie de “protección” o garantía de seguridad. Estos pagos oscilan entre 500 y 50 mil pesos, dependiendo del tamaño y la ubicación del negocio. Las consecuencias de negarse a pagar pueden ser graves, desde amenazas y daños materiales hasta ataques directos contra los propietarios o empleados.
A este problema se suma la corrupción oficial, donde funcionarios públicos también aprovechan su posición para extorsionar a las empresas. Se exigen sobornos a cambio de agilizar trámites burocráticos, otorgar permisos o evitar inspecciones y sanciones. Esta connivencia entre la delincuencia organizada y la corrupción en el ámbito gubernamental genera un círculo vicioso de impunidad y debilitamiento del Estado de derecho.
Según la COPARMEX, al menos el 50% de las empresas en México han sido víctimas de algún tipo de delito. Estos ataques no solo afectan la economía de las empresas, sino que también tienen un impacto negativo en la generación de empleo y el crecimiento económico del país. Las pequeñas y medianas empresas suelen ser las más vulnerables, ya que suelen tener menos recursos para enfrentar estas extorsiones y sobornos.
Historias de miedo
En las laberínticas calles de la Ciudad de México, las historias de los comerciantes que luchan contra el cobro de “derecho de piso” se entrelazan. Cada uno de ellos carga con una experiencia de temor y desesperación. Pedro González, dueño de una pequeña tienda de abarrotes en la colonia Juárez, relata cómo un grupo de hombres con aspecto amenazante se presentó en su negocio exigiendo un pago mensual de 5,000 pesos. “Al principio, intenté resistirme, pero luego vi cómo como intentaron incendiar la tienda de enfrente. Me di cuenta de que no tenía opción”, confiesa Pedro, con la mirada cargada de angustia.
La delincuencia organizada ha perfeccionado su método de extorsión. Los comerciantes son vigilados de cerca y reciben visitas intimidantes que los presionan para cumplir con los pagos exigidos. A través de amenazas directas o actos violentos, los delincuentes buscan infundir el miedo en aquellos que se atrevan a negarse. Muchos comerciantes han perdido la batalla y han visto cómo sus negocios eran vandalizados o incluso incendiados. La violencia es una herramienta poderosa que utilizan para mantener el control y garantizar el flujo constante de dinero.
María Torres, propietaria de pequeña una boutique en la zona comercial de Polanco, ha vivido en carne propia las consecuencias de no ceder ante las extorsiones. Después de negarse a pagar el “derecho de piso”, recibió una advertencia clara: “Si no pagas, te irá peor”. A los pocos días, su tienda fue saqueada y destruida. “Es un golpe duro, tanto emocional como económico. Nos sentimos desprotegidos, como si no hubiera justicia en este país”, afirma María, mientras intenta reconstruir su negocio.
La “pesadilla” de las pymes
El panorama para las pequeñas y medianas empresas en México es cada vez más difícil. Además de lidiar con los retos habituales, como el pago de nóminas, renta, insumos, servicios básicos y altas cargas impositivas, ahora se enfrentan a una amenaza creciente: el cobro de “derecho de piso” por parte de organizaciones criminales. Estas extorsiones y sobornos socavan su capacidad para operar de manera segura y rentable, generando un entorno empresarial frágil y peligroso.
Las pequeñas y medianas empresas son el corazón de la economía mexicana, generando 7 de cada diez empleos formales y contribuyendo al desarrollo local. Sin embargo, se encuentran bajo una presión adicional que amenaza su supervivencia. El cobro de “derecho de piso” impuesto por organizaciones criminales impone un costo adicional a estas empresas, que ya operan en un entorno económico desafiante.
Las extorsiones consisten en demandas regulares de pagos a cambio de “protección” contra posibles actos de violencia o sabotaje por parte de los delincuentes. Estas demandas varían en su magnitud. Los empresarios se enfrentan a una elección difícil: pagar y garantizar una relativa tranquilidad o negarse y arriesgar la seguridad de sus empleados y la integridad de su negocio.
Además de las extorsiones, los sobornos también juegan un papel importante en esta dinámica. Los funcionarios públicos corruptos solicitan pagos ilegales a cambio de “facilitar” los trámites administrativos o proporcionar protección contra investigaciones o inspecciones. Estos sobornos añaden una carga financiera adicional a las empresas, erosionando sus ganancias y debilitando su capacidad para invertir y crecer.
El impacto de estas prácticas es devastador. Muchas pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a cerrar debido a las presiones económicas y la violencia asociada con el cobro de “derecho de piso”. Aquellas que deciden resistirse a estas extorsiones a menudo se enfrentan a represalias violentas, como daños a su propiedad o ataques contra sus empleados.
Debilidad del estado
Según el Informe Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2022 se registraron más de 8 mil denuncias por extorsión en México. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que el 53.7% de las empresas en México ha experimentado algún tipo de extorsión o soborno. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 del INEGI, el 83.9% de las empresas que fueron víctimas de extorsión no denunció el delito.
En este sentido Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, expresa: “El cobro de ‘derecho de piso’ es un reflejo de la debilidad del Estado y de la infiltración de la delincuencia en la sociedad. Es necesario fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para brindar protección a los comerciantes y acabar con la impunidad”.
Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, enfatiza: “La lucha contra el cobro de ‘derecho de piso’ requiere una estrategia integral que combine la prevención del delito, la investigación efectiva y la protección a las víctimas. Es fundamental que las autoridades trabajen en conjunto con la sociedad para enfrentar esta problemática”.
Por su parte, Alberto Islas, experto en seguridad y director de Risk Evaluation, destaca: “Para combatir el cobro de ‘derecho de piso’, es necesario implementar medidas de inteligencia y tecnología que permitan identificar y desarticular a las bandas delictivas. Además, se debe promover la cultura de la denuncia y garantizar la protección de los testigos clave”.
Juan Carlos Baker, experto en comercio internacional y ex Subsecretario de Comercio Exterior de México, señala: “El cobro de ‘derecho de piso’ y la corrupción afectan negativamente el ambiente de negocios en México. Estas prácticas generan incertidumbre y desincentivan la inversión, lo cual repercute en la economía y la competitividad del país”.
En su oportunidad Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, destaca: “La corrupción es una plaga que socava la confianza y el Estado de derecho. Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y sanción para erradicar esta práctica y garantizar un entorno seguro y justo para las empresas”.
Marisol Rueda, de la COPARMEX, enfatiza: “Es imprescindible una mayor coordinación entre las autoridades de seguridad y las empresas para combatir el cobro de ‘derecho de piso’. Además, es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y protección a las víctimas para que se sientan seguras al reportar estos delitos”.
El problema ha generado un entorno de violencia y miedo que afecta no solo a los empresarios, sino también a la sociedad en su conjunto. La delincuencia organizada impone su ley, amenazando y extorsionando a aquellos que buscan sobrevivir honestamente.
El cobro de “derecho de piso” y la corrupción oficial representan una grave amenaza para las empresas en México. Estas prácticas extorsivas generan un clima de inseguridad y desconfianza que afecta negativamente a la economía y el desarrollo del país. Es fundamental implementar medidas contundentes para combatir la delincuencia organizada, fortalecer los mecanismos de control y sanción contra la corrupción, y promover una mayor coordinación entre las autoridades y el sector empresarial. Solo así se podrá garantizar un entorno seguro y propicio para el crecimiento económico y la generación de empleo en México.
Cómo denunciar
Si viviste una extorsión telefónica, puedes denunciar de forma anónima marcando al 089, el cual tiene un servicio a nivel nacional, las 24 horas del día y los 365 días del año. Solamente debes proporcionar el número del que te marcaron y la cuenta bancaria que te dieron (si fue el caso) para realizar un depósito.
En caso de que sea otro tipo de extorsión, puedes acudir a la agencia del ministerio público, vía presencial, electrónica o telefónica. Ubica a través de la plataforma denuncia.com la agencia del ministerio público más cercana a ti.
Como ciudadano, es importante tomar medidas para denunciar extorsiones y sobornos, contribuyendo así a combatir la corrupción y el crimen organizado. Aquí te presento algunas pautas sobre cómo y dónde realizar una denuncia:
- Acude a las autoridades: En primer lugar, es fundamental reportar el delito a las autoridades competentes. Dirígete a la fiscalía o procuraduría estatal o federal encargada de investigar delitos como extorsión y corrupción. Puedes presentar una denuncia formal y proporcionar todos los detalles relevantes, como nombres, ubicaciones, fechas y cualquier evidencia que tengas en tu poder.
- Líneas telefónicas de denuncia: Muchas instituciones y dependencias gubernamentales cuentan con líneas telefónicas específicas para recibir denuncias de extorsiones y sobornos. Estas líneas suelen ser confidenciales y están diseñadas para recibir información sobre actividades delictivas. Investiga cuáles son las líneas de denuncia disponibles en tu localidad y utilízalas para informar sobre las extorsiones o sobornos que hayas presenciado o experimentado.
- Plataformas en línea: Algunas instituciones y organizaciones ofrecen plataformas en línea donde se pueden realizar denuncias de manera anónima. Estas herramientas permiten a los ciudadanos compartir información sobre actos de corrupción y crimen organizado de forma segura. Investiga si existe alguna plataforma en tu país o región donde puedas presentar una denuncia en línea.
- Programas de protección de testigos: Si te sientes amenazado o temes represalias al denunciar extorsiones o sobornos, es importante conocer los programas de protección de testigos disponibles en tu país. Estos programas ofrecen medidas de seguridad para aquellos que brindan información sobre delitos graves. Consulta con las autoridades competentes o con organizaciones especializadas en seguridad y derechos humanos para obtener información sobre los programas de protección de testigos en tu localidad.
- Organizaciones de la sociedad civil: Además de las instituciones gubernamentales, existen organizaciones de la sociedad civil que se dedican a combatir la corrupción y el crimen organizado. Estas organizaciones pueden brindar asesoramiento y apoyo en la presentación de denuncias, así como canalizar la información a las autoridades correspondientes. Investiga si hay alguna organización en tu país que se dedique a esta labor y comunícate con ellos para recibir orientación sobre cómo proceder.
Recuerda que es importante recopilar la mayor cantidad de información y evidencia posible antes de presentar una denuncia. Esto incluye fechas, nombres, lugares, testimonios, documentos o cualquier otro elemento que respalde tu caso. La denuncia de estos delitos contribuye a fortalecer el estado de derecho y a proteger los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos.
