En una reciente columna titulada “Los moches de Samuel García al Grupo de los 10”, el periodista Salvador García Soto, de El Universal, expone una serie de denuncias vertidas por directivos de grandes empresas de Monterrey, algunas de las cuales forman parte del influyente Grupo de los 10, conformado por los principales conglomerados industriales de la ciudad regia.
Según el relato de estos ejecutivos descubierto por García Soto, el gobernador Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano, ha pasado de ser considerado un aliado de los empresarios nuevoleoneses a convertirse en un verdugo que, abusando de su poder, ha comenzado a extorsionar a las grandes empresas del estado. García supuestamente solicita “moches” a cambio de no iniciar auditorías o investigaciones en su contra, utilizando para ello la cuestionada Unidad de Inteligencia Financiera y Economía (UIFE) de Nuevo León, organismo creado durante su administración.
Las acusaciones apuntan a que esta unidad, que según críticos se ha convertido en el “brazo judicial y político” del gobierno de Samuel García, estaría siendo utilizada para amedrentar a opositores políticos y líderes que cuestionan su gestión, así como para extorsionar a grandes empresas regiomontanas.
El modus operandi descrito por los denunciantes implica que funcionarios de alto nivel de la UIFE envían mensajes a los corporativos informándoles sobre supuestas irregularidades en sus estados financieros, sugiriendo discretamente la posibilidad de colaborar con el gobierno estatal a cambio de evitar investigaciones. Esta “colaboración” se traduce, según las denuncias, en el requerimiento de recursos en efectivo por parte del gobierno.
Las acusaciones son corroboradas por al menos tres directivos importantes de grandes empresas en Monterrey, quienes señalan haber sido forzados a entregar recursos al gobierno de Samuel García bajo amenaza de investigaciones que podrían afectar gravemente sus operaciones.
Ante estas revelaciones, surge la interrogante sobre las verdaderas intenciones del gobernador al solicitar estos “moches” a las empresas de su estado. ¿Se trata de una estrategia para asegurar fondos para el final de su sexenio, que aún tiene tres años por delante, o busca financiar la campaña de su candidato a la Presidencia, Jorge Álvarez Máynez? Los empresarios, que en su momento respaldaron a García, muestran incredulidad ante la situación, cuestionando el supuesto distanciamiento del joven gobernador de prácticas políticas cuestionables.
Leer: “Los moches de Samuel García al Grupo de los 10”, de Salvador García Soto, en El Universal
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