En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha emitido un enérgico llamado a las instituciones de seguridad e inteligencia en México para que abran sus archivos y cooperen de manera transparente en la investigación y esclarecimiento de la crisis de desapariciones en el país, que ha dejado a más de 110,000 personas sin localizar.
La ONU-DH insta a una colaboración activa para resolver el paradero de las personas desaparecidas y responsabilizar a aquellos que han tenido participación en estas tragedias. En este sentido, subraya que los órganos de seguridad e inteligencia deben sumarse a los avances normativos e institucionales ya existentes en México, contribuyendo así a la búsqueda de la verdad, la realización de investigaciones sólidas y la plena transparencia en el quehacer gubernamental.
Las recientes dificultades señaladas por organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en su acceso a ciertos archivos han generado preocupaciones significativas. En este sentido, la negativa por parte de centros de inteligencia y fuerzas armadas a proporcionar información es una violación directa del decreto presidencial de libre acceso a la información.
La ONU-DH insiste en que estas acciones no solo erosionan los derechos de las víctimas, sino que también minan el derecho fundamental de la sociedad a estar informada, erosionan la confianza en las instituciones y contradicen las normativas y directrices que emanan incluso de las autoridades estatales más altas.
En consonancia con estas preocupaciones, Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH, enfatiza que es imperativo garantizar controles civiles y democráticos sobre las actividades de los aparatos de seguridad e inteligencia. Esto es aún más crucial dado que existen evidencias de desviaciones en sus funciones en ciertas ocasiones. Los aparatos de seguridad deben operar dentro del marco legal y perseguir objetivos legítimos.
El llamado de la ONU-DH coincide con un sombrío hito para México, ya que el país superó el año anterior la cifra histórica de 110,000 personas desaparecidas desde que comenzaron los registros. Esta cifra es un testimonio de la persistente crisis vinculada a la violencia perpetrada por el crimen organizado.
Las acusaciones de obstaculización de investigaciones por parte de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad, como se evidenció en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, han agravado la desconfianza en las instituciones. Además, la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, la semana pasada, ha levantado sospechas sobre presiones para manipular el censo de desapariciones, acusaciones que el Gobierno niega.
Aunque la ONU-DH reconoce los avances normativos e institucionales en México, considera crucial que los aparatos de seguridad e inteligencia se comprometan plenamente en estos esfuerzos y superen las resistencias que dificultan la colaboración con las entidades especializadas. También hace hincapié en la necesidad de preservar la integridad de los archivos y registros esenciales para salvaguardar los derechos de las víctimas, tal como enfatizó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en su visita a México en noviembre de 2021.
