En abril de 2023, México quedó perplejo ante el sorprendente anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la supuesta venta del Avión Presidencial, el Boeing 787 Dreamliner conocido como el TP-01. El entonces director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, declaró que el avión presidencial se vendió por 1,659 millones de pesos, aproximadamente 92 millones de dólares. No obstante, esta información ha sumido la transacción en una opacidad que ha dado lugar a cuestionamientos sobre su verdadera naturaleza.
A pesar del anuncio oficial y la cantidad declarada, la información sobre la supuesta venta del avión presidencial ha sido reservada. Este hecho ha llevado a conjeturas sobre si la venta realmente ocurrió o si se trató de un subarrendamiento bajo la modalidad de “Renta Seca”. Las sospechas han sido alimentadas por la falta de transparencia en torno a esta transacción, lo que ha llevado a preguntas incómodas sobre el destino de los fondos y si continúa siendo responsabilidad del pueblo mexicano.
El usuario de “X” (antes twitter) @jaimeccs, identificado como piloto aviador y analista de costos aeronáuticos y quien publicó un extenso hilo al respecto en su cuenta personal, revela su preocupación de que el presupuesto de Egresos de la Federación mantenga una partida de 500 millones de pesos para el pago del arrendamiento del avión, que se supone ya no debería erogarse puesto que ya está vendido.
Para comprender mejor las dudas que rodean esta venta, es necesario explorar las diferentes modalidades de arrendamiento de aeronaves utilizadas en la industria aeronáutica. Se destacan tres modalidades:
Las preocupaciones sobre la supuesta venta del Avión Presidencial giran en torno a la falta de claridad sobre la modalidad de arrendamiento utilizada. Si el avión presidencial fue subarrendado bajo la modalidad de “Renta Seca”, esto plantea serias preguntas sobre el destino de los fondos obtenidos y si la propiedad sigue siendo del pueblo mexicano. La opacidad que rodea a esta transacción y la información reservada hasta 2028 no hace más que aumentar la especulación.
Jorge Mendoza Sánchez anunció que los fondos obtenidos de la venta se utilizarían para finiquitar el contrato de arrendamiento financiero y el IVA correspondiente. Además, se afirmó que estos recursos serían canalizados a obras en los estados de Guerrero y Oaxaca, específicamente en el sector salud. Sin embargo de esa infraestructura hospitalaria que se ha anunció no se ha sabido absolutamente nada.
Estas afirmaciones han sido cuestionadas por la persistente asignación de una partida de más de 500 millones de pesos para el pago de arrendamiento del avión en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, es decir que aunque el avión supuestamente se vendió los mexicanos estaremos erogando de nuestros impuestos una millonaria cantidad de dinero para pagar el arrendamiento de la aeronave que supuestamente ya no le pertenece a los mexicanos.
La gran incógnita que prevalece es: ¿dónde está el dinero de la supuesta venta? Si el avión se vendió, esta partida ya no debería existir en el presupuesto. Sin embargo, su persistencia sugiere que los mexicanos continúan pagando, mientras que otros se benefician de un subarrendamiento cuyas condiciones permanecen desconocidas. En específico se sugiere la sospecha de que el dinero pueda utilizarse a favor de Morena durante las campañas electorales del 2024, con el visto bueno del presidente de la República,
La falta de transparencia en torno a la supuesta venta del Avió Presidencial y la reserva de información plantean serias preocupaciones sobre corrupción y abuso de poder. La posibilidad de que los fondos obtenidos se desvíen hacia fines distintos a los declarados es motivo de alarma y cuestiona la integridad de las instituciones gubernamentales.
El caso del Avión Presidencial revela un misterio inquietante que rodea una transacción que debería haber sido un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. Las preguntas sobre la verdadera naturaleza de la venta y el destino de los fondos persisten. La falta de claridad y la reserva de información solo intensifican las sospechas de corrupción y desvío de recursos. El pueblo mexicano merece respuestas, y este caso plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones gubernamentales y su compromiso con la transparencia y la honestidad.
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