Ex secretario de hacienda advierte sobre el posible uso “clientelar” de un millonario remanente de los programas sociales.
En un análisis minucioso y revelador, el ex secretario de Hacienda durante los primeros años de la actual administración, Carlos M. Urzúa, puso sobre la mesa una cuestión que inquieta a la nación mexicana: el enigma que rodea al programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” y su posible uso “clientelar” en las elecciones federales del 2024.
En su artículo titulado “El guardadito de 50 mil millones para el 2024 ¿Dónde quedarán el sobrante de más de 18 mil mdp que la Secretaría de Bienestar afirma que gastará?” publicado este lunes en el periódico El Universal, Urzúa expone interrogantes sobre el manejo de los recursos y la sorprendente disparidad en las cifras proporcionadas por distintas dependencias gubernamentales.
Comenzando con una intrigante premisa, el autor pone de manifiesto que los “Servidores de la Nación,” oficialmente adscritos a la Secretaría de Bienestar, cuentan con una fuerza de alrededor de 20 mil personas distribuidas en todo el territorio nacional. Su función principal es asistir en la distribución de las pensiones bimestrales destinadas a los adultos mayores, un programa que ha sido piedra angular de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, lo que podría considerarse un simple dato administrativo se convierte en una reflexión intrigante cuando Urzúa compara esta cifra con un escenario hipotético: si estos 20 mil elementos fueran militares, el presidente López Obrador tendría, en esencia, dos divisiones completas a su disposición para la potencial “guerra electoral” del 2024. Esta metáfora subraya la relevancia y magnitud de esta red de servidores en el contexto político.
La atención se centra luego en el presupuesto asignado al programa. Actualmente, el presupuesto para el año 2023 asciende a la considerable suma de 335 mil millones de pesos, y se anticipa que se elevará a 465 mil millones de pesos en el 2024, siempre y cuando los diputados de oposición lo aprueben. Este aumento representaría un asombroso 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
Sin embargo, el autor plantea dudas sobre la justificación proporcionada por la Secretaría de Bienestar para este presupuesto. La dependencia argumenta que está obligada a transferir trimestralmente 4,800 pesos a 11.4 millones de adultos mayores, lo que supone una erogación anual de aproximadamente 328 mil millones de pesos. Urzúa cuestiona esta cifra, basándose en datos del Consejo Nacional de Población que proyectan una población de adultos mayores menor de la que se utiliza en la justificación presupuestaria.
El misterio se intensifica al descubrir que tanto la Secretaría de Bienestar como la Secretaría de Hacienda respaldan la cifra de 11.4 millones de beneficiarios, lo que plantea un conflicto de datos y una incertidumbre significativa sobre la precisión de las cifras oficiales.
Finalmente, Urzúa formula las preguntas cruciales: ¿Dónde quedará el supuesto excedente de más de 18 mil millones de pesos que la Secretaría de Bienestar afirma que gastará en el 2023? Y, mirando hacia el futuro, con la proyección de que la pensión bimestral aumentará a 6,000 pesos en el 2024, ¿qué sucederá con el remanente estimado de 50 mil millones de pesos si el Congreso aprueba dicho presupuesto?
Estas incógnitas plantean desafíos significativos sobre el manejo de los recursos asignados a este programa crucial, y subrayan la importancia de la supervisión y transparencia en el uso de los fondos públicos. Sin lugar a dudas, este “guardadito” debe ser una preocupación que ocupe y preocupe a los diputados de la oposición y a todos los ciudadanos interesados en la política financiera y social de México. El destino de estos recursos millonarios, así como la precisión de los datos oficiales, merecen un escrutinio profundo y riguroso en el camino hacia el 2024.
