La Iglesia advierte: ¡El crimen es una amenaza latente para nuestra democracia!

Entrevista con el padre jesuita Jorge Atilano, director ejecutivo de Diálogos por la Paz

En un momento crítico para México, donde la sombra del crimen organizado se extiende ominosamente sobre la estructura misma de su democracia, voces autorizadas dentro de la iglesia y la política se elevan en un llamado conjunto para enfrentar esta amenaza creciente. La reciente firma del “Compromiso por la Paz” por destacados aspirantes a la presidencia —Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, y Jorge Álvarez Maynez—, bajo la guía espiritual y moral de la iglesia católica y la sociedad civil, marca un momento decisivo en la historia contemporánea del país.

Para el padre jesuita Jorge Atilano, Director Ejecutivo de Diálogos por la Paz de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la intervención del crimen organizado en los procesos democráticos ha cruzado un umbral alarmante. Con una influencia que ya no se limita al tradicional tráfico de drogas, estas organizaciones criminales han diversificado sus operaciones hacia negocios ilícitos como la minería, la tala ilegal, el robo de combustible (huachicol), y el cobro de piso, erosionando no solo la economía formal sino el tejido social mismo de la nación. Más preocupante aún es la cooptación de gobiernos municipales, una estrategia que les permite a estos grupos criminales consolidar su poder, financiar sus operaciones y ejercer un control territorial que desafía abiertamente al Estado.

Esta realidad, según el padre Atilano, pone en riesgo la democracia del país. Su diagnóstico es claro: México se encuentra ante una encrucijada donde la respuesta no puede ser simplista ni reducida a falsas dicotomías de “abrazos no balazos”. La complejidad del problema demanda soluciones igualmente complejas, que aborden tanto las causas inmediatas como las estructurales de la violencia y la inseguridad.

En entrevista con Voces en Red, de Ciudadanos en Red, el padre Atilano advierte sobre la necesidad de repensar el papel de la Guardia Nacional, sugiriendo una desmilitarización que permita enfocarse en la reconstrucción del tejido social y en la creación de un sistema de justicia confiable y accesible para todos los mexicanos. La desvinculación social, el individualismo exacerbado, y la percepción de la ilegalidad como una vía legítima hacia el éxito son síntomas de una crisis más profunda que requiere una respuesta institucional y social integral.

Frente a este escenario, el “Compromiso por la Paz” no solo representa una iniciativa política, sino un llamado a la nación a unirse más allá de las divisiones partidistas, a dialogar y gestionar juntos la política pública necesaria para enfrentar estos desafíos. Las acciones propuestas —que incluyen desde el rediseño del sistema penitenciario hasta la protección de los derechos humanos, pasando por la fortaleza de las policías municipales y la atención a las violencias contra grupos vulnerables— delinean un camino hacia la reconstrucción del país.

Los tentáculos del crimen alcanzan a la administración pública

El padre Jorge Atilado explica cómo el crimen organizado ha extendido sus tentáculos más allá de los límites tradicionales de la delincuencia, infiltrándose en el corazón mismo de la administración pública de numerosos municipios mexicanos. Esta escalada no solo evidencia la audacia sin precedentes de estas organizaciones criminales, sino que también pone de manifiesto una crisis de gobernabilidad que amenaza con socavar los cimientos de la democracia en el país. Con estrategias cada vez más sofisticadas, el crimen organizado ha logrado cooptar, intimidar o incluso reemplazar a las autoridades locales, convirtiendo a los municipios en piezas de un tablero de ajedrez manipulado a su antojo.

La diversificación de las actividades criminales ha llevado a estas organizaciones a buscar el poder directo, mediante la infiltración en las estructuras de gobierno municipales. Ya no se contentan con operar desde las sombras; el objetivo ahora es controlar abiertamente las decisiones políticas y económicas a nivel local. Este poder les permite no solo asegurar la impunidad para sus actos, sino también acceder a recursos públicos, otorgar contratos a empresas afines y ejercer una influencia decisiva en el desarrollo territorial y económico de las regiones bajo su control. La extorsión, el cobro de piso y la explotación ilegal de recursos naturales se han convertido en fuentes de financiamiento que complementan el tradicional tráfico de drogas, aumentando exponencialmente su capacidad para corromper y coaccionar.

La situación es particularmente grave en aquellos municipios donde el crimen organizado ha logrado establecer un gobierno paralelo, dictando las reglas y suplantando las funciones del Estado. En estos lugares, el tejido social se erosiona a un ritmo vertiginoso, la confianza en las instituciones se desvanece y la población queda atrapada en un ciclo de miedo y resignación. La participación ciudadana en los asuntos públicos se reduce drásticamente, ya que las decisiones son tomadas por aquellos que tienen el poder de las armas, y no por los representantes legítimamente elegidos por el pueblo.

Este avance del crimen organizado hacia el control de los municipios no solo representa una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, sino que también plantea un desafío existencial para el Estado mexicano. La legitimidad de las autoridades, la eficacia de la justicia y la viabilidad de un orden democrático están en juego. El riesgo es claro: sin una respuesta contundente y coordinada que involucre a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil, México podría enfrentarse a una fragmentación del poder estatal y a una pérdida irrecuperable de su soberanía democrática.

Visiones contrapuestas hacia la desmilitarización

En la continua búsqueda de soluciones ante la crisis de violencia y el avance del crimen organizado en México, la figura del padre Jorge Atilano se alza no solo como mediador sino también como un observador crítico de las respuestas gubernamentales ante estas amenazas. El director ejecutivo de Diálogos por la Paz profundiza en la complejidad del desafío que enfrenta el país, resaltando la importancia de un compromiso genuino por parte de los líderes políticos hacia la reconstrucción del tejido social y la paz.

Una figura central en este debate fue Claudia Sheinbaum, cuya firma del “Acuerdo Nacional por la Paz” se realizó “bajo reservas”. Estas reservas se centran en desacuerdos sobre el diagnóstico presentado en el acuerdo respecto a la situación actual del país, la seguridad y, de manera significativa, en el tema de la militarización. Atilano subraya la importancia de estas observaciones, que reflejan la diversidad de visiones sobre cómo enfrentar la inseguridad y la violencia. La disposición de Sheinbaum para firmar el acuerdo, aun con reservas, demuestra un reconocimiento de la urgencia del diálogo nacional, pero también señala las tensiones inherentes en el debate sobre la estrategia de seguridad del país.

La Conferencia del Episcopado Mexicano y Diálogos por la Paz han aportado significativamente al entendimiento de la crisis a través de estudios enfocados en la reconstrucción del tejido social y las prácticas efectivas de policías municipales y organización comunitaria. Los hallazgos de estas investigaciones apuntan a la creación de redes territoriales ciudadanas y la capacitación de policías con perspectiva de proximidad como factores clave para la reducción sostenida de índices delictivos en varios municipios entre 2010 y 2020.

Esta evidencia refuerza la postura de Atilano sobre la necesidad de desmilitarizar la Guardia Nacional y fortalecer las instituciones policiales locales. Argumenta que solo mediante el fortalecimiento de la policía municipal y el establecimiento de vínculos de confianza con la comunidad es posible crear condiciones para que el ejército regrese a los cuarteles. La proximidad de la policía a la comunidad, su conocimiento sobre la dinámica delictiva local y su capacidad para adaptarse a cambios son contrastados con la rigidez estructural del ejército, menos efectivo en ambientes de alta delincuencia debido a su naturaleza y estructura de mando militar.

La desmilitarización, más que un fin en sí mismo, es vista como un paso necesario hacia la reconstrucción de una sociedad segura, justa y pacífica. La diversidad de opiniones entre los firmantes del “Compromiso por la Paz” no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para enriquecer el diálogo y encontrar soluciones que reflejen la complejidad de la crisis que enfrenta México.

El papel constructivo de la Iglesia en la crisis de inseguridad

La polarización, exacerbada desde esferas gubernamentales, según el padre Atilano, añade otra capa de complejidad a la crisis. La simplificación de la realidad en dicotomías de “bueno vs. malo” o “arriba vs. abajo” dificulta aún más el entendimiento y la colaboración necesarios para abordar efectivamente el problema de la violencia. Frente a esta realidad, la propuesta de la Iglesia, basada en el análisis y la investigación, busca proporcionar herramientas para una comprensión más matizada de la situación, enfatizando que la solución requiere del compromiso y la acción conjunta de todos los sectores de la sociedad: gobierno, ciudadanía, iglesia y sociedad civil.

El papel de la Iglesia Católica como mediadora en conflictos, incluso cuando estos involucran a organizaciones criminales, como ha ocurrido en Guerrero, destaca su compromiso con la paz y la resolución de conflictos. Atilano aclara que la intervención de la Iglesia en tales situaciones se da a petición de las partes involucradas, actuando como facilitadora del diálogo en busca de acuerdos pacíficos. Esta función mediadora, lejos de ser una novedad, es vista como parte de la vocación histórica de la Iglesia de intervenir en conflictos de toda índole, siempre con el objetivo de preservar la vida y promover la paz.

La complejidad de la crisis de violencia en México demanda soluciones igualmente complejas y multifacéticas. En este contexto, el liderazgo moral y social de la Iglesia, junto con su capacidad de convocar al diálogo y la reconciliación, se presenta como un recurso invaluable. El llamado a la unidad y al trabajo colaborativo, lejos de las polarizaciones destructivas y con un enfoque en la reconstrucción del tejido social, resuena como un eco urgente en un país en búsqueda de paz y estabilidad.