El fin del sexenio se acerca y con él llegan las últimas propuestas legislativas del presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. En un artículo reciente publicado en el periódico El Universal, Carlos M. Urzúa desglosa las veinte iniciativas que pueden clasificarse en tres grupos distintos, revelando un panorama variado que abarca desde lo trivial hasta lo preocupante.
El primer grupo incluye iniciativas que se han convertido en lugares comunes debido a la insistencia del presidente en mencionarlas. Entre ellas se encuentra la propuesta de limitar los salarios de los funcionarios públicos y la extinción de organismos autónomos, aunque el autor señala con ironía las contradicciones inherentes en estas sugerencias.
En el segundo grupo se encuentran propuestas que rayan en lo trivial e incluso contienen elementos humorísticos. Por ejemplo, López Obrador ha sugerido cambiar el término “empresas productivas del Estado” por “empresas públicas del Estado” en la Constitución, además de proponer la prohibición de los “vapeadores” o cigarrillos electrónicos.
El tercer grupo, y quizás el más preocupante, es el de las iniciativas que abordan temas de sustancia y que podrían tener repercusiones significativas en el sistema político y económico del país. Una de estas propuestas es reformar el sistema electoral, con cambios que podrían beneficiar al partido en el poder en las próximas elecciones. Otras iniciativas peligrosas incluyen modificaciones al sistema de pensiones que podrían tener un impacto financiero considerable a largo plazo.
En su análisis, el ex secretario de Hacienda destaca la variedad de iniciativas propuestas por el presidente López Obrador, desde aquellas que pueden ser consideradas distractores políticos hasta aquellas que plantean riesgos reales para el futuro del país. Con el fin del sexenio a la vista, queda por verse cómo estas propuestas serán recibidas y evaluadas por el Congreso y la sociedad en general.
Finalmente, Carlos Urzúa destaca que lo más absurdo es que el presidente cree que el dinero que se requeriría hoy, más de 60 mil millones de pesos, puede salir del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de las utilidades del Tren Maya y el AIFA. Lo que es no tener idea de la situación financiera de esos organismos. El instituto tiene más pasivos que activos y sus elefantes blancos tendrán pérdidas por mucho tiempo.
Fuente: “Veinte distractores presidenciales” por Carlos M. Urzúa, publicado en El Universal.
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