Las campañas concluyeron ayer y hoy empezó el llamado “periodo de reflexión” previsto en la ley electoral para que las y los ciudadanos podamos hacer una cavilación final sobre el sentido de nuestro voto de cara a la elección del próximo domingo 2 de junio.
En su artículo “Buenas razones para definir el voto”, publicado en El Universal, el ex Consejero Presidente del INE y actual investigador de la UNAM, Lorenzo Córdova Vianello, refiere que durante meses, hemos escuchado a las diferentes candidaturas presentarnos sus diagnósticos sobre los problemas nacionales y sus propuestas para resolverlos, en lo que hoy queda claro fueron precampañas anticipadas. Estos han sido tiempos de promesas, críticas, propuestas (tal vez estas últimas más escasas y sustantivas de lo que hubiera sido deseable) y también de muchas mentiras.
Una de las razones más importantes para decantar nuestro voto es el elemento que introdujo el presidente López Obrador al presentar 18 iniciativas de reforma constitucional y dos de cambios legales el pasado 5 de febrero, conocido como “Plan C”, que propició un masivo rechazo ciudadano expresado en las concentraciones masivas en varias ciudades del país.
Desde el arranque de las campañas, Claudia Sheinbaum señaló que hacía suyas esas propuestas y se comprometió a impulsarlas en caso de ganar la Presidencia. Por el contrario, tanto Xóchitl Gálvez como Álvarez Máynez las rechazaron y criticaron.
Los distintos posicionamientos se reiteraron abiertamente en el último debate presidencial, en donde pudimos conocer con claridad y sin ambigüedades qué concepción de democracia tiene cada una de las candidaturas.
El “Plan C”, supone una serie de cambios a nuestra Carta Magna y es particularmente nocivo porque implica un desmantelamiento de cuatro pilares institucionales en el cual se sustenta la entera construcción de nuestra democracia constitucional.
Prácticamente reitera la fallida iniciativa de reforma electoral presentada hace dos años (el “Plan A”), que pretende desaparecer al INE y sustituirlo por una autoridad encargada de realizar todas las elecciones del país, y cuyos consejeros serían elegidos por el voto popular, garantizando su politización.
Se plantea una reforma a los poderes judiciales donde todos los jueces, magistrados y ministros del país serían también electos popularmente, convirtiéndolos en representantes de los intereses de las mayorías y no garantes de la aplicación imparcial de la ley.
Se pretende desaparecer a los legisladores de representación proporcional y a las senadurías de primera minoría, con lo que en el Congreso solamente estaría representada la fuerza política mayoritaria.
Finalmente se pretende desaparecer a los organismos constitucionales autónomos y la asunción de sus funciones por el gobierno, como ocurría antes de su surgimiento, en las épocas del presidencialismo autoritario.
Se trata de un auténtico plan de restauración autoritaria que las y los electores podemos avalar o impedir con nuestro voto. Ése es el poder de nuestro sufragio y en nuestras manos está la decisión.
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