La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que la dependencia a su cargo “determinó sancionar con inhabilitación de 20 años a cuatro exservidores públicos de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) por causar un daño al erario superior a los 26.5 millones de pesos (mdp), tras haber suscrito y pagado indebidamente dos contratos para el desarrollo de un evento internacional de astronáutica en 2016”.
Según la funcionaria, la acción se llevó a cabo para “cerrar el espacio a posibles actos de corrupción y a la ineficiencia gubernamental, y así recuperar la confianza de la ciudadanía”.
Sandoval Ballesteros señaló que “tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, en el que en todo momento se respetó el derecho de defensa de los involucrados, el Órgano Interno de Control (OIC) en la AEM determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un exdirector general, además de multa resarcitoria por 3 millones 807 mil 782 pesos”.
Asimismo, añadió que “al excoordinador general de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial y al exdirector de Financiamiento se les impuso una multa de 3 millones 807 mil 782 pesos a cada uno, mientras que al excoordinador de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial se le aplicó una multa por 15 millones 113 mil 271 pesos.
A estos tres exfuncionarios se les inhabilitó también por 20 años para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público”, aseveró la secretaria Sandoval Ballesteros.
De acuerdo con una auditoría realizada por el OIC en la AEM, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, la agencia, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento.
En un primer contrato firmado con un proveedor se contemplaba el arrendamiento del espacio para el evento, detalló la secretaria Sandoval Ballesteros, pero posteriormente la Agencia Espacial Mexicana, de forma indebida, contrató a otra empresa por tal servicio, lo que generó un daño al erario por 11 millones 423 mil 346 pesos.
A raíz de las acciones de la Función Pública a través del OIC, el organismo inició un juicio en contra de la empresa con la que firmó el primer contrato para exigir la reintegración del pago realizado.
Por otra parte, en el procedimiento sancionatorio también se determinó que en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad, lo que también ocasionó un daño al erario por 15 millones 113 mil 271 pesos.
