En 2025, el Gobierno de federal anunció la creación de una Comisión presidencial para la reforma electoral en México, con el objetivo de “consultar” a la sociedad y abrir un debate tras los fracasos de los llamados “Plan B” y “Plan C”, cuyas partes fueron invalidadas por la Suprema Corte. Encabezada por Pablo Gómez, la comisión busca presentarse como un espacio participativo; sin embargo, la exclusión de la oposición y la integración únicamente por personajes afines al oficialismo generan serias dudas sobre la legitimidad y apertura de este ejercicio ciudadano.
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¿Consultas ciudadanas o simulación política?
El mensaje oficial habla de participación ciudadana, pero en la práctica parece más una consulta sin consecuencias. Aquí es donde el Artículo 35 constitucional cobra un papel central. La fracción VIII, numeral tercero de este artículo, establece claramente que la materia electoral no puede ser objeto de consulta popular. Así lo dice, literalmente:
“No podrán ser objeto de consulta popular […] la materia electoral, el sistema financiero, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.”
Es decir, cualquier “consulta” sobre reforma electoral está, desde su origen, fuera del marco constitucional. Y si no tiene efectos legales, ni puede derivar en una decisión vinculante, entonces no es una verdadera consulta: es una simulación.
Este encuadre legal nos lleva a una pregunta clave: ¿estamos ante un foro ciudadano genuino o ante un montaje político para legitimar decisiones ya tomadas? La Escalera de Participación de Arnstein, referencia clásica en temas de gobernanza, distingue tres niveles: no participación, tokenismo (simulación) y poder ciudadano real. Sin voto vinculante, sin incidencia efectiva en el proyecto de ley y sin una respuesta clara del gobierno a cada propuesta, los foros suelen ubicarse en el peldaño intermedio: el del tokenismo. Es decir, foros en apariencia participativos, pero que no otorgan ningún poder real a la ciudadanía.
Experiencias internacionales de consultas ciudadanas
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. En Irlanda, una Asamblea Ciudadana sorteada propuso cambiar la Constitución sobre el aborto. Luego, en referéndum, la propuesta fue aprobada por dos tercios del electorado.
En Columbia Británica, Canadá, una asamblea ciudadana propuso un nuevo sistema electoral, que alcanzó el 57.7% del voto, aunque no superó el umbral legal del 60%.
En Francia, el Grand Débat convocado por Macron en 2019 tuvo gran despliegue participativo, pero enfrentó críticas por su falta de impacto real y sesgos en la participación.
La conclusión es clara: sin sorteo representativo, sin transparencia, sin mandato vinculante ni una respuesta formal del gobierno, los foros ciudadanos tienden a ser una simulación. Pero si están bien diseñados, pueden cambiar el rumbo de políticas nacionales.
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Antecedentes en México: foros y parlamento abierto
En México también hay antecedentes. Durante la discusión de la Reforma Eléctrica de 2022, se organizaron más de 19 foros públicos con participación de la academia e industria. Sin embargo, la reforma fue rechazada en el Congreso, y el ejercicio —aunque útil para el debate— no logró generar un consenso político. De igual manera, los Lineamientos de Parlamento Abierto aprobados en 2020 existen sobre el papel, pero su aplicación depende de cada comisión legislativa. Sin mecanismos de verificación, seguimiento o sanción, todo queda en buenas intenciones.
Por eso, si los foros organizados por la Comisión presidencial no otorgan poder real —es decir, si no permiten incidencia efectiva, no obligan a responder ni modifican el anteproyecto— y además no corrigen los sesgos de participación, entonces sí: estamos ante una simulación. Y peor aún, una simulación diseñada para legitimar lo que ya está decidido.
Caminos reales para la participación ciudadana
La ciudadanía no está de brazos cruzados. Existen al menos seis caminos para incidir de forma real:
- Iniciativa ciudadana federal: Con el 0.13% del padrón se puede presentar una iniciativa formal ante el Congreso.
- Incidencia legislativa focalizada: Envío de propuestas técnicas dirigidas a comisiones clave y solicitud de audiencias públicas con relatoría oficial.
- Litigio estratégico: Documentar violaciones a los principios de parlamento abierto y llevar los casos a tribunales.
- Coaliciones cívicas: Generar mensajes claros y ejercer presión mediática.
- Vigilancia ciudadana: A través de observatorios y contralorías sociales, exigiendo trazabilidad pública de cada propuesta.
- Plataformas cívicas: Como Ciudadanos en Red, que explican, monitorean y documentan el proceso para informar al público.
¿Es posible un referéndum electoral en México?
¿Y un referéndum? No procede. La materia electoral está excluida constitucionalmente de cualquier tipo de consulta popular. Así que no solo es un problema de diseño participativo; es un problema de legalidad. Si el gobierno organiza foros sin efectos legales sobre un tema que constitucionalmente no puede ser consultado, el resultado no puede ser otra cosa que una simulación política.
Entonces, ¿cómo distinguir un foro real de una puesta en escena? Hay señales claras. ¿Quiénes participan? ¿Fueron sorteados ciudadanos comunes o solo invitados afines al poder? ¿Las propuestas modifican el anteproyecto o solo “se toman en cuenta”? ¿Existen relatorías públicas y bases de datos abiertas? ¿Cada propuesta recibe una respuesta formal? ¿Se definieron umbrales claros y rutas para la adopción de las propuestas?
Rendición de cuentas en los foros de reforma electoral
La ciudadanía debe exigir mecanismos de rendición de cuentas. Antes del foro, hay que preparar un documento breve con diagnóstico, propuesta normativa y evidencia comparada. Durante el foro, es indispensable exigir una moderación independiente y una guía de preguntas clara. Después del foro, se debe solicitar una matriz de trazabilidad: qué propuesta se hizo, qué respuesta recibió y cómo se refleja en la redacción final. Y si nada de eso ocurre, hay que activar un Plan D: impulsar una iniciativa ciudadana y publicar comparativos internacionales que eleven el estándar democrático.
¿Ya perdimos la batalla? No todavía. Pero si no reaccionamos a tiempo, será demasiado tarde. Foros sin poder real son simulación. Foros con diseño deliberativo serio son oportunidad de incidir. El referéndum electoral está constitucionalmente prohibido. Así que este momento nos exige claridad, exigencia y organización.
Como ciudadanos, no debemos dejarnos engañar. La reforma electoral no se cocina en un foro: se construye con reglas claras, mecanismos de control y participación con poder real. Y nunca olvidemos el centro de este debate: el Artículo 35 constitucional prohíbe expresamente cualquier consulta sobre materia electoral. Lo que está ocurriendo hoy no es un ejercicio democrático. Es una puesta en escena que, sin nuestra vigilancia, puede acabar por debilitar los pilares mismos de la democracia mexicana.
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