En medio de la controversia por la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, surge la voz de un experto abogado penalista y estudioso de la Constitución que revela las verdaderas intenciones del presidente y sus partidos afines para intentar desmantelar a uno de los Poderes de la Unión; el Judicial.
El doctor en derecho Julio Hernández Barros, desnudó la complicidad del Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y del Poder Legislativo, para desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, que no se han sometido a las voluntades del tabasqueño.
Incluso advirtió -sin pruebas, pero también sin dudas- que no es coincidencia que la intención del oficialismo de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial se dé en vísperas de las elecciones federales del 2024. Al fin y al cabo, los 15 mil millones de pesos de 13 de los 14 Fideicomisos no les caerían mal a los partidos y candidatos incondicionales.
En una entrevista exclusiva con Voces en Red, el abogado Julio Hernández Barros enfatizó la importancia del equilibrio entre los poderes del Estado en una democracia. Según sus palabras, “para que un país sea verdaderamente demócrata, necesitan estos 3 poderes estar fortalecidos y estar en igualdad de circunstancias.”
Hernández Barros advirtió sobre la influencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo en México, señalando:
“Si diputados y senadores le deben el cargo al Presidente de la República, como ocurre en nuestro país, pues tenemos un Poder Legislativo que de poco sirve.”
Con relación a esta situación, el abogado planteó la preocupación de que un Congreso dependiente representa “un enorme gasto para el país” y cuestiona la eficacia de la representación legislativa. Recalcó que restaurar el equilibrio entre los tres poderes es esencial. “
No se trata de eliminar uno de los poderes, sino de garantizar que cada uno de ellos funcione de manera independiente y eficaz.”
El abogado Julio Hernández Barros, expresó su profunda preocupación sobre la creciente injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial y sus posibles consecuencias para la democracia.
Hernández Barros enfatizó que esta injerencia es “catastrófica” y podría resultar en un “desmoronamiento de la democracia.” Señaló que la falta de equilibrio entre los poderes esenciales en una democracia debilitaría la capacidad del poder judicial para cumplir con su función de garantizar el Estado de derecho.
Rechazó la idea de que esta medida esté destinada a eliminar supuestos privilegios de los ministros de la Corte, calificándola como una “falacia” y un “discurso hueco”. En cambio, Hernández Barros argumentó que esta injerencia representa un intento de debilitar el Poder Judicial sin justificación legítima.
En medio del acalorado debate sobre la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, las declaraciones del experto legal arrojan luz sobre el riesgo de extorsión al que podría estar sometido el poder judicial. Expresó su preocupación sobre la delicada situación en la que se encuentra el Poder Judicial y la posible presión que podría enfrentar.
“Pues por supuesto que el poder judicial corre un gran riesgo”.
El experto señaló que si el Poder Judicial se viera en la necesidad de emitir fallos favorables al presidente u otros poderes a cambio de obtener fondos necesarios para su funcionamiento, estaríamos en presencia de una extorsión. Hizo hincapié en que esto no se trata de dádivas o corrupción, sino de la satisfacción de necesidades esenciales para la operación del poder judicial.
El gobierno ya ha tomado control de varios fondos, lo que ha dejado a estados como Sinaloa y Baja California en apuros, especialmente en lo que respecta a la prevención de desastres. La situación se vuelve aún más crítica a medida que se acercan las elecciones federales del 2024.
El abogado sugirió que los fondos disponibles para el Poder Judicial, que ascienden a 15 mil millones de pesos, podrían ser utilizados con fines electorales. Estas declaraciones subrayan la importancia de preservar la independencia y la integridad del Poder Judicial como pilar fundamental del sistema de justicia en México.
Hernández Barros expresó su preocupación sobre varios aspectos críticos relacionados con la independencia y la integridad del Poder Judicial. El abogado dejó en claro que su enfoque se centra en la protección de los ciudadanos a través del sistema judicial en México, y que no se trata de un beneficio individual para ningún ministro en particular.
“No es la Ministra Piña ni los ministros que la acompañan quienes se ven favorecidos; es el fortalecimiento del Poder Judicial y la independencia frente al Poder Ejecutivo”.
Resaltó la importancia de preservar la equidad entre ambos poderes y subrayó que lo que está en juego no son las prerrogativas de un solo ministro o grupo de ministros, sino la integridad del poder judicial en su conjunto. Esta integridad es esencial para garantizar la autonomía, independencia, eficiencia y eficacia del sistema judicial.
El abogado también advirtió sobre el papel que la Corte Suprema podría desempeñar en futuras decisiones relacionadas con la constitucionalidad de reformas legislativas. Sostuvo que la Corte podría ser presionada para declarar inconstitucionales reformas que beneficien al poder ejecutivo, lo cual no sería saludable para la democracia.
“En las manos de la Corte va a estar declarar la inconstitucionalidad de la reforma en su propio beneficio y eso tampoco es sano, es decir, por qué la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y el propio ejecutivo están colocando a la Corte en esa posición. Yo te voy a decir la respuesta, para desprestigiarla”.
En la entrevista exclusiva con Voces en Red, el abogado Julio Hernández Barros arrojó luz sobre un fenómeno preocupante que ha afectado la percepción pública en México en los últimos años: la desinformación y la manipulación de la información.
Hernández Barros destacó que en la última década, el país ha sido testigo de una serie de afirmaciones por parte del presidente de la República que desafía la realidad y genera escepticismo en la sociedad. Desde el controvertido Tren Maya que supuestamente no impactaría a ningún árbol hasta la promesa de que el Aeropuerto de Santa Lucía sería tan exitoso como el de Atlanta, se han difundido declaraciones que, según el abogado, “desinforman o manipulan la información”.
Uno de los aspectos que más preocupa a Hernández Barros es la actitud hacia los órganos autónomos y semiautónomos en México. Señaló al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos como enemigos percibidos por el presidente.
El abogado concluyó al expresar su preocupación por los intentos de desaparecer o apoderarse de estos órganos autónomos. En particular, destacó el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde el presidente nombró a una funcionaria afín a sus creencias, lo que generó preocupación sobre la protección de los derechos humanos y la emisión de recomendaciones contra las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno.
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