La más reciente investigación de MCCI revela un nuevo desvío millonario de recursos a través de una empresa fantasma.
Compra de azúcar a empresa fantasma
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informa que una nueva estafa tuvo lugar en la compra de insumos para Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), esta vez se detectó una venta simulada por 465 millones de pesos.
La transacción, realizada durante la pandemia, fue por 25 mil toneladas de azúcar, de las cuales solo se entregaron 7 mil 800. La empresa proveedora resultó ser Servicios Integrales Carregin (SIC), que, como ahora se sabe, se trata de una empresa fachada.
Servicios Integrales Cerregin ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Socios de Corregin, de origen humilde
Eduardo Alejandro Murillo Landeros, apoderado legal de SIC, participa en otras dos empresas que recibieron contratos de Segalmex por 53 millones de pesos para surtirle alcohol y gel antibacterial: Gainmate Comedores Industriales y Comercializadora Aservayan.
Respecto a los accionistas, estos responden a los nombres de Jorge Romero Valencia y Daffne Pomar Colin, personas de condición humilde, quienes desconocen cómo llegaron a formar parte de la sociedad. No obstante, la FGR giró órdenes de aprehensión en su contra.
Daffne Pomar es un ama de casa que fue usada por SIC y a la que la FGR acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con el dueño del domicilio ubicado en la colonia Ampliación Asturias de la Alcaldía Cuauhtémoc y donde supuestamente ella residía, Pomer tiene años sin vivir ahí, aunque le llegan estados de cuenta de Coppel por un adeudo de 3 mil pesos.
Por su parte, Jorge Saúl Romero Valencia, el otro supuesto socio, vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca, Estado de México. La arrendataria dijo a MCCI que hacía mucho tiempo que no veía a Jorge.
Entre otras órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR están la de Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Diconsa y quien firmó el convenio con Carregin; René Gavira Segreste, ex director de finanzas y Carlos Dávila Amerena, exdirector jurídico de Diconsa.
Diconsa ordenó la compra
La Dirección Comercial de Diconsa, responsabilidad de Manuel Lozano Jiménez, fue la que ordenó la compra. Sin embargo, aunque los pedidos se hicieron con el conocimiento de Ignacio Ovalle Fernández, exdirector, este no ha sido acusado.
En total se realizaron 37 pedidos por un monto de 465 millones de pesos para recibir 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel a distintos almacenes del país. Tres semanas después de firmar el convenio, Carregin solicitó a Diconsa cancelar 36 de los 37 pedidos argumentando dificultades logísticas provocadas por la contingencia sanitaria por Covid-19, por lo que solo quedó en pie un pedido por 7 mil 800 toneladas con costo de 145 millones de pesos.
La Unidad Operativa del Bajío recibiría el pedido; sin embargo, declaró no tener la capacidad para almacenarlo y se acordó que Carregin resguardara el azúcar en un domicilio ubicado en Paseo del Pedregal, en la Ciudad de México. Mientras que la dependencia realizó el pago de los 145 mdp.
Aunado a ello, la compra por kilo de azúcar se fijó en $18.60 pesos cuando, la realizar una búsqueda en el reporte semanal de precios del Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar, se constató que el costo durante el periodo de la compra era menor.
Se solicitó reembolso
A pesar de que Corregin entregó únicamente 3 mil 110 de 7 mil 800 toneladas ya pagadas en los almacenes de la dependencia, se solicitó la conclusión del contrato. En este sentido, Diconsa pidió que Carregin realizara a más tardar el 31 de diciembre de 2020 una devolución a las cuentas bancarias de la dependencia por la cantidad de 88 millones de pesos, monto equivalente a las 4 mil 700 toneladas de azúcar que no se entregaron.
Esta solicitud se repitió el 25 de marzo y el primero de julio de 2020, pero Carregin únicamente reembolsó 8 millones de pesos.
Por todas estas irregularidades y posibles actos de corrupción, María Oceguera Valle, representante legal de Diconsa, presentó el 26 de agosto de 2021 una denuncia penal ante la FGR contra Carregin y contra los exfuncionarios que resulten responsables por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Con información de Mural.
