Inversiones riesgosas y posibles desvíos: La inseguridad en el futuro de los Ahorros de Retiro
El interés del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de sus partidos aliados -Morena, PT y Verde Ecologista- en las modificaciones relacionadas con los fondos de retiro de los trabajadores, parece tener un trasfondo más complejo de lo que se percibe a simple vista.
El presidente y su bancada en el Congreso impulsan estos cambios legislativos para beneficiar a un segmento muy reducido de la población, que incluye principalmente a los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A estos trabajadores, el presidente les habría prometido, a cambio de su apoyo electoral para Morena y sus partidos aliados en las próximas elecciones del 2 de junio, una pensión del 100%.
Adicionalmente, en paralelo a las modificaciones en materia de pensiones, Morena promueve una reforma a la Ley de Amparo. Esta reforma buscaría, entre otras cosas, impedir que los trabajadores que se opongan a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar —establecido sin el consentimiento de los trabajadores y que acumula más de 40 mil millones de pesos— y puedan solicitar la protección de la justicia federal a través del amparo.
Cabe destacar que el amparo es una herramienta legal que permite a los ciudadanos protegerse contra actos de cualquier autoridad mexicana que resulten en la violación de derechos humanos. La reforma propuesta por Morena y ya aprobada en el Senado también pretende limitar severamente la capacidad de la justicia para emitir suspensiones con efectos generales, lo cual es un pilar fundamental para la defensa de la justicia y los derechos ciudadanos en México. La oposición ya anunció que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad.
Según Enrique Díaz-Infante, director de servicios financieros del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la intención detrás de la modificación de la ley de pensiones es percibida no solo como un acto confiscatorio, sino también como un abuso de poder. Durante una entrevista en el programa “Voces en Red” de Ciudadanos en Red, Díaz-Infante también expresó preocupación por la falta de claridad en las reglas de operación del pretendido Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Advirtió que los trabajadores en México no solo corren el riesgo de perder sus ahorros para el retiro, sino que estos podrían ser mal invertidos en proyectos fallidos —conocidos como “elefantes blancos”, como el AIFA, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas— o, en el peor de los casos, desaparecer, ya sea para financiar campañas electorales o para el beneficio económico de unos pocos, lo cual implicaría un posible desvío de recursos.
Expropiación de ahorros y riesgos Legales
Durante la entrevista en el programa “Voces en Red”, el abogado especializado en derechos laborales y financieros ofreció un análisis crítico de las recientes propuestas de reforma en el sistema de pensiones mexicano. Explicó claramente cómo estas reformas pueden ser vistas como un acto de expropiación, describiendo el proceso por el cual los ahorros de los trabajadores se trasladan a un fideicomiso sin su consentimiento explícito.
“El ahorro para el retiro es propiedad de los trabajadores, parte integral de su patrimonio. Cuando estos recursos se transfieren a otro patrimonio, en este caso, un fideicomiso destinado a complementar las pensiones, estamos frente a una expropiación,” afirmó.
“Desde mi perspectiva profesional, esta acción constituye un abuso de poder, especialmente porque se realiza sin obtener el consentimiento de los afectados.”
Enrique Díaz-Infante también argumentó que las motivaciones detrás de estas acciones tienen una clara dimensión política. “La administración actual parece estar evitando una necesaria reforma fiscal para cumplir promesas electorales específicas, como es el caso de la promesa del presidente de otorgar pensiones del 100% al SNTE. En lugar de buscar financiamiento a través de vías legítimas, opta por utilizar los recursos de otros trabajadores.”
Además, destacó la importancia de las elecciones del 2 de junio para la viabilidad de las reformas.
“Las reformas presentadas por el presidente el 5 de febrero, que incluyen 18 cambios constitucionales y dos legales, necesitan de una mayoría amplia en el Congreso que solo se aseguraría con una victoria contundente en las próximas elecciones. Esto explica el papel crucial asignado al SNTE en la movilización electoral a favor del partido en el poder“.
Señaló un aspecto particularmente preocupante: el riesgo que corren los fondos de ahorro de los trabajadores, especialmente los de personas mayores de 70 años que no han reclamado sus recursos. “Estos fondos están en riesgo de ser absorbidos por el fideicomiso sin el control directo de sus titulares, lo que representa una expropiación de facto de su patrimonio,” concluyó, indicando que esto equivale a imponer un “impuesto por vivir más de 70 años”, una medida que consideró injusta y arbitraria.
Malversación en proyectos costosos y obstáculos en la defensa
El director de servicios financieros del CEEY expresó serias preocupaciones sobre el destino de los fondos de retiro de los trabajadores, especialmente aquellos mayores de 70 años, en el contexto de las reformas propuestas. El abogado cuestionó la seguridad de las inversiones futuras de estos ahorros, señalando proyectos controvertidos como el aeropuerto Felipe Ángeles, referido comúnmente como un “elefante blanco”.
“Lo cierto es que no hay garantías sobre cómo se invertirán estos fondos tras la reforma. Pasamos de un sistema con cierta transparencia y reglas claras, gestionado por las Siefores y las Afores, a un sistema en un fideicomiso cuyos criterios de inversión son desconocidos,” afirmó el abogado.
“Esto no solo es expropiatorio, sino que representa un abuso de poder al reemplazar la certeza por una incertidumbre significativa respecto a dónde están invertidos los ahorros y en qué condiciones.”
El experto destacó que el cambio de las reglas para reclamar estos ahorros complica aún más la situación para los jubilados, y subrayó que la suma involucrada asciende a 40,000 millones de pesos.
“Este cambio tiene un impacto desproporcionado en una población vulnerable, que posiblemente no tendrá la capacidad de reclamar sus fondos, los cuales podrían terminar perdidos o malversados para cumplir con promesas políticas“.
Adicionalmente, Enrique Díaz-Infante vinculó estas preocupaciones con las simultáneas propuestas de reforma a la ley de amparo.
“Parece que hay un esfuerzo coordinado para impedir que los trabajadores se amparen contra estas reformas. La modificación propuesta dificulta que los afectados busquen protección legal, ya que requeriría que cada trabajador tramite su amparo individualmente, lo cual es costoso y complicado“.
“Esto sugiere una estrategia para hacer estos recursos inaccesibles y proteger las reformas de desafíos legales. Si la suspensión general del amparo se elimina, se forzaría a los trabajadores a enfrentar estos desafíos uno por uno, disminuyendo sus posibilidades de éxito,” añadió.
Para concluir, el experto propuso que la oposición en el Congreso, que esperaría representar al menos el 33% de sus miembros, debería considerar una acción de inconstitucionalidad contra estas reformas. “Lo adecuado sería impugnar estas reformas a través de una acción de inconstitucionalidad, basada en que contravienen los artículos 103 y 107 de la Constitución, que regulan el amparo,” finalizó, subrayando la importancia de mantener los mecanismos legales que protegen los derechos de los ciudadanos.
Recurso de inconstitucionalidad y un Instituto General de Pensiones
En la parte final de la entrevista con Enrique Díaz-Infante, director de servicios financieros del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), se discutió una alternativa constructiva frente a las recientes iniciativas gubernamentales en materia de pensiones. Díaz-Infante presentó una propuesta desarrollada por el CEEY que busca reestructurar y ordenar el sistema de pensiones en México, que actualmente se encuentra muy fragmentado.
“Nuestra propuesta apunta a la creación de un Instituto General de Pensiones junto con una Ley Marco para el sistema pensionario. Este enfoque intenta consolidar y simplificar la estructura actual, que está demasiado dividida en múltiples esquemas,” explicó Díaz-Infante.
“Contrario a las acciones recientes que parecen favorecer a ciertos grupos a expensas de otros, nuestra visión se orienta hacia una solución equitativa y sostenible que atienda las necesidades de todos los trabajadores.”
Díaz-Infante enfatizó la importancia de abordar el tema de las pensiones como un asunto de justicia social, y criticó la falta de una reforma fiscal adecuada que acompañe las modificaciones en las pensiones.
“Hablar de pensiones sin una reforma fiscal complementaria es insuficiente. La propuesta actual del presidente no aborda los problemas fundamentales del sistema, como su fragmentación y la falta de coordinación entre los distintos esquemas pensionarios“.
Además, mencionó los perjuicios de desviar recursos de áreas críticas como la educación, la salud y la infraestructura para financiar pensiones. “Esta práctica resta capacidad al país para mejorar la movilidad social y el bienestar socioeconómico de la población, resultando en una injusticia intergeneracional,” argumentó.
Díaz-Infante concluyó con un llamado a la acción política y judicial frente a las reformas que considera contraproducentes. “Es crucial que, si estas reformas avanzan, los partidos políticos opositores presenten una acción de inconstitucionalidad. Además, es fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga para evaluar la constitucionalidad de las modificaciones a la ley de amparo, especialmente aquellas que impiden las suspensiones con efectos generales,” finalizó, subrayando la necesidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos frente a cambios legales que podrían limitar su acceso a la justicia.
