Un llamado a garantizar elecciones libres de violencia
En el contexto de las próximas elecciones del 2 de junio, la situación de seguridad para los candidatos a distintos cargos de elección popular ha tomado un giro preocupante, evidenciado por el número significativo de aspirantes que han solicitado protección federal. Hasta el momento, 200 candidatos han hecho tal solicitud a través de sus partidos al Instituto Nacional Electoral (INE), según informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Del total de solicitudes, 186 candidatos ya cuentan con protección federal, asignada tras un análisis de riesgo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Mientras tanto, 11 candidatos han declinado la protección y 3 más están en proceso de evaluación. Este escenario subraya la imperiosa necesidad de garantizar procesos democráticos libres de violencia, una premisa fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en el país.
La protección a los candidatos se enmarca dentro de un protocolo que inicia con la petición al INE, seguido de la comunicación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para coordinar acciones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Guardia Nacional (GN) y determinar el nivel de riesgo. Este proceso refleja el compromiso de las autoridades para salvaguardar la integridad de los aspirantes y asegurar que las campañas electorales se desarrollen en un ambiente de seguridad y paz.
Elecciones libres de violencia
La importancia de proteger a los candidatos va más allá de la seguridad individual; es un requisito esencial para preservar la integridad del proceso electoral. “La violencia contra los candidatos no solo pone en riesgo sus vidas, sino que también amenaza la democracia, al intimidar y silenciar voces importantes en el debate público”, señala el Dr. Jorge Chabat, experto en seguridad y política. “Es fundamental que el estado garantice condiciones seguras para todos los participantes en el proceso electoral, como base para una democracia saludable y competitiva”.
Otro aspecto crítico es el mensaje que el estado mexicano envía con estas acciones. “Al proporcionar protección a los candidatos amenazados, el gobierno demuestra su compromiso con la preservación de los principios democráticos y el respeto por los derechos humanos”, afirma la Dra. Ana María Salazar, analista política y ex funcionaria de defensa de EE. UU. “Sin embargo, es crucial que estas medidas sean parte de una estrategia más amplia que aborde las causas subyacentes de la violencia política y el crimen organizado”.
En un momento en que México se prepara para una de sus jornadas electorales más significativas, la protección de los candidatos se convierte en un símbolo de la lucha contra la violencia política y un recordatorio de que la seguridad es la piedra angular de cualquier democracia. Las autoridades y la sociedad en su conjunto deben unirse en este esfuerzo, trabajando incansablemente para asegurar que el proceso electoral se desarrolle en un marco de tranquilidad, respeto y libre expresión, pilares indiscutibles de cualquier sociedad que aspire a ser verdaderamente democrática.
