Según la información filtrada por el grupo de hackers Guacamaya, existe una “Operación limpieza” en Sedena, en la que altos mandos militares buscan exculpar a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa.
Luis Crescencio Sandoval abogó por el capitán José Martínez Crespo
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a múltiples comunicaciones internas que fueron hackeadas de los servidores de la Sedena por el Colectivo Guacamaya, en las cuales se revela que, desde 2014, altos mandos militares han maniobrado para deslindar al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo que se ha interferido en el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Entre la información dada conocer por MCCI, destaca una carta con fecha del 18 de enero en la que el titular de Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, se dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador para abogar por el capitán José Martínez Crespo, uno de los mandos del 27 Batallón de Infantería, líder del grupo de reacción especial que patrulló la ciudad de Iguala tras la desaparición de los estudiantes, quien en 2020 se convirtió en el primer militar que fue a prisión por el caso.
“[El capitán José Martínez Crespo] negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes, reconoce que en su trayecto hacia el hospital privado ‘Cristina’, observó que al costado de unos autobuses se encontraban autoridades locales fijando el lugar en donde yacían dos cuerpos, continuando su movimiento hacia el nosocomio, donde tenía conocimiento que al parecer había personas armadas”, se lee en la misiva del titular de Sedena.
En contraposición a los mensajes de WhatsApp que se filtraron recientemente del Informe de la Comisión para la Verdad, donde alguien que se denomina “el capitán Crespo” supuestamente escribe “ai dos pendejos estudiantes tirados aquí… ai los voy a dejar que se mueran”, la carta de Sandoval señala que la acusación contra Martínez se basa únicamente en el testimonio de un testigo protegido y en una narcomanta, y revela que el presidente López Obrador “ordenó a altos mandos castrenses entrevistarse con el capitán en la prisión militar de Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, donde se encuentra recluido”, señala MCCI.
“El Capitán Martínez Crespo se autodefine como un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación
Luis Crescencio Sandoval alega que el militar tenía una capacidad económica limitada, pese a que MCCI tuvo acceso a una ficha de identificación realizada por Sedena, la cual contiene un perfil económico del capitán Martínez Crespo y lo vincula a propiedades en cinco domicilios de Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Victoria, Ocosingo y Pánuco.
Los documentos desvelan también que Sandoval se reunió el pasado 18 de agosto de 2022 (día en que se publicó el informe de la Comisión para la Verdad) con Julio Scherer Ibarra, exconsejero de López Obrador y socio de dos abogados defensores de cuatro de los militares implicados en el caso Ayotzinapa. Ambos volverían a reunirse en el campo militar No. 1 algunos días después.
Piden defender la “verdad histórica”
Las filtraciones también dejaron al descubierto que desde mayo de 2015 el general de División Humberto A. Guillermo Aguilar, exjefe del Estado Mayor, envió al Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, por correo electrónico la recomendación de deslindar al Ejército “de cualquier participación en los hechos, criminalizar a los estudiantes y desacreditar a sus padres, defender la ‘verdad histórica’ a como diera lugar y la salida del grupo de expertos del GIEI, entre otros puntos”, señala MCCI.
Posteriormente, 26 de julio de 2015, Aguilar pidió enfatizar que el Ejército no había participado, luego de que la ante la CNDH señalara que la investigación sobre el caso Ayotzinapa estaba incompleta y no debía darse por concluida, pese a la publicación de la “verdad histórica”.
“El caso Ayotzinapa es el que más se ha politizado y en el que se pretende involucrar a nuestra Secretaría, cuando en realidad no tuvimos una participación directa en la desaparición de los normalistas”, escribió.
Con información de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
