En los últimos cinco años, el asesinato de mujeres en México ha alcanzado cifras alarmantes, aumentando cada año sin freno. Para el año 2022, se registraron once mujeres asesinadas al día y en el 2023 la tendencia se ha mantenido, mientras que solo el 2% de los casos terminó con una sentencia condenatoria. A pesar de los posicionamientos gubernamentales sobre la disminución de la violencia contra la mujer, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con víctimas aseguran que la violencia feminicida en el país está lejos de mejorar.
La organización Impunidad Cero ha realizado un estudio denominado “Índice de Impunidad en homicidio doloso y feminicidio” para visibilizar esta problemática y analizar las capacidades institucionales y de investigación de las autoridades estatales para combatir estos delitos. El informe arroja hallazgos alarmantes, como que solo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos en seis años, y menos de la mitad de esos 7 feminicidios registrados han concluido con una sentencia condenatoria. Además, a pesar de la resolución de la SCJN que establece que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio, solo el 27% de las muertes violentas de mujeres fueron tratadas como feminicidios.
Impunidad Cero revela que siete de cada 10 homicidios intencionales fueron cometidos con armas de fuego, tanto para mujeres como para hombres.
Las altas tasas de feminicidio, combinadas con un historial deficiente de llevar a los perpetradores ante la justicia, particularmente a los ricos y poderosos, han convertido a México en el país más peligroso para las mujeres en América Latina, según la ONU.
El Estado de México encabeza la lista con 25 casos de feminicidio; le siguen Oaxaca con 20, Veracruz con 19, Nuevo León con 15, Ciudad de México con 14, y Chiapas y Chihuahua con 10 cada uno. Estos siete estados acumulan más del 50% del total de feminicidios registrados en el país.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Juárez en Chihuahua es el más peligroso, con seis casos de feminicidios acumulados durante el primer trimestre del año, y una tasa de 0.80 por cada 100 mil mujeres. En segundo lugar aparecen Iztapalapa, en la Ciudad de México, y Toluca de Lerdo, en el Estado de México, con cinco casos cada uno, con tasas de 0.54 y 0.99 por cada 100 mil mujeres, respectivamente.
Ante este contexto, las familias de las víctimas se enfrentan a un laberinto en su búsqueda de justicia. Un caso representativo es el de Frida Santamaría García, quien fue asesinada en Michoacán. De acuerdo con el reporte de France 24, a pesar de que su novio confesó haberle disparado, la fiscalía redujo los cargos en su contra a homicidio involuntario, lo que le permitió acceder a un proceso judicial abreviado y una pena de prisión de tan solo tres años con posibilidad de libertad condicional. Esta situación pone en evidencia la impunidad y la falta de castigo a los responsables de los feminicidios.
Otro caso emblemático es el de Debanhi Escobar, quien desapareció en Monterrey y fue encontrada 13 días después en la cisterna de un hotel. En un artículo elaborado por la periodísta Beatriz Guillén, para El País, a pesar de las investigaciones y las exhumaciones, a más de un año no hay detenidos ni respuestas sobre quién la mató y por qué.
México: una nación feminicida
En su artículo sobre el caso de Frida Santamaía, Frances 24 destaca que las altas tasas de feminicidio en México, combinadas con la falta de respuesta del Estado y la impunidad, han llevado a que se considere al país como una “nación feminicida”. Aproximadamente 3,750 mujeres fueron asesinadas y casi 100,000 desaparecieron en 2021. Sin embargo, solo 1,004 casos fueron investigados como feminicidios, lo que muestra el incumplimiento de las autoridades en la protección de los derechos humanos de las mujeres.
La lucha por la justicia para las víctimas y sus familias se encuentra plagada de obstáculos. La corrupción y la impunidad prevalecen en muchos casos, especialmente cuando los perpetradores son personas con poder político o conexiones influyentes.
El caso de Frida Santamaría García y Debanhi Escobar ejemplifican la crisis de impunidad que se vive en México respecto a los feminicidios. La falta de justicia y castigo para los responsables, especialmente aquellos que tienen conexiones políticas o económicas, contribuye a perpetuar la violencia de género y la impunidad en estos delitos.
El aumento alarmante de los feminicidios en México es una realidad preocupante. El hecho de que once mujeres sean asesinadas cada día es una cifra alarmante y revela una crisis en la protección de los derechos de las mujeres en el país. Además, el índice de impunidad del 98% para los feminicidios es un indicador claro de que las autoridades están fallando en garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
El caso de Frida Santamaría García y las dificultades que enfrentó su familia en la búsqueda de justicia exponen la falta de apoyo y protección para las víctimas y sus familias. La falta de información, la negligencia en la investigación y la corrupción en el sistema de justicia son obstáculos importantes para lograr una resolución adecuada y transparente en los casos de feminicidios.
Asimismo, el caso de Debanhi Escobar refleja la falta de respuestas y avances en la investigación de los feminicidios. La actuación inadecuada de las autoridades y las inconsistencias en la investigación de su muerte demuestran la urgente necesidad de mejorar el sistema de justicia y garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, transparentes y basadas en la perspectiva de género.
La impunidad y la falta de justicia en los feminicidios son un llamado de alerta para las autoridades mexicanas. Es fundamental que se tomen medidas concretas para combatir la violencia de género y garantizar la protección y seguridad de las mujeres en el país. Esto incluye fortalecer el sistema de procuración de justicia, capacitar a las autoridades para abordar adecuadamente los casos de feminicidio y garantizar que se aplique la perspectiva de género en todas las investigaciones.
Los feminicidios en México son un problema grave que exige una acción urgente y efectiva por parte de las autoridades. La crisis de impunidad y la falta de justicia para las víctimas y sus familias deben abordarse de manera integral para lograr un cambio significativo en la protección de los derechos de las mujeres en el país. La sociedad civil también debe desempeñar un papel activo en la lucha contra la violencia de género, exigiendo rendición de cuentas y promoviendo una cultura de igualdad y respeto hacia las mujeres. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y segura para todas las personas, independientemente de su género.
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