En un momento en que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta una crisis financiera sin precedentes, la empresa estatal ha decidido gastar hasta 832 millones de pesos en el alquiler de camionetas blindadas capaces de resistir ataques con granadas y fusiles militares para sus directivos y funcionarios de primer nivel durante los años 2023 y 2024. Este controvertido movimiento ha desatado críticas y cuestionamientos sobre los privilegios de la alta burocracia y la gestión de la petrolera bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La información fue revelada por el medio de comunicación LatinUs, que detalló que Pemex está alquilando alrededor de 35 unidades blindadas a Grupo Empresarial Perrot, una empresa que obtuvo estos lucrativos contratos mediante adjudicación directa, es decir, sin concurso ni licitación pública. La controversia se intensifica debido a que ambas contrataciones vencen el 31 de diciembre de 2024, cuando se prevé un cambio de administración federal.
Los contratos con Grupo Empresarial Perrot establecen “la necesidad de camionetas tipo SUV con un nivel de blindaje 5 plus”, que les permite resistir ataques con rifles de alto poder como el AR-15, el M-16 y hasta explosiones de granadas de fragmentación. El primer contrato, firmado el 10 de octubre de 2020, tiene un valor de 133 millones de pesos y una duración de 814 días, concluyendo el 31 de diciembre de 2022. Este contrato implica el alquiler de al menos 5 camionetas blindadas.
El segundo contrato, firmado el 2 de marzo de 2023, es aún más significativo, ya que Pemex destinará un máximo de 699 millones de pesos para la renta de unidades blindadas durante 670 días, con vencimiento también el último día de 2024. En este segundo acuerdo, la petrolera estableció un pago mensual de hasta 976,000 pesos por cada camioneta tipo SUV con blindaje 5 plus, lo que sugiere la adquisición de unas 30 camionetas.
Una de las cuestiones más controvertidas de estos contratos es la falta de transparencia. Latinus realizó seis solicitudes de transparencia a Pemex para obtener información detallada sobre estos acuerdos, sin embargo, la petrolera se negó a proporcionar cualquier dato, argumentando motivos de seguridad nacional y reservando toda la información por un período de cinco años. Esto ha generado una mayor inquietud y críticas por parte de la opinión pública y la prensa.
En respuesta a las preguntas de Latinus, Pemex confirmó que estas unidades blindadas están destinadas al servicio de los funcionarios de primer nivel y del personal operativo en la subdirección de salvaguardia estratégica, cuya principal función es proporcionar seguridad a los directivos durante sus traslados.
Por otro lado, Grupo Empresarial Perrot ha mantenido un perfil bajo frente a las preguntas sobre estos contratos, alegando que, por lineamientos internos, no pueden ofrecer información y redirigiendo las solicitudes de entrevista a Petróleos Mexicanos.
Este gasto millonario en camionetas blindadas en medio de la crisis financiera de Pemex ha generado un debate público sobre la eficiencia en el uso de los recursos de la petrolera y el presunto fracaso en la promesa del presidente López Obrador de eliminar los privilegios de la denominada “burocracia dorada”. Mientras tanto, el país sigue pendiente de los resultados y las consecuencias de esta controvertida inversión en seguridad para los directivos de una de las empresas más importantes de México.
Con información de LatinUs
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