Juan Ramón Collado Mocelo, quien cumple su condena en el Reclusorio Norte, habría enviado 45.9 millones de dólares a la controvertida Banca Privada d’Andorra (BPA) a través de una red de 14 sociedades de papel utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en dicho paraíso fiscal, donde el secreto bancario es una oportunidad para manipular recursos ilícitos.
Según una investigación del diario El País, el conocido abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, de Carlos Romero Deschamps, de la familia Salinas de Gortari e implicado en el caso de fraude en Caja Libertad, las operaciones de lavado de dinero de Collado “arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana” —las casas de cambios Tiber, ByB y Eurofimex, así como la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont—, que después transfería el recurso a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad de papel; dos de éstas recibieron, además, contratos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl mientras Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Asimismo, El País explica que un miembro de la Fiscalía General de la República, Alberto Alcántara Martínez, hoy cesado, habría apoyado a Collado en tres “viajes inusuales” a España que ya se están investigando.
Según el texto firmado por José María Irujo, la FGR investiga supuestas irregularidades de funcionarios de esa institución que durante el mandato de Peña Nieto (2012-2018) facilitó información falsa a las autoridades de Andorra para que archivaran el caso contra Collado. Por ende, se investigan las visitas de Alcántara a España y al Principado de Andorra, un diminuto país de 75 mil habitantes entre España y Francia blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
Alcántara se reunió en esos “inusuales “ viajes con el fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, y con las jueces Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, que instruían la causa de Collado por blanqueo, según confirmaron a El País dos fuentes de la investigación.
Los recursos interpuestos por Alcántara apoyaron a paralizar la investigación de Collado y otros protegidos de Peña Nieto con fondos millonarios ocultos en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Sus recursos estratégicos forzaron el archivo de la causa andorrana contra Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y poderoso mandatario del PRI. Del Mazo ocultó 2012, cuando era alcalde de Huixquilucan, 1,5 millones en la BPA, según reveló El País.
La BPA fue cerrada en 2015 por las autoridades andorranas por corrupción. La entidad aceptó como clientes a políticos del PRI; a la trama de exministros de Hugo Chávez (1999-2013) que saqueó 2.000 millones de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA); y a altos funcionarios de Perú, Panamá, Colombia y Ecuador que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de obras. Las mafias china y rusa también recurrieron a esta institución financiera.
Seis días antes de su detención en México por presunto blanqueo de capitales, Collado transfirió 11,6 millones de dólares (10,5 millones de euros) desde Andorra a una cuenta en el BBVA en Madrid. El destinatario del dinero sigue siendo un misterio.
Juan Collado fue detenido el 9 de junio de 2019 luego de que el empresario Hugo Bustamante denunciara a José Antonio Rico Rico, al propio Juan Ramón Collado Mocelo, a José Antonio Vargas Hernández, a Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y a Tanía Patricia García Ortega, por un fraude que involucra una plaza comercial en Querétaro con valor de 700 millones de pesos, esta historia ha mantenido en vilo a la política mexicana, pues a la menor provocación salen nombres de exfuncionarios del gobierno mexicano y empresarios que podrían ser buscados por la justicia.
Collado ha dado servicio de abogacía a diferentes personajes de la política mexicana, como los hermanos Raúl y Carlos Salinas de Gortari; el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, e incluso ha sido vinculado, al expresidente Enrique Peña Nieto y al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, estos últimos también vinculados al caso de Libertad Servicios Financieros.
Luego de estas denuncias, las autoridades mexicanas y andorranas describieron los millones de pesos que el abogado habría ocultado el país europeo, como ya se ha dado cuenta a través de diversas investigaciones judiciales y periodísticas.
