Prácticas como retención de documentos, salarios y hacinamiento tienen a los jornaleros en condiciones que violan sus derechos humanos.
Les retienen sueldos por una semana
Abelina Ramírez, dirigente del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), denunció que las y los jornaleros que llegan a Baja California para trabajar en las cosechas son víctimas de violaciones a sus derechos laborales y humanos.
Entre las prácticas que consideran “esclavitud moderna” están la retención de salarios hasta por una semana como garantía y documentos personales como la credencial de identificación del Instituto Nacional Electoral (INE).
Además de los bajos salarios (pago promedio de mil 500 a la semana), al llegar a los campos de cultivo son separados por mujeres y hombres, y sometidos a condiciones de hacinamiento en espacios que comparten hasta con 10 personas donde duermen de dos individuos por colchoneta.
Son sujetos a privación de la libertad ya que tienen prohibido salir de las instalaciones fuera de horarios establecidos, regularmente laborales.
Valle de San Quintín, con mayores reportes
Ramírez refirió varios testimonios del rancho Santa Mónica, ubicado en el Valle de San Quintín, aunque asegura que es una práctica común en otros lugares y lamentó que trabajadores de los campos de la región padezcan esta situación “deprimente” sobre todo en Santa Mónica, empresa propiedad de Julio Meza que vende sus productos al consorcio estadunidense A&W.
Igualmente denunció que funcionarios estatales y federales regalen productos a jornaleros para mantener cualquier inconformidad a raya, por lo que advirtió que trabaja en la integración de un expediente que dé cuenta de estas irregularidades para exigir acciones contundentes contra dichas violaciones y se sancione a los patrones.
Lorenzo Rodríguez, secretario de SINDJA, mencionó que este tipo de abusos son frecuentes entre los rancheros que contratan mano de obra de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Por su parte, Alejandro Arregui, secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal, reconoció la persistencia de violaciones a los derechos humanos de jornaleras y jornaleros, aunque dijo que “hay avances importantes como la eliminación del trabajo infantil”.
Indicó que, al recibir denuncias y quejas, la dependencia solicita toda la información, lo que hace más complejas e intensas las inspecciones en los centros de trabajo ya que durante el proceso de recabar pruebas las empresas solicitan la ampliación del término legal.
San Quintín es “muy compleja y multifactorial y requiere soluciones de fondo de gobiernos, empresarios, organizaciones y comunidades”.
Alejandro Arregui, secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California.
Bonanza solo para productores, no para pobladores ni jornaleros
El Valle de San Quintín es el segundo productor de moras y frutos rojos de México, el 90% de su producción se exporta a Estados Unidos. Concentra más de la mitad del valor agrícola con 390 mil toneladas cosechadas en 11 mil 390 hectáreas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Esta riqueza, sin embargo, se concentra solo en las familias productoras y elites del ramo ya que el municipio, constituido apenas en 2020, se compone de población mayoritariamente indígena que carece de servicios de agua potable, por ejemplo, y, en general, viven en un rezago social profundo.
El estudio Crecimiento Agrícola y Condiciones de Trabajo en el Valle de San Quintín, de Agustín Escobar, Elisa Alejandra Martínez y Diana Haidé López, calcula que en San Quintín laboran más de 40 mil jornaleras y jornaleros; 15 % de ellos habla su lengua materna y prevalece el pago desigual a mujeres y hombres por el mismo trabajo.
Con información de La Jornada.
