El exgobernador Javier Duarte cumplió ya la mitad de su sentencia y podría pasar el resto de su condena en libertad condicional, ya sea con un brazalete electrónico en CDMX o en prisión domiciliaria.
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz acusado de desvío de recursos a través de empresas fantasmas, cumplió cuatro años y medio de un total de nueve años de condena (desde su captura el 15 de abril de 2017 en Guatemala), por lo que podría solicitar en unos días su libertad condicional. En caso de aprobarse, el exfuncionario, a quien se le comprobaron los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, podría pasar el resto de su condena en reclusión domiciliaria o portando un brazalete en la Ciudad de México.
De acuerdo con los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando una persona haya cumplido la mitad de su sentencia puede solicitar a un juez su “libertad condicionada”, un beneficio mediante el cual cumpliría el resto de su sentencia fuera de la prisión, ya sea con monitoreo electrónico o sin este. Para ello, la persona en reclusión deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) cumplir la mitad de su sentencia, 2) no tener más condenas vigentes, 3) no representar un riesgo razonable para las víctimas, 4) tener buena conducta durante su internamiento, 5) cumplir satisfactoriamente con un plan de actividades, 6) cubrir el pago de la multa o la reparación de daño y 7) no estar sujeto a proceso por algún otro delito que amerite prisión preventiva oficiosa.
Según información publicada por Animal Político, la defensa de Javier Duarte ya analiza el presentar la solicitud de libertad condicional, pues se cumplen todos los requisitos establecidos por la ley en su caso y no debería haber problema para que le sea concedida. En este sentido, declararon que esperan que las autoridades correspondientes valoren únicamente las consideraciones jurídicas y no las políticas.
“Se cumple con todos los requisitos que exige la ley para acceder al beneficio preliberacional y esperamos que no se busquen politizar cuestiones que deben de ser estrictamente jurídicas y así respetar el Estado de Derecho”, argumentó la defensa.
Pese a ello, la organización TOJIL, la cual ha denunciado irregularidades en el proceso del exgobernador, señala que su liberación es improcedente, puesto que aún hay otros procesos en su contra sin resolver. Cabe recordar que Duarte tiene abierto otro proceso en su contra por corrupción a nivel local y una orden de aprehensión por desaparición forzada, aunque esta última no se ha podido cumplimentar, ya que no formó parte de los delitos por los que se solicitó su extradición.
No obstante, Estefanía Medina, cofundadora de TOJIL, “advirtió que la posibilidad de que el exgobernador deje la cárcel es resultado de los malos manejos que se dio a la investigación que se llevó en su contra por parte de la entonces PGR. No obstante, y a diferencia de la defensa, consideró que hay elementos que podrían impedir que se le conceda este beneficio”, informó Animal Político.
Con información de Animal Político
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