Julio Scherer se benefició de acuerdos con empresas

El exconsejero jurídico de presidencia utilizó sus influencias en el gobierno para beneficiarse y cobrar a través de servicios jurídicos.

Vínculos con Aleática

El abogado Paulo Díez Gargari interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por encabezar una red de corrupción y extorsión conformada por una serie de despachos de abogados que obtenían contratos multimillonarios gracias a la influencia de Scherer como funcionario federal.

Aprovechándose de la importancia de su cargo público, así como la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, Scherer Ibarra pudo frenar una investigación sobre la explotación ilegal de la empresa Aleática a la concesión del Viaducto Bicentenario. Con ello, consiguió que el despacho de su hermano Pedro prestara servicios a dicha empresa.

Entre los abogados señalados de formar parte de esta red se encuentran Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Alonso Rivera Gaxiola. Igualmente suenan los nombres de Ancira, Collado, Aleática, Zebadúa, Cruz Azul, Gómez-Mont, entre otros.

Por ese motivo, explicó, interpuso una denuncia ante acusándolo de tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, y delitos contra la administración de la justicia.

Esquema de familiares y funcionarios

Díez presentó un diagrama que, según su versión, muestra la serie de despachos de familiares y personajes cercanos que operaron el esquema ilegal, teniendo como centro los casos Alonso Ancira, Juan Collado, Auditorías Sofom, Aleática, Emilio Zebadúa, Cruz Azul, Javier Duarte, Gómez-Mont, entre otros.

Díez Gargari informó que presentó un borrador de controversia constitucional a la Consejería Jurídica de la Presidencia con la solicitud de presentarla ante el máximo tribunal. De acuerdo al abogado, aunque la Consejería le respondió que se estaba atendiendo el asunto, la controversia no fue presentada.

“Esta es una omisión muy grave, ya que él era el responsable de representar al presidente de la República en todas esas controversias constitucionales, y se abstuvo de hacerlo, de ejercer una facultad exclusiva que él tiene, con lo cual permitió que estos señores sigan indebidamente explotando ilegalmente el Viaducto Bicentenario. […] Estos actos u omisiones de Julio Scherer impidieron que una carpeta de investigación que estaba a punto de judicializarse hace dos años en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR se detuviera, con base en este famoso convenio de colaboración con el gobierno del Estado de México.”

Agregó que el presidente de la República le ordenó a Julio Scherer una auditoría de los fideicomisos públicos, entre los que está el Fonadin, ya que para AMLO empresas como Aleática se han beneficiado a costa de recursos públicos sin realizar ningún tipo de inversión.

Al tener conocimiento sobre la auditoría, Díez envió a la Consejería Jurídica evidencia de cómo Aleática había obtenido, a partir de información falsa presentada al Fonadin, un crédito de mil 500 millones de pesos en 2010 del que, hasta la fecha, no se ha pagado ni un peso de capital ni de intereses, por lo que el saldo actual de ese crédito acumula un monto superior a los 3 mil 500 millones de pesos.

Riviera Gaxiola acusó a Díez de extorsión

Rivera Gaxiola acusó a Díez, a través de una carta enviada a la periodista Carmen Aristegui, de solicitarle 125 millones de dólares a cambio de no realizar “cosas que haría contra diversas personas”. No obstante, Díez aseguró que nunca pidió el dinero y confirmó que la reunión sí ocurrió, pero que fue a solicitud de ellos y que nunca llegó a nada.

Aclaró que accedió reunirse, siempre y cuando estuviera presente Julio Scherer. La reunión tuvo lugar el año pasado en un hotel cerca de Los Pinos, pero que no se resolvieron las inconformidades sobre la situación de Aleática que en ese momento reclamaba al consejero jurídico de la Presidencia.

FGR acusa a 4 abogados cercanos a Scherer de lavado de dinero y extorsión

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante un juez a cuatro socios de un despacho de abogados a cargo de los casos de corrupción más importantes en el actual sexenio: Agronitrogenados, OHL y la Estafa Maestra, de haberse coludido para extorsionar a potenciales clientes aprovechando la supuesta cercanía y complicidad que tenían con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.

La Fiscalía encontró elementos suficientes para acusar a los cuatro abogados pertenecientes al despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” de ser presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y extorsión.

La indagatoria, asentada en la carpeta de investigación FGR/FEECOC/UEIDCSPCAJ/SP/036/2021, se inició a partir de una denuncia que presentó el hermano del abogado Juan Collado, en la que señaló que los litigantes les exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de negociar un supuesto criterio de oportunidad que le permitiría a Collado salir en libertad.

La agente del Ministerio Público reportó al juez evidencia de extorsión y de pagos realizados pagos que fueron triangulados a través de prestanombres en operaciones de lavado. Tras revisar la información, el juez aceptó el caso que quedó asentado en la causa penal 550/2021.

Junto con Juan Araujo, la FGR también acusó a los abogados Cesar Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez. Todos ellos han sido citados a comparecer a una audiencia inicial programada para el próximo 28 de febrero ante el juez José Rivas González. Debido a las condiciones sanitarias la audiencia se realizará por videoconferencia.

Con información de Aristegui Noticias, Animal Político.