Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, una organización dedicada a la vigilancia de la administración pública en México, ha presentado su más reciente investigación, la cual pone de manifiesto una serie de preocupantes hallazgos en relación con las compras públicas realizadas por el gobierno federal durante el tercer trimestre de 2023. La investigación, que abarca un amplio espectro de irregularidades, desvela una problemática persistente de transparencia y violaciones a la ley en el manejo de recursos públicos.
La Administración Pública Federal, al cierre del tercer trimestre de 2023, ha llevado a cabo un total de 107,205 contratos con un valor de 477 mil millones de pesos. Estas cifras, por sí solas, arrojan una importante magnitud en el uso de recursos públicos. Sin embargo, lo que causa alarma es la persistente falta de transparencia y la recurrente violación de la normativa en la ejecución de estas contrataciones.
Una de las revelaciones más destacadas de esta investigación es el cambio en la operación de la plataforma CompraNet, que volvió a ser responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, después de haber sido transferida a la Secretaría de Hacienda al inicio del sexenio. A pesar de esta modificación, la investigación demuestra que siguen existiendo irregularidades en cuanto a transparencia e imparcialidad en la autoridad encargada de investigar y sancionar contrataciones públicas.
La falta de transparencia persiste de manera alarmante, y durante el año 2023, 129 mil millones de pesos se clasificaron de manera incorrecta en la plataforma CompraNet, lo que dificulta el acceso a la información y socava la rendición de cuentas.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la imposibilidad de acceder a los documentos de 531 contratos que suman más de 1,600 millones de pesos, afectando a instituciones clave como BIRMEX, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Hospital General Federico Gómez. Esto, sin duda, representa un grave obstáculo para la fiscalización y supervisión de los recursos públicos.
La investigación también resalta que, por cada 10 contratos realizados, 7 se llevan a cabo mediante adjudicación directa. Si bien se ha observado una mejora en el uso de licitaciones públicas, se encontraron 72 instituciones que no han gastado ni el 5% de su presupuesto para contratos mediante licitación pública. Esto es especialmente notorio en la Secretaría de Marina, que desde 2019 ha evitado realizar contratos por licitación pública, a pesar de que el 60% de sus contratos están relacionados con obras públicas.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) ha llamado la atención al destinar más del 70% de su gasto en 2023 a dos contratos del Tren Maya que han estado marcados por sobreprecios y mala planificación. La Auditoría Superior de la Federación revela que FONATUR tiene pendiente aclarar más de 1,500 millones de pesos relacionados con las obras del Tren Maya.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en los primeros nueve meses de 2023 pone de manifiesto la persistencia de prácticas irregulares en las compras públicas del gobierno federal. Además, señala que no se ha implementado una estrategia efectiva para combatir estas prácticas y promover la transparencia.
Las dificultades en el acceso a la información y la falta de transparencia se han convertido en un problema constante, socavando la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos. La irregularidad en la captura de información en la plataforma CompraNet ha llevado a una clasificación equivocada de al menos 129 mil millones de pesos correspondientes a 1,482 contratos.
La situación es aún más preocupante cuando se observa la proporción de contratos realizados por adjudicación directa en comparación con las licitaciones públicas, donde la primera supera de manera abrumadora a la segunda. A pesar de una reducción del 6% en las adjudicaciones directas con respecto a 2022, esta práctica sigue prevaleciendo en las compras públicas.
En conclusión, la falta de transparencia y las dificultades para el acceso a la información siguen siendo un problema persistente en las compras públicas del gobierno federal. Los hallazgos de esta investigación subrayan la necesidad urgente de abordar estas cuestiones y de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización para garantizar un uso responsable y transparente de los recursos públicos en México.
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