Propuesta de Ley de Ciberseguridad en México despierta temores de militarización del Internet
La propuesta de la Ley de Ciberseguridad en México, presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier López Casarín, ha desatado una ola de preocupación en el país. Esta iniciativa ha sido objeto de críticas contundentes por parte de diversas organizaciones civiles y empresariales, que sostienen que amenaza gravemente los derechos humanos en el entorno digital y promueve la militarización, además de presentar serias deficiencias que la hacen inviable y peligrosa.
Preocupaciones de Artículo 19
Artículo 19, una organización que trabaja en la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, ha señalado que tanto esta iniciativa como otras presentadas en materia de ciberseguridad carecen de viabilidad tanto constitucional como operativa. Además, estas propuestas no han involucrado de manera adecuada a todas las voces y perspectivas desde una perspectiva multisectorial.
El análisis de la iniciativa presentada por el diputado Javier López Casarín, actual presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 25 de abril, y que pretende discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados en el actual periodo de sesiones, revela diversas preocupaciones fundamentales:
- Militarización de la Ciberseguridad: La iniciativa otorga facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina para llevar a cabo “monitoreo” y “operaciones militares” en el ciberespacio, sin definir con precisión el alcance de estas actividades ni los procedimientos y salvaguardias. Esto plantea el riesgo de un aumento en la vigilancia, el espionaje y la intervención de comunicaciones privadas por parte de las fuerzas armadas, sin autorización adecuada y en violación de la normativa internacional.
- Censura en Internet: La propuesta permitiría que una nueva “Agencia Nacional de Ciberseguridad,” la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades judiciales ordenen la “baja” de direcciones IP, dominios y sitios web de manera discrecional, sin establecer procedimientos o salvaguardias. Estas medidas constituyen censura prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
- Invasiones a la Privacidad: Además de las facultades de “monitoreo” y “operaciones militares en el ciberespacio,” la iniciativa contempla otras facultades y obligaciones que amenazan la privacidad de la población, incluyendo la posibilidad de que la “Agencia Nacional de Ciberseguridad” refuerce actividades de inteligencia o la obligación de particulares de entregar información a las autoridades sin claridad sobre procedimientos y salvaguardas contra posibles abusos.
- Delitos Informáticos Amplios y Vagos: Los tipos penales propuestos en la iniciativa son amplios, vagos e imprecisos, lo que podría dar lugar a la criminalización de conductas legítimas o hacer que su persecución sea prácticamente imposible. Algunos de estos tipos penales amenazan directamente el derecho a la libertad de expresión, lo que resulta inaceptable.
- Deficiente Técnica Legislativa: La iniciativa presenta numerosas deficiencias de redacción que hacen que su implementación sea inviable o absurda. Por ejemplo, se intenta crear un “Registro Nacional de Proveedores de Tecnología para la Intervención de Comunicaciones Privadas,” pero la definición de “Tecnología para la Intervención de Comunicaciones Privadas” es tan amplia y deficiente que podría incluir dispositivos y software comunes. Esto no es suficiente para prevenir, detectar y remediar intervenciones ilegales en comunicaciones privadas.
Artículo 19 lamenta que ni el diputado Javier López Casarín ni la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados hayan permitido una participación efectiva de la sociedad civil en la elaboración de esta propuesta. Esto habría evitado la presentación de una iniciativa tan deficiente.
Preocupaciones empresariales
En un comunicado conjunto, varios organismos empresariales también han expresado su preocupación en relación con la Iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad en México. Argumentan que la propuesta plantea riesgos significativos para los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión y la privacidad.
Estos grupos destacan que México se enfrenta a un aumento en los ciberataques y, aunque reconocen aspectos positivos en la iniciativa, como la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, sostienen que la propuesta debe mejorar su fundamento legal y garantizar los derechos humanos y digitales.
Además, hacen un llamado a México para que ratifique el Convenio de Budapest, un acuerdo internacional para combatir los delitos cibernéticos y promover la cooperación internacional en ciberseguridad.
En resumen, la Iniciativa de Ley de Ciberseguridad en México ha generado una amplia preocupación tanto entre organizaciones defensoras de derechos humanos como entre organismos empresariales. Las críticas se centran en aspectos como la militarización, la censura en Internet, la invasión de la privacidad y los delitos informáticos, así como las deficiencias técnicas en la redacción del proyecto. Se exige un enfoque más inclusivo y serio para garantizar la protección de derechos humanos en el entorno digital.
