Así saqueaban Zebadúa y sus secuaces; desenmascarando la corrupción

Los recientes informes sobre manipulaciones financieras en Sedesol y Sedatu revelan una red de corrupción estructurada, destacando la urgencia de implementar reformas profundas para recuperar la integridad en las instituciones públicas de México. Emilio Zebadúa, en complicidad con Enrique Prado, Humberto Valverde y otros involucrados, orquestó un sofisticado esquema de corrupción dentro de las dependencias entre 2013 y 2018 desviando millones mediante contratos ficticios y empresas fachada.

Creación y asignación de servicios inexistentes

De acuerdo con la investigación realizada por el periodista Arturo Ángel para el Corruptómetro de Tojil, y publicada en Emeequis, se forzaba la creación de necesidades de servicio dentro de Sedesol y Sedatu, asignando presupuestos específicos a proyectos inexistentes. Este primer paso era esencial para justificar los gastos y comenzar el flujo de dinero que sería desviado. Identificar o inventar necesidades permitía a los implicados establecer un marco ‘legal’ para sus operaciones.

Enrique Prado y Humberto Valverde, bajo las instrucciones de Zebadúa, localizaban universidades y empresas fachada dispuestas a colaborar en la simulación de servicios. La selección de estas entidades era crucial, ya que debían ser capaces de aparecer legítimas a ojos de auditorías eventuales. Estas entidades eran piezas clave en la estructura de la simulación, proporcionando la cobertura necesaria para las operaciones.

Los márgenes de ganancia eran acordados previamente: universidades recibían entre 20 y 30%, las consultoras o empresas fachada un 10%, y al menos un 50% retornaba a la Oficialía Mayor. Esta distribución de ganancias muestra la profundidad de la codicia y la planificación detallada involucrada en el esquema. Estos porcentajes garantizaban que todos los participantes tuvieran incentivos para mantener la operación funcionando.

Ejecución y falsificación

El esquema dependía en gran medida de la complicidad o el engaño de funcionarios fuera del círculo interno para firmar documentos cruciales. Cuando no se conseguía su colaboración voluntaria, se recurría a la falsificación de firmas, liderada por Claudia Morones. Esta práctica no solo subraya la ilegalidad del proceso, sino también el desprecio por la ley y la ética administrativa.

Francisco Báez jugaba un rol crítico al autorizar transferencias, a menudo sin la debida verificación de firmas o documentación completa. Después de realizar los pagos, instruía a las universidades y entes públicos sobre cómo y a quién debían transferir los fondos, siguiendo los porcentajes previamente acordados. Este paso consolidaba la extracción de fondos, dirigidos finalmente a los bolsillos de los organizadores del fraude.

Para cubrir sus rastros, en oficinas alternas se fabricaban documentos y resultados de proyectos que nunca se ejecutaron. Claudia Morones supervisaba la creación de estos ‘entregables’, utilizando datos de otros proyectos legítimos o información obtenida de internet para dar la apariencia de trabajo realizado. Esta elaboración de evidencia falsa era esencial para responder a posibles auditorías.

Lavado de dinero y control de auditorías

El dinero pasaba por varias manos, siendo transferido a un segundo nivel de empresas que finalmente retiraban los fondos en efectivo. Estas empresas eran instruidas por Enrique Prado y sus operadores para distribuir el dinero a individuos y compañías específicas. Este sistema de lavado estaba diseñado para dificultar el rastreo de los fondos robados.

Las empresas subcontratadas tenían la tarea de volver a canalizar los recursos a través de capas adicionales de transacciones, complicando aún más la trazabilidad del dinero. Este proceso aseguraba que los verdaderos beneficiarios del esquema pudieran mantenerse en anonimato y fuera del alcance de la ley.

La manipulación de las auditorías era un componente final crítico, con Juan Francisco Martínez Lavín encargado de cooptar o controlar las observaciones de auditoría. Usurpaba identidades para responder a los oficios, garantizando que las irregularidades permanecieran ocultas. Esta cooptación de los mecanismos de control muestra la profundidad de la corrupción institucionalizada.

El esquema desentrañado en Sedesol y Sedatu es un llamado a la acción para fortalecer los sistemas de vigilancia y rendición de cuentas en México. La participación de múltiples niveles de la administración y la complicada red de transacciones ilícitas subrayan la necesidad urgente de reformas integrales. Solo mediante esfuerzos concertados para mejorar la transparencia y la legalidad podemos esperar restaurar la confianza en nuestras instituciones públicas.