Decisión de Morena y aliados de eliminar fidecomisos paraliza la administración de justicia en el país
En una demostración de descontento y determinación sin precedentes, al menos 60,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación de México han protagonizado un paro nacional que se ha extendido a lo largo de al menos 27 de las 32 entidades federativas del país. Este movimiento, que se prevé que continúe hasta el 24 de octubre, ha sido una respuesta directa a la decisión de los partidos aliados de Morena en la Cámara de Diputados de recortar fondos de 13 de los 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura por un total de más de 15,000 millones de pesos.
El paro ha paralizado las actividades en juzgados, tribunales y áreas administrativas, lo que ha resultado en la suspensión temporal de la administración de justicia en México. Los trabajadores argumentan que los recortes propuestos amenazan sus derechos laborales y la independencia del Poder Judicial, lo que ha desencadenado un acalorado debate sobre la separación de poderes y la política en el país.
En la ciudad de México la fuerza policial del gobierno ha replegado con sus escudos antimotines a empleados judiciales para liberar carriles en importantes avenidas de la capital del país especialmente en Periférico Sur e Insurgentes, lo que ha suscitado una serie de enfrentamientos entre los trabajadores inconformes con las fuerzas del orden público conocidos anteriormente como “granaderos”, quienes en el discurso oficialista, se supone que ya no existían.
Cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan por tercer día bloqueos y protestas en diversos puntos de la Ciudad de México, luego de anoche la Cámara de Diputados aprobó en lo particular y en lo general la eliminación de 13 fideicomisos.
Grupos dede manifestantes mantiene bloqueada la circulación en el cruce de Paseo de la Reforma y Balderas, en la zona centro de la capital, así como en Insurgentes Sur y Altavista, en la alcaldía Álvaro Obregón; y la avenida Eduardo Molina y Calzada Ignacio Zaragoza.
La molestia es por el recorte que diputados federales hicieron a fideicomisos laborales para ahorrarle al erario 15 mil millones de pesos, sin embargo, acusan que este dinero será utilizado para la campaña electoral de Morena y su futura candidata, Claudia Sheinbaum, para el proceso electoral del próximo año.
Antecedentes de los Recortes Presupuestarios
La raíz de esta histórica movilización se encuentra en una decisión tomada por los partidos afiliados a Morena en la Cámara de Diputados de México. Se aprobó un recorte significativo a los fideicomisos que respaldan al PJF, que afecta a 13 de los 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. Estos recortes totalizan más de 15,000 millones de pesos. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió estos recortes argumentando que buscan eliminar los “privilegios” de la alta burocracia, incluidos ministros de la Suprema Corte y jueces.
En respuesta a los recortes propuestos, miles de trabajadores del PJF se lanzaron a las calles de México para protestar y defender sus derechos laborales. Su preocupación radica en la amenaza que estos recortes representan para sus salarios y prestaciones. El recorte presupuestario propuesto ha llevado a una respuesta unificada por parte de los empleados del Poder Judicial, quienes portan pancartas con mensajes de apoyo a la protección de los derechos laborales y la independencia del Poder Judicial.
Un Paro Nacional sin precedentes
Este paro nacional ha resultado en la paralización de las operaciones en el sistema de justicia de México. Juzgados, tribunales y áreas administrativas del Poder Judicial están sin servicio. Esta interrupción representa una respuesta sin precedentes por parte de los empleados del PJF y ha generado debate sobre el impacto en la impartición de justicia en el país.
Las manifestaciones no se han limitado a la Ciudad de México; se han extendido a más de dos tercios de las entidades federativas de México. Desde la Ciudad de México hasta entidades como el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit y Yucatán, miles de empleados del PJF han salido a las calles para hacer oír sus demandas. Han coreado consignas como “Hamlet, diputado, trabaja un día en juzgado” y “Yo sí trabajo, no hago mañaneras”, en referencia a la práctica del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar conferencias matutinas.
Enfrentamiento político y la independencia del Poder Judicial
Más allá de la respuesta gubernamental a las manifestaciones, la oposición ha denunciado los recortes presupuestarios propuestos, alegando que buscan debilitar el Poder Judicial por razones políticas y socavar la independencia judicial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido los recortes argumentando que no afectan a los trabajadores, sino que eliminan los “privilegios” de la alta burocracia. Esta disputa ha provocado un acalorado debate sobre la separación de poderes y el papel del Poder Judicial en México.
La situación continúa siendo fluida, con los trabajadores del PJF comprometidos en su lucha por la defensa de sus derechos laborales y contra los recortes presupuestarios que consideran amenazan la independencia judicial y la impartición de justicia en el país. La votación de la propuesta de recortes en el Senado de la República será crucial en el futuro de este conflicto laboral y político.
El paro nacional de trabajadores del Poder Judicial en México es un evento sin precedentes en la historia del país. Se destaca por la determinación de los empleados judiciales en defensa de sus derechos laborales y la independencia del Poder Judicial. El enfrentamiento político entre el gobierno y la oposición, así como el debate sobre la separación de poderes, han arrojado luz sobre las complejidades de la política y la justicia en México. La persistencia de la protesta y su impacto en el futuro de la administración de justicia en el país continúa siendo una incógnita en constante evolución.
