La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ve envuelta en una nueva polémica tras la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revelando conexiones turbias entre contratos millonarios y la compra de un departamento a precio de ganga por parte del general Luis Cresencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional.
Según la investigación, la Sedena asignó un contrato de 229 millones de pesos a la empresa Abspro SA de CV, cuyo accionista principal, Erik Alejandro Ramírez Guerrero, tiene conexiones con la empresaria Alejandra Aguilar Solórzano. Esta última vendió al general Sandoval un departamento de lujo en Bosque Real a un precio significativamente inferior al valor de mercado.
Abspro, constituida en 2011, ha sido favorecida con contratos de placas balísticas por parte de la Sedena, generando cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y favores indebidos.
Erik Alejandro Ramírez Guerrero, accionista mayoritario de Abspro, también es apoderado legal de Protective Materials Technology (Promatech) desde 2010. Promatech, a su vez, es propiedad de Alejandra Aguilar Solórzano, la vendedora del departamento al general Sandoval.
La conexión entre Abspro y Promatech va más allá de las relaciones accionariales, extendiéndose a contratos millonarios con la Sedena. Ambas empresas recibieron asignaciones para la provisión de placas balísticas, generando dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación.
La revelación de que Promatech, empresa de la vendedora del departamento, recibió un contrato de 319 millones de pesos de la Sedena dos años después de la venta del inmueble al general Sandoval plantea interrogantes sobre la posibilidad de un trato preferencial.
El departamento adquirido por el general a Alejandra Aguilar Solórzano en 2020 por 9 millones de pesos, a pesar de su valor en el mercado de hasta 30 millones, se suma a la lista de irregularidades.
El contrato de 229 millones de pesos asignado a Abspro fue otorgado después de una licitación que fue declarada desierta en agosto de 2023, en la cual participaba Promatech, a pesar de estar inhabilitada para concursar.
Las conexiones entre Erik Alejandro Ramírez Guerrero y Promatech se evidencian en la participación de ambos en procesos de licitación, cuestionando la integridad de los procedimientos de la Sedena.
Las revelaciones de MCCI han generado indignación y demandas de transparencia por parte de la comunidad y líderes de opinión. La conexión entre contratos millonarios, relaciones empresariales y la compra de un departamento a precio de ganga destapa prácticas que cuestionan la ética y legalidad en los procesos de contratación de la Sedena.
La Secretaría de la Función Pública y otras instancias competentes deberán investigar a fondo estos vínculos para salvaguardar la integridad de las instituciones y garantizar la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos.
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