El presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido un nuevo ataque contra las aerolíneas comerciales en México, mismas que él ya no utiliza, una situación que ha suscitado preocupación y debate en el país. Esta lucha se centra en su persistente esfuerzo por trasladar paulatinamente las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto de Santa Lucía, a pesar de las objeciones de las aerolíneas y los usuarios.
Para comprender completamente esta situación, es importante retroceder y recordar que el presidente López Obrador inició su gobierno con un enfoque claro en la austeridad y la eliminación de lo que consideraba gastos innecesarios. Uno de sus primeros movimientos emblemáticos fue la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y su sustitución por el Aeropuerto Felipe Ángeles, inaugurado en marzo de 2022.
Sin embargo, el Aeropuerto Felipe Ángeles carece de un plan integral que incluya vías de acceso adecuadas, conectividad con otros aeropuertos y servicios esenciales como hoteles y comercios. Esta falta de infraestructura ha llevado a que las aerolíneas y los pasajeros lo vean como una opción poco viable y, en consecuencia, no lo utilicen en gran medida.
El presidente López Obrador ha respondido a esto insistiendo en trasladar las operaciones del AICM al Aeropuerto de Santa Lucía. Esta semana, el gobierno federal declaró oficialmente la saturación del AICM en el Diario Oficial de la Federación, lo que resultará en una reducción temporal de los vuelos, de 52 a 43 operaciones por hora, a partir del 28 de octubre.
Las principales aerolíneas del país, incluyendo a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús, han advertido sobre las afectaciones que esto causará a los pasajeros, a los trabajadores y a la conectividad del aeropuerto capitalino. Además, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) ha pedido al gobierno una mayor precisión técnica y operativa en relación con estos cambios, así como una coordinación más estrecha con todos los actores de la industria aérea.
Una de las cuestiones que ha generado controversia es la aparente falta de consideración por parte del presidente López Obrador hacia las opiniones de los organismos internacionales y las preocupaciones de las aerolíneas. Cabe señalar que él mismo ha dejado de utilizar aviones comerciales desde finales del año pasado debido a problemas de salud, quejas de los pasajeros y la complejidad logística. En cambio, utiliza aviones privados Gulfstream de la Secretaría de la Defensa Nacional para sus giras, como la que realizará este fin de semana en el sureste de México, donde pronunciará su Quinto Informe de Gobierno.
Además, ha existido una percepción de desdén por parte del presidente hacia las aerolíneas privadas en general, en parte debido a que algunos de los principales accionistas de estas aerolíneas son considerados sus adversarios políticos. Además, gran parte de su base de votantes no suele utilizar vuelos comerciales, lo que ha llevado a que algunas voces críticas lo describan como “aspiracionista”.
Obligar a que los pasajeros y las aerolíneas utilicen el Aeropuerto de Santa Lucía a través de decretos ha sido visto por algunos como un acto de desesperación y autoritarismo por parte del Presidente. Además, si las aerolíneas no trasladan su oferta de vuelos al Aeropuerto de Santa Lucía, esto podría resultar en un aumento de las tarifas aéreas, lo que a su vez podría contribuir a una mayor inflación en el país.
En resumen, la relación entre el presidente López Obrador y las aerolíneas comerciales en México es compleja y tensa, y las decisiones relacionadas con la reubicación de operaciones aéreas han generado una serie de preocupaciones económicas y operativas. Esta situación sigue siendo un tema de interés y debate en México mientras se desarrolla y evoluciona en el tiempo.
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