Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén y Santiago Torreblanca, han puesto en jaque la credibilidad de Miguel Torruco, el actual secretario de Turismo, mediante una denuncia formal ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Acusan al funcionario de omitir deliberadamente en su declaración patrimonial una propiedad de alto valor y una empresa en San Antonio, Texas, lo que podría constituir un grave delito de falsedad de declaraciones.
Detalles de la propiedad y empresa No Declaradas
Durante una conferencia de prensa, los legisladores del PAN presentaron documentos que evidencian la posesión de una casa cuyo valor castastral sería de 697 mil dólares, ubicada en el fraccionamiento River Rock Ranch en San Antonio, Texas, registrada a nombre de Miguel Torruco y su esposa. Este inmueble, cuyo valor comercial podría exceder el millón de dólares, no aparece en las declaraciones patrimoniales del secretario, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia de sus finanzas.
Además, se ha puesto en duda la legalidad de las actividades de la empresa Our Deere Home LLC, propiedad de Torruco y registrada en la misma dirección que la propiedad mencionada. Los diputados cuestionan el objeto social de la empresa, que no ha sido divulgado, lo que agrega una capa de misterio y posibles implicaciones de actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Acciones legales y reacciones políticas
María Elena Pérez-Jaén ha solicitado no solo la intervención de la SFP sino también de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal, la Fiscalía General de la República (FGR), y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción. Pérez-Jaén insiste en que es imperativo investigar estas alegaciones exhaustivamente para determinar la existencia de otros posibles delitos financieros asociados con el secretario y su cónyuge.
La gravedad de las acusaciones implica que Miguel Torruco podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la destitución y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Estas medidas serían determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dependiendo de la magnitud de las omisiones y las irregularidades encontradas en su declaración patrimonial.
Este escándalo llega en un momento delicado para el gobierno, que ha prometido luchar contra la corrupción y fomentar la transparencia. La implicación de un alto funcionario en posibles actos de corrupción pone en tela de juicio la efectividad de estas políticas y el compromiso ético de sus representantes.
Como titular de la Secretaría de Turismo, la credibilidad de Miguel Torruco es fundamental para la confianza en la gestión turística del país. Estas acusaciones podrían minar la confianza tanto de inversores internacionales como de turistas potenciales, afectando negativamente la percepción global del compromiso de México con la transparencia y la legalidad en su sector turístico.
La denuncia presentada por los diputados del PAN contra Miguel Torruco plantea serias preguntas sobre la integridad y la transparencia dentro de la administración pública. El desarrollo de esta situación será crucial para entender no solo el futuro político de Torruco sino también el impacto más amplio en la confianza pública hacia el gobierno. Los próximos pasos en esta investigación serán determinantes en la lucha contra la corrupción y en la restauración de la fe en las instituciones gubernamentales de México.
