Las demandas del hoy ministro incluían “salario vitalicio”, escoltas, camionetas blindadas y hasta gasolina
La reciente renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desencadenado un escándalo de grandes proporciones. Según informes exclusivos obtenidos por Proceso, Zaldívar, en el proceso de gestionar su retiro, intentó asegurar para sí una serie de privilegios ya eliminados, incluyendo un haber de retiro superior a su salario actual, junto con beneficios adicionales como personal de seguridad, vehículos y combustible, todos a cargo de la Corte. Este intento se llevó a cabo mediante la presentación de un documento que posteriormente ha sido calificado como “falso”.
Zaldívar, quien se unió el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de México, buscó conservar estos beneficios a pesar de la promoción de la austeridad y la lucha contra la corrupción como pilares fundamentales del gobierno actual. La contradicción entre la postura pública de austeridad y la búsqueda de privilegios personales ha suscitado críticas y cuestionamientos.
Escoltas, camionetas blindadas y salario vitalicio
Una semana después de presentar su renuncia, Zaldívar inició los trámites administrativos necesarios para su retiro. Parte de estos trámites incluyó un intento de añadir un anexo en las condiciones de su retiro que le aseguraba, durante los dos primeros años de su jubilación, mantener dos camionetas blindadas, gasolina, mantenimiento de vehículos, cinco colaboradores y seis escoltas de seguridad, todo financiado por la Suprema Corte. Este hecho es especialmente significativo dado que la Suprema Corte ha sido criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la propia Sheinbaum por incurrir en gastos de este tipo.
Históricamente, los ministros retirados de la SCJN pactaban con el presidente de turno ciertos privilegios post-retiro. Estos incluían computadoras, impresoras, personal de servicio, escoltas, vehículos blindados, consumibles y gasolina. Sin embargo, tras las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre los excesos asociados a estas prácticas, en 2013, bajo la presidencia del ministro Juan Silva Meza, el Pleno de la Corte emitió un acuerdo para regular las condiciones del haber de retiro, eliminando así la posibilidad de que los ministros incurrieran en tales excesos.
El caso de Zaldívar se diferencia notablemente de las condiciones de retiro de otros ministros, como Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío, quienes se acogieron a las normativas menos generosas establecidas en 2013.
Además de las prebendas ya descritas, Arturo Zaldivar exigía dos años de salario completo (251 mil pesos mensuales), así como una manutención vitalicia de 200 mil pesos mensuales.
Documento falso
La controversia se intensifica con la revelación de que el documento presentado por Zaldívar, que detallaba estos privilegios adicionales, no existía en 2021, cuando el ministro Franco González Salas se retiró. Esto fue confirmado tanto por los ministros actuales, que negaron haber aprobado tal anexo para Franco, como por el propio Franco, quien afirmó desconocer la existencia del documento.
Después de discusiones privadas entre los ministros sobre cómo manejar el haber de retiro propuesto por Zaldívar, se determinó que se retiraría bajo las condiciones del acuerdo de 2013, lo que significaba que solo tendría derecho a tres trabajadores del PJF a su servicio y que el cálculo de sus pagos mensuales se basaría en el salario actual de los ministros en activo.
La respuesta de Zaldívar a estas acusaciones, transmitida a través de su secretario particular, fue afirmar que el pleno había aprobado su retiro de acuerdo con los lineamientos de la Constitución, no conforme al anexo en disputa. Sin embargo, esta afirmación se ve socavada por la evidencia presentada y las confirmaciones de las fuentes involucradas en el proceso.
Contradicciones éticas
Este escándalo arroja una sombra sobre la ética y la integridad en la administración de la justicia en México. En un momento donde la austeridad y la lucha contra la corrupción son temas centrales en el discurso político del país, la conducta de Zaldívar plantea preguntas incómodas sobre la coherencia entre las políticas públicas promovidas y las acciones de sus principales figuras. La situación subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno, especialmente en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Reacciones al escandaloso “albazo” de Zaldivar
Personas públicos, miembros de la academia y abogados no tardaron en reaccionar ante la publicación de proceso relacionado con la “intentona” de Zaldivar de llevarse consigo privilegios que no le corresponden.
El senador Emilio Álvarez Icaza publicó a través de sus redes sociales: 251 mil pesos mensuales los dos primeros años y luego, 200 mil vitalicios. Cinco personas de servicio. Seis escoltas de seguridad. Dos camionetas blindadas, con gasolina y mantenimiento a cuenta de la Corte. La contradicción y el atasque de @ArturoZaldivarL es buen reflejo del proyecto al que se sumó con @Claudiashein”.
En otra publicación, de la cuenta @bereaguilarv, puede leerse: “Nada más vean al sinvergüenza de #ArturoZaldívar. El ex ministro hizo los trámites de rigor para gestionar su retiro peeero intentó conservar privilegios millonarios que ni siquiera los ministros en activo tienen. Es decir, el muy tramposo y corrupto presentó un documento falso para que la #SupremaCorte le concediera su retiro con 251 mil pesos mensuales los dos primeros años y después 200 mil vitalicios. Cinco personas de servicio. Seis escoltas de seguridad. Dos camionetas blindadas, gasolina y mantenimiento a cuenta de la Corte. ¿Y qué creen que dijo su vocero al respecto? Que eran chimes. Se supone que todos ellos promueven la austeridad y la lucha contra la corrupción. Ajá”.
Puedes leer la investigación completa de Proceso en la siguiente liga: https://www.proceso.com.mx/
