En los dos primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 6 millones de niños en México quedaron sin vacunar debido a deficiencias en el programa de vacunación del Gobierno federal. Una investigación llevada a cabo por Animal Político reveló que la administración de AMLO no adquirió las dosis necesarias o lo hizo con retraso, a pesar de haber prometido ahorros y eficiencia en el proceso de compra.
Contrario a las expectativas, el gobierno de AMLO gastó un 24% más en la compra de vacunas en 2019 en comparación con el gasto realizado por Enrique Peña Nieto en 2018. Sin embargo, adquirió menos dosis, lo que resultó en una escasez de vacunas obligatorias como las destinadas a prevenir la hepatitis B, el tétanos, la difteria, el rotavirus, el neumococo y el sarampión.
Esta situación ja dejado a los niños desprotegidos ante enfermedades prevenibles por vacunación, lo que representa un grave riesgo para su salud. En 2018, aproximadamente 575 mil niños no recibieron vacunas, pero esta cifra se incrementó significativamente en 2019, alcanzando los 2.6 millones, lo que representa un aumento del 352% en comparación con el año anterior.
Para el 2020, la situación no mejoró y se registró un aumento en el número de niños desprotegidos, llegando a alcanzar los 3.4 millones. Esta cifra representa una preocupante tendencia al alza en la falta de vacunación infantil en el país.
El cuadro básico de vacunación abarca múltiples vacunas para niños en diferentes etapas de su desarrollo. Sin embargo, para este análisis, Animal Político se enfocó en una vacuna por grupo de edad, incluyendo la BCG para recién nacidos, la primera dosis de triple viral para niños de un año, la vacuna DPT para niños de cuatro años y la segunda dosis de triple viral para aquellos de seis años.
A través de la información proporcionada por la Secretaría de Salud, obtenida a través de solicitudes de transparencia sobre la cobertura de vacunación, fue posible determinar la cantidad de niños en México por edad que no recibieron vacunas entre 2017 y 2021.
Una de las razones detrás de esta disminución en la cobertura de vacunación fue la falta de adquisición de ciertas vacunas por parte del gobierno. En 2019, por ejemplo, el gobierno no compró la vacuna BCG para recién nacidos, a pesar de ser crucial en la prevención de la tuberculosis, la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después del COVID-19.
Además, tampoco se adquirió la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DPT) durante ese año. Esto resultó en que México se ubicara entre los 10 países con menor cobertura de vacunación, equiparándose a naciones como Angola en África, según datos de la UNICEF.
Es importante destacar que estas decisiones se tomaron antes de que la pandemia de COVID-19 llegara a México, por lo que no pueden ser atribuidas únicamente a la emergencia sanitaria. Por lo tanto, el impacto de la pandemia fue aún mayor, colocando a México como el quinto país con menor número de vacunas aplicadas en ese periodo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según la investigación, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por una disminución en el número de niños que reciben todas las vacunas correspondientes a su edad. En 2018, el promedio de niños con un esquema completo de vacunación mayor a un año fue del 89.8%, pero al año siguiente descendió al 79%. Aunque se ha registrado una ligera recuperación, alcanzando el 88% en 2022, aún persisten rezagos significativos.
La vacunación representa el primer contacto de un ciudadano mexicano con su gobierno, siendo su introducción a la sociedad. Es el primer capítulo de su vida en el sector público, y si en esos primeros minutos de vida se le informa que “no hay vacunas”, la situación es catastrófica. Esta es la opinión expresada por Giorgio Franyuti, director de Medical Impact, una organización que ha tenido que incluir la aplicación de vacunas en los servicios médicos que ofrece de forma altruista en las regiones más marginadas del país, debido a la disminución en la cobertura durante este sexenio.
La falta de vacunación no solo expone a vulnerabilidad a generaciones de niños, cuyos efectos se sentirán en el futuro, sino que también aumenta el riesgo de brotes o el resurgimiento de enfermedades erradicadas. Esto podría provocar un aumento en las hospitalizaciones, así como secuelas como discapacidades o la necesidad de pago de seguros por incapacidad laboral.
Según un cálculo realizado por la Secretaría de Salud, el costo de estas consecuencias podría ascender a 166 mil millones de pesos para el gobierno, siete veces más de lo gastado en vacunas en los últimos cinco años. Esta situación pondría una presión adicional sobre las finanzas de las instituciones públicas de salud.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado severas críticas por su gestión en la compra de vacunas básicas para el cuadro básico de vacunación. Según la información oficial de la Secretaría de Salud obtenida a través de solicitudes de transparencia y la revisión de los contratos en Compranet, la plataforma gubernamental para las adquisiciones, se revela que se adquirieron menos dosis a un costo más alto.
Las vacunas del cuadro básico incluyen importantes inmunizaciones como la hexavalente, pentavalente, influenza, BCG, hepatitis B, anti neumocócica, triple viral, doble viral, rotavirus, DPT (difteria, parotiditis y tétanos), su refuerzo TD (tétanos y difteria) y la del Virus de Papiloma Humano (VPH).
En 2018, el gobierno federal compró 45 millones de dosis de estas vacunas, con un gasto total de 4 mil 90 millones de pesos. Sin embargo, al año siguiente, aunque se adquirieron menos dosis (35 millones), el gasto aumentó significativamente, ascendiendo a 5 mil 100 millones de pesos, un incremento del 24% en comparación con 2018. En 2020, aunque la adquisición de dosis se recuperó con 44 millones, el gasto fue aún mayor, alcanzando los 5 mil 245 millones de pesos.
La información sobre las adquisiciones de vacunas para los años 2021 y 2022 no está disponible debido a la falta de transparencia por parte de la Secretaría de Salud. A pesar de las solicitudes de información, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el IMSS-Bienestar, que tomaron el relevo en las compras, no proporcionaron datos, alegando problemas de traspaso de información y entrega-recepción.
La revisión de los contratos de 2019 y 2020 revela retrasos significativos en la compra de vacunas. A pesar de que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) solía firmar los contratos en junio con los laboratorios o intermediarios para garantizar el abasto para el año siguiente, en este caso no hubo negociaciones previas. Las advertencias sobre la necesidad de solicitar las vacunas con un año de anticipación no fueron tomadas en cuenta, lo que contribuyó a la falta de suministro y al aumento en los costos de adquisición.
La recomendación de negociar las vacunas con anticipación fue ignorada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las advertencias de expertos y la industria farmacéutica. En lugar de ello, se optó por retrasar el proceso de adquisición en un intento de negociar mejores precios, como parte de la política de austeridad promovida por el presidente.
A pesar de que se había acordado en diciembre de 2018 que las vacunas serían compradas directamente a laboratorios a través de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS) para obtener precios más competitivos, la negociación se pospuso en 2019. El entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, argumentaron que centralizar las compras en Hacienda permitiría ahorrar costos.
Sin embargo, la oficialización de Hacienda como el comprador no se produjo hasta octubre de 2019, lo que retrasó significativamente los procesos de compra. Esta demora tuvo un impacto directo en el suministro de vacunas, con consecuencias graves para la salud pública.
El proceso de adquisición de vacunas para el cuadro básico no comenzó hasta mediados de 2019, seis meses después del intento inicial de compra a través de la OPS/OMS. La falta de previsión durante la transición presidencial y el retraso en la adquisición de 2019 dejaron al país sin vacunas disponibles para el resto del año.
A pesar de los reclamos de familias y personal médico sobre la escasez de vacunas, el presidente López Obrador negó el desabasto e incluso criticó a los medios de comunicación por informar al respecto. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, también negó la falta de vacunas y aseguró que todas las adquisiciones se habían realizado a tiempo, aunque los registros de contratos de Compranet indican lo contrario.
Los contratos para la adquisición de vacunas clave, como la triple viral y la hexavalente, se firmaron meses después de lo habitual, lo que puso en riesgo la salud de la población. La falta de vacunación adecuada no solo expuso a millones de niños a enfermedades prevenibles, sino que también afectó la credibilidad del gobierno en materia de salud pública y su capacidad para gestionar crisis sanitarias.
Estos retrasos y la falta de adquisición de vacunas clave representaron un quiebre en un proceso que históricamente había funcionado de manera eficiente. La compra y distribución de vacunas para niños en México solía ser un proceso meticuloso y coordinado, que garantizaba que cada niño recibiera las dosis necesarias para su protección.
Sin embargo, en 2019, por primera vez en tres décadas, el gobierno no compró vacunas esenciales para recién nacidos, como la BCG contra la tuberculosis y la hepatitis B, ni la DPT para niños de 4 años. Además, la cantidad de dosis de la vacuna Rotavirus fue insuficiente, dejando a miles de niños sin la protección necesaria.
La falta de adquisición de vacunas se reflejó en la drástica caída de la cobertura de vacunación en 2019. Solo el 70% de los niños recibieron la vacuna BCG, una cifra que no se veía desde 1990. Este descenso continuó en 2020, exacerbado por la pandemia de COVID-19, con una cobertura de BCG que alcanzó apenas el 28%, la segunda más baja en cuatro décadas.
La pandemia no fue la causa del colapso en la aplicación de vacunas, pero sí agravó la situación. La cobertura de vacunas como la DPT, que previene la difteria, tos ferina y tétanos, también experimentó una disminución significativa, pasando de un 91% en 2018 a solo un 57% en 2020.
El impacto de esta falta de vacunación adecuada se reflejará en la salud pública a largo plazo, con el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles y un aumento en las hospitalizaciones y secuelas evitables. Además, esta situación pone de manifiesto la necesidad de revisar y mejorar los procesos de adquisición y distribución de vacunas para garantizar la protección de la población más vulnerable.
La falta de estrategia para asegurar un proveedor alternativo tras la inhabilitación de Laboratorios Imperiales Pharma S.A. de C.V., propiedad de Francisco Álvarez Morphy, representó un punto crítico en la cadena de suministro de vacunas en México. Esta empresa, conocida como “El rey de las vacunas”, había monopolizado los contratos de biológicos durante el gobierno anterior.
A pesar de los incumplimientos en la entrega de vacunas en el último trimestre de 2018, que sumaban millones de dosis y millones de pesos, la Secretaría de Salud no logró encontrar un reemplazo adecuado para asegurar la disponibilidad de la vacuna BCG, crucial para la protección de los recién nacidos contra la tuberculosis.
La falta de conciliación entre el gobierno y la empresa, así como las sanciones posteriores, dejaron al sistema de salud sin un proveedor confiable de vacunas, exacerbando aún más el desabasto y afectando a millones de niños en todo el país.
La cancelación de la Semana Nacional de Salud, una estrategia que había funcionado durante 26 años y que era fundamental para la promoción y aplicación masiva de vacunas, también contribuyó al deterioro del sistema de vacunación en México. En su lugar, se establecieron las Jornadas Nacionales de Salud Pública, que carecían de lineamientos claros y solo operaban dos veces al año, disminuyendo la accesibilidad de la población a las vacunas.
Además, la inoperancia del Consejo Nacional de Vacunación y del Censia, organismos encargados de coordinar la política de vacunación y evaluar las estrategias en el país, representó un golpe adicional al sistema de salud. Estos cambios, combinados con la falta de campañas de difusión sobre los beneficios de la vacunación, contribuyeron a la disminución de la cobertura de vacunación y al aumento del riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.
En última instancia, la negligencia, las decisiones deficientes y la falta de coordinación y estrategia han generado un enorme desafío para recomponer el sistema de vacunación en México. Se requerirá un esfuerzo concertado y multifacético para restaurar la confianza en el programa de vacunación y garantizar la protección de la salud de la población más vulnerable.
El director de la organización Medical Impact, Giorgio Franyuti, ilustra de manera contundente la situación al afirmar que “a la vacunación en México la arrolló un tren”, haciendo referencia al énfasis del gobierno en proyectos como el Tren Maya en lugar de priorizar la salud pública.
Esta comparación resalta la discrepancia entre las decisiones gubernamentales que privilegian la inversión en infraestructura frente a la protección de la salud de la población, especialmente en un contexto de desabasto de vacunas y deficiencias en el sistema de salud. La metáfora sugiere que el enfoque gubernamental ha dejado rezagada la atención a la salud pública, lo que subraya la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas urgentes para abordarlo.
Leer: Vacunación en México: Gobierno de AMLO dejó a 6 millones de niños sin vacuna; gastó más que Peña Nieto y compró menos, en Animal Político.
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