La Unión Europea llegó este jueves a un acuerdo sobre un certificado digital o pasaporte de covid a partir del próximo 1 de julio, un pacto en el que los Estados miembros se comprometen a evitar imponer medidas como cuarentenas, aunque se reservan el derecho a hacerlo de forma proporcionada si es necesario.
El principal reclamo de los Estados miembros durante esta negociación había sido mantener sin cambios la soberanía sobre sus propias fronteras para reservarse el derecho de imponer cuarentenas o PCR adicionales a los viajeros que entran en su territorio, una capacidad que han empleado de forma heterogénea durante la pandemia.
El pacto al que se ha llegado implica que los 27 estados de la UE intentarán evitar este tipo de medidas para los ciudadanos que tengan el nuevo certificado, pero no excluyen imponerlas si la situación epidemiológica lo requiere y siempre que sean “necesarias y proporcionadas”, teniendo en cuenta los datos sobre el avance de la pandemia.
El negociador principal del Parlamento Europeo para el certificado, el socialista Juan Fernando López Aguilar, explicó que, si los Estados miembros quieren imponer este tipo de medidas, deben notificar a sus socios y a la Comisión Europea con 48 horas de antelación y especificando las razones para imponerlas, su alcance, su duración y qué portadores del certificado quedan sujetos o exentos de la medida.
El certificado, que funcionará durante doce meses, será vinculante en toda la UE para las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamentos, que por ahora ha validado los fármacos de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Jannsen.
También contendrá si el viajero ha recibido alguna otra vacuna aprobada por un Estado miembro, pero no por la EMA, como el caso de Hungría, que administra también la vacuna rusa Sputnik V y la china de Sinopharm, pero será potestad de cada Estado miembro decidir si las considera válidas o no.
Bruselas pide que el certificado exima de restricciones
El comisario europeo de Justicia e Interior, Didier Reynders, pidió a los Estados miembros que apliquen las menores restricciones posibles a la libre circulación una vez entre en vigor el certificado de covid.
“Llamamos a todos los Estados miembros a que se abstengan de aplicar restricciones adicionales a las personas que tengan el certificado a partir de julio”, declaró a la prensa el comisario tras el acuerdo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión europeos sobre ese documento.
No obstante, Reynders precisó que sería comprensible que puntualmente se apliquen medidas “en función de la evolución de la situación epidemiológica en una u otra región” y “en base a la situación sanitaria”.
100 millones de euros para financiar test PCR
Junto al acuerdo sobre el certificado, la Comisión Europea se ha comprometido a movilizar 100 millones de euros del Instrumento de Apoyo de Emergencia comunitario para financiar pruebas PCR, destinadas especialmente a grupos como trabajadores y estudiantes transfronterizos, a quienes viajan para recibir atención médica o para cuidar a seres queridos.
La propuesta parte de la Comisión con vistas a hallar un consenso entre la postura del Parlamento Europeo, que quería asegurar la gratuidad o una limitación en el precio de estas pruebas, y la del Consejo, que rechazaba rebajar su coste.
Esto, argumentaba el Parlamento, suponía una discriminación entre las personas que ya han sido vacunadas -y no tendrían que asumir ningún coste extra para viajar- y quienes aún no han accedido a la inmunización y, con vistas a obtener un certificado, deben probar que tienen anticuerpos tras pasar el coronavirus o pagar por una prueba PCR.
Con información de EFE
