Karla Quintana Osuna, quien fungió como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, reveló hoy que su dimisión en agosto de 2023 se debió a la intención del gobierno federal de reducir las cifras de desaparecidos en México a través de la actualización del registro de personas desaparecidas, en lugar de abordar efectivamente el problema.
Durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, Quintana expresó su desacuerdo con la incursión de la Secretaría del Bienestar en la actualización del censo de desaparecidos. La exfuncionaria señaló que uno de los puntos de desacuerdo con el gobierno federal fue la iniciativa de la Secretaría del Bienestar de llevar a cabo visitas “casa por casa” a los familiares de personas desaparecidas.
Quintana destacó que este trabajo, realizado por los llamados “servidores de la nación”, carecía de regulación y supervisión por parte de expertos en búsqueda de personas desaparecidas. Afirmó que esta tarea debería ser liderada por las comisiones de búsqueda y las fiscalías, las cuales están especializadas en estos procesos y cuentan con la experiencia necesaria.
La exfuncionaria también cuestionó el tratamiento de los datos recopilados por la Secretaría del Bienestar. Advierte que llevar a cabo un censo sin el debido tratamiento puede derivar en la revictimización de las personas afectadas y en la falta de una investigación adecuada en casos de homonimias.
Karla Quintana subrayó que su dimisión no solo se debió a cuestiones de forma, sino también a discrepancias fundamentales en cuanto a la verdadera intención detrás de la actualización del registro nacional. Alegó que el propósito real de esta acción era mejorar la imagen del gobierno al reducir la cifra de personas desaparecidas, especialmente durante el actual gobierno. También señaló que esta intención estaba dirigida a los gobiernos estatales bajo el mismo partido en el poder.
Estas revelaciones de Karla Quintana plantean preguntas importantes sobre la gestión de la desaparición forzada y la búsqueda de personas desaparecidas en México. La preocupación radica en la posibilidad de que el enfoque gubernamental esté enfocado en la estadística y la percepción pública en lugar de abordar de manera efectiva y humanitaria la crisis de desapariciones en el país.
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