Colectivos y organizaciones defensoras de los derechos humanos interpondrán una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador quién pretende ampliar, nuevamente, a nivel constitucional, los delitos de prisión preventiva automática u oficiosa, presentada en el marco del paquete de reformas constitucionales, “al ser regresiva y constituir una infracción al orden público internacional”.
En un contexto de creciente preocupación por los derechos humanos en México, la última propuesta del presidente mexicano ha provocado una oleada de críticas y preparativos para una denuncia formal ante el máximo organismo vigilante de las garantías individuales de la Organización de los Estados Americanos.
La controversia se centra en la iniciativa presidencial que busca expandir los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a nivel constitucional, una medida considerada por las organizaciones y colectivos como un retroceso en la protección de las libertades fundamentales y un desafío al orden público internacional.
Ante esta situación, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el Colectivo Pena Sin Culpa, preparan dicha denuncia contra el Gobierno de México por “constituir un desacato a sentencias condenatorias contra México por parte de la Corte Interamericana”.
La prisión preventiva oficiosa, una figura legal que permite el encarcelamiento sin sentencia por ciertos delitos, ha sido objeto de debate en México por su potencial para violar derechos básicos como la presunción de inocencia. La propuesta de López Obrador, parte de un amplio paquete de reformas constitucionales, ha sido calificada por activistas y organismos defensores de derechos humanos como una medida regresiva que ignora las obligaciones internacionales del Estado mexicano y las directrices de la Corte Interamericana.
La denuncia prevista ante la Corte Interamericana se sustenta en la acusación de que la iniciativa presidencial constituye un desacato a sentencias previas que condenaron a México por el uso indebido de la prisión preventiva oficiosa. Víctimas reconocidas por la Corte en casos emblemáticos contra el estado Mexicano, como Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, han expresado su alarma ante lo que ven como una persistencia en políticas judiciales que han sido explícitamente censuradas en el ámbito internacional.
No solo la Corte Interamericana ha señalado a México por esta materia. Desde su constitucionalización en 2008, la prisión preventiva oficiosa ha sido criticada por una amplia gama de entidades internacionales, incluidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios comités de la ONU y procedimientos especiales del sistema de las Naciones Unidas. Estas instituciones han cuestionado la compatibilidad de esta figura con los estándares internacionales de derechos humanos, argumentando que compromete principios fundamentales como el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
Frente a estas críticas, el llamado a la acción es claro: el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión deben mostrar una voluntad política genuina para reformar la Constitución en consonancia con las sentencias de la Corte Interamericana y las recomendaciones de otros organismos internacionales. Eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución no solo sería un paso hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México, sino también una muestra de compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país.
La inminente denuncia ante la Corte Interamericana pone de relieve un momento crítico para México en el escenario internacional de los derechos humanos. La iniciativa de AMLO, lejos de ser un asunto interno, se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre las políticas de seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales. La comunidad internacional, así como la sociedad civil mexicana, esperan con expectación las acciones que tomará el gobierno frente a este desafío, esperando que se privilegie la protección de los derechos humanos sobre las medidas consideradas regresivas y contrarias a los compromisos internacionales del país.
En este escenario, la denuncia no solo representa un reto legal para el gobierno de López Obrador, sino también una llamada de atención sobre la importancia de alinear las políticas de seguridad y justicia con los estándares internacionales de derechos humanos. La respuesta del Estado mexicano a esta controversia será determinante no solo para su imagen en el ámbito internacional, sino también para la confianza de sus ciudadanos en el compromiso del gobierno con la justicia, la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
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