En el quinto año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el escrutinio sobre el manejo de los recursos públicos ha alcanzado nuevas dimensiones. Un reciente informe presentado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, bajo el proyecto de Nuestro Dinero, ofrece una visión crítica y detallada sobre los contratos gubernamentales durante el año 2023 en México.
Bajo el título “Austeridad en la Transparencia y la Licencia para no Licitar”, se revela un panorama preocupante que abarca desde la asignación de contratos por adjudicación directa hasta cambios legislativos que aumentan los límites para evitar licitaciones públicas. Esta exhaustiva revisión aborda múltiples aspectos, evidenciando no solo la falta de transparencia sino también preocupantes lagunas en la rendición de cuentas.
Uno de los puntos más destacados del informe es la persistencia de la adjudicación directa en el otorgamiento de contratos, alcanzando un alarmante 80% durante el año 2023. Esta práctica, que ha sido una constante a lo largo de la administración actual y de gobiernos anteriores, plantea serias interrogantes sobre la falta de competencia y la potencial opacidad en la asignación de recursos. Instituciones como el IMSS, ISSSTE y DICONSA encabezaron la lista en cuanto a montos asignados por adjudicación directa, sumando 97, 33 y 13 mil millones de pesos, respectivamente. Este monopolio en la asignación de recursos públicos a través de esta modalidad plantea inquietudes sobre la equidad en la participación de proveedores y la eficiencia en la gestión de los recursos.
Una revelación impactante del informe es el aumento sustancial de los límites legales de montos para excepcionar licitaciones públicas. Este incremento, que alcanzó el 153%, permite la entrega de contratos cada vez más grandes por adjudicación directa o invitación restringida. La pregunta inmediata que surge es si este cambio busca facilitar la gestión eficiente de los recursos o si, por el contrario, se trata de una estrategia para eludir la competencia y favorecer a ciertos proveedores. Este hallazgo plantea la necesidad de una revisión más profunda de las motivaciones detrás de esta modificación legal y su impacto en la transparencia y la equidad en la asignación de contratos.
El informe destaca que durante el año 2023, 1 de cada 4 pesos gastados en contratos estaba mal clasificado en la plataforma CompraNet. Esta falta de coherencia en la clasificación genera complicaciones significativas para el seguimiento y análisis del uso del dinero público. Además, se identificaron 526 contratos sin documentos disponibles, sumando más de 1,708 millones de pesos. La falta de transparencia y documentación completa plantea serias preguntas sobre la rendición de cuentas y la posibilidad de irregularidades en la asignación de recursos. La ciudadanía se ve limitada en su capacidad para fiscalizar y comprender el destino de sus impuestos.
El sector de la salud es objeto de atención especial en el informe. Instituciones como el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía reportaron más del 30% de sus contratos (107 en total) sin subir un solo documento. Este descubrimiento plantea interrogantes sobre la justificación y legalidad de dichas contrataciones, especialmente considerando la naturaleza crítica de los servicios de salud. Birmex, la entidad responsable de adquisiciones de vacunas, carece de documentos para un contrato de más de 840 millones de pesos. Este vacío de información en una entidad clave en el contexto de la pandemia resalta la importancia de la transparencia en las adquisiciones de productos de salud.
Una clasificación inusual de contratos como “otros”, que alcanza los 129 mil millones de pesos, ha sido identificada. Esta categoría poco clara dificulta distinguir si se trató de licitaciones públicas, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas. Este hallazgo subraya la necesidad de una clasificación más precisa y detallada de los contratos para permitir un escrutinio efectivo de la asignación de recursos y garantizar la equidad en la competencia.
Un dato especialmente preocupante es que más de 8,600 contratos por adjudicación o invitación restringida carecen de justificación sobre por qué no se realizó una licitación pública. Este vacío de información implica un riesgo significativo de malas prácticas y favorecimiento injustificado de proveedores. La falta de claridad en la justificación de excepciones a licitaciones públicas debilita la integridad del proceso de contratación y la confianza en la gestión de los recursos públicos.
El informe destaca una modificación legal que aumentó hasta un 153% los montos máximos para contratos sin licitación. Este cambio, aparentemente diseñado para agilizar compras y evitar costos administrativos, plantea interrogantes sobre la justificación y necesidad de tal incremento. La discrecionalidad resultante en la elección de proveedores genera preocupaciones sobre posibles irregularidades y la falta de competencia en la asignación de contratos.
El informe de MCCI también señala que, a pesar de la promesa de austeridad, la transparencia en el gobierno mexicano ha disminuido significativamente. La falta de información clara, la clasificación incorrecta de contratos y los cambios legales preocupantes plantean desafíos significativos para el control ciudadano y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. En lugar de avanzar hacia una gestión más transparente y eficiente, el panorama revelado por el informe sugiere una retroceso, comprometiendo los principios fundamentales de la administración pública.
El análisis exhaustivo de los contratos de la 4T en 2023 resalta la urgencia de reformas en las leyes de contrataciones públicas. Es necesario establecer límites efectivos a los abusos en procedimientos excepcionales y garantizar reglas claras que fortalezcan la lucha contra la corrupción. La sociedad civil, los organismos de fiscalización y la ciudadanía en general deben desempeñar un papel activo en la exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, se requiere una revisión crítica de los cambios legislativos que han facilitado la asignación de contratos sin licitación, asegurando que dichas modificaciones no debiliten los mecanismos de control y supervisión.
En última instancia, el informe sobre los contratos de la 4T en 2023 pone de manifiesto la necesidad de un escrutinio continuo y riguroso sobre el manejo de los recursos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una administración eficiente y confiable. Sin embargo, los hallazgos presentados sugieren una brecha significativa entre las promesas de austeridad y la realidad de la asignación de contratos en México. La sociedad demanda y merece una gestión pública que refleje los principios de equidad, competencia y honestidad, sentando las bases para un futuro más transparente y justo.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en: https://contralacorrupcion.mx/nuestro-dinero/asi-contrata-el-gobierno/los-contratos-de-la-4t-en-2023-austeridad-en-la-transparencia-y-la-licencia-para-no-licitar/
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