La conductora Inés Gómez Mont asegura que hay órdenes de aprehensión contra ella y su esposo. Reiteró que es inocente y que son víctimas de una “persecución de mala fe” y “una injusticia”.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la conductora Inés Gómez Mont confirmó que ya hay órdenes de aprehensión contra de ella y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los delitos fiscales que se le imputan y que derivaron en el desvío de 3 mil millones de pesos. Asimismo, negó ser responsable de los cargos, los cuales señaló como “absolutamente falsos” y que la colocan de manera injustificada “en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista”.
“Tengo además temor fundado de que derivado de este comunicado las autoridades a cargo de mi caso se ensañen aún más en contra mía, ya que he sido advertida de más casos fabricados en mi contra. Pero ya no puedo guardar silencio. Por el contrario, seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme y siempre compartirles con honestidad los detalles de mi caso”.
Gómez Mont señaló que las órdenes de arresto en su contra fueron solicitadas, a pesar de que ya habían llegado a acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). “Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, señaló.
Por ello, aseguró que se trata de acusaciones “de mala fe” contra ella y su esposo, pues incluso el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, inició el procedimiento penal en su contra, aunque “no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra”.
“El Juez Zeferín Hernández, quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad”.
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