Se trata de al menos 13.6 millones de pesos que el gobierno no ha aclarado en obras de infraestructura
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado un total de 13.6 millones de pesos que requieren aclaración en diversas obras de infraestructura, según se detalla en su tercer informe de la Cuenta Pública 2022 presentado ante la Cámara de Diputados.
De este monto, 6.5 millones de pesos están relacionados con obras llevadas a cabo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras que los restantes 7.1 millones de pesos corresponden a irregularidades encontradas en la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA.
En el caso específico de las obras en el Aeropuerto, la ASF ha señalado diversas inconsistencias. Por ejemplo, en la construcción de la Terminal de Pasajeros en Santa Lucía, Estado de México, no se especificó el monto de obra pagado bajo la figura legal de “Dación en pago” en el finiquito de los trabajos del frente 7. Además, se encontraron errores aritméticos en las estimaciones de dicho finiquito.
Además, se detectó la falta de aplicación de penalizaciones por el incumplimiento del programa de entrega de bienes, lo que representó una pérdida de 810 mil pesos. También se observaron pagos en exceso por un total de 5.7 millones de pesos, debido a la falta de justificación en el uso de pintura intumescente adquirida para la estructura de la Terminal de Pasajeros.
En cuanto al estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, se encontraron deficiencias en la formalización de 18 contratos de adquisiciones y servicios debido a la falta de establecimiento de datos relativos a la autorización presupuestaria.
Por otro lado, en la auditoría realizada a la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA, se detectaron irregularidades financieras por un total de 7.1 millones de pesos. Entre estas irregularidades se incluyen la falta de ajustes al contrato de construcción de muro contención perimetral al patio, así como la ausencia de verificación de la entrega física del sitio de la obra en el momento adecuado.
Asimismo, se encontró que en 16 conceptos de servicios no se señaló la plantilla de trabajo empleada, lo cual debía contar con el visto bueno de la residencia de obra, lo que no permitió acreditar la participación de todo el personal considerado en la matriz de los precios unitarios.
Estas irregularidades ponen de manifiesto la necesidad de una revisión minuciosa por parte de las autoridades correspondientes para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en proyectos de infraestructura de gran envergadura como los mencionados.
