Récord histórico en intentos de violaciones a la Constitución por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo; “nadie por encima de la Ley”
En medio de la más reciente conmemoración del 5 de febrero, día en que México celebra la promulgación de su Constitución, emerge una reflexión obligada sobre el papel que ha jugado la actual administración gubernamental en el respeto y cumplimiento de este documento fundacional. La frase “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, pronunciada por el presidente, ha marcado un precedente en la relación entre el poder ejecutivo y el marco jurídico del país, desencadenando una serie de acciones que han puesto en jaque la estructura constitucional de la nación.
A lo largo del sexenio en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha visto en la tarea de resolver 298 acciones de inconstitucionalidad, una cifra sin precedentes que refleja el nivel de confrontación entre las iniciativas del gobierno y los principios constitucionales. Este fenómeno no solo es un indicador de la tensión entre los poderes del Estado, sino que también revela una profunda crisis en el respeto a la legalidad y la división de poderes.
Casos emblemáticos
La administración actual ha estado marcada por varios casos que han requerido la intervención de la SCJN:
- La Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos: Esta legislación buscaba establecer un tope salarial para los funcionarios públicos, asegurando que nadie pudiera tener un ingreso superior al del presidente. La controversia surgió por la presunta invasión en la autonomía de organismos que, por naturaleza, requieren de una independencia económica para operar eficazmente.
- Reforma al Poder Judicial: Propuso modificaciones estructurales en el sistema de justicia, incluyendo la extensión del mandato del presidente de la SCJN. Este acto fue interpretado por críticos como un intento de socavar la independencia judicial y centralizar el poder.
- La Ley de la Industria Eléctrica: Priorizaba a la empresa estatal de electricidad por encima de competidores privados, desafiando así principios de libre competencia y compromisos internacionales. La reforma fue cuestionada por favorecer un monopolio estatal y vulnerar acuerdos comerciales internacionales.
- Control de la Guardia Nacional: La decisión de transferir la Guardia Nacional al ámbito militar fue vista como una militarización de la seguridad pública, lo cual contravenía disposiciones constitucionales explícitas que promueven una separación entre funciones de seguridad y defensa nacional.
La división de poderes: un pilar democrático
La división de poderes es un principio democrático clave que busca evitar la concentración de autoridad en una sola instancia gubernamental. Este sistema promueve un balance entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, facilitando un mecanismo de pesos y contrapesos que protege las libertades civiles y limita el abuso de poder.
La elevada cifra de acciones de inconstitucionalidad durante el presente sexenio refleja una tensión significativa entre la administración actual y el marco constitucional mexicano. Este escenario no solo plantea un desafío legal, sino que también pone en evidencia una crisis de gobernabilidad y respeto a los principios democráticos. La constante pugna entre las reformas gubernamentales y la Constitución invita a una reflexión profunda sobre el futuro político y social de México, subrayando la importancia crítica de preservar la integridad del Estado de Derecho y la división de poderes como garantías de una democracia saludable y funcional.
La comunidad académica y jurídica ha mostrado su preocupación frente a esta situación. La consolidación de la democracia en México se encuentra en un momento crucial, donde la independencia y autonomía de los poderes del Estado se ven amenazadas por diversas acciones y reformas propuestas por el actual gobierno. Para entender mejor la importancia de estos principios fundamentales, hemos recopilado opiniones de destacados expertos en el ámbito jurídico, político y académico.
Para María del Carmen Alanís, jurista y magistrada en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la independencia judicial no es simplemente un ideal democrático, sino una necesidad práctica para el correcto funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Cuando el Poder Judicial se ve influenciado o coaccionado por otros poderes, se compromete la justicia y, con ella, la confianza pública en nuestras instituciones. La autonomía de los jueces es esencial para garantizar decisiones justas e imparciales, libres de cualquier presión política o de otro tipo.”
Para Lorenzo Meyer, politólogo y académico, “la división de poderes es la columna vertebral de cualquier democracia. Sin ella, corremos el riesgo de caer en formas de gobierno autoritarias, donde la concentración del poder en una sola entidad o persona puede llevar a abusos y a la erosión de los derechos y libertades fundamentales. En México, la autonomía de los poderes no solo debe ser defendida, sino fortalecida, para asegurar un equilibrio que proteja los intereses de la ciudadanía ante cualquier intento de sobreposición de un poder sobre otro.”
La doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria, Claudia Sánchez, afirma que “la autonomía de los poderes en México no es un tema que deba tomarse a la ligera. Estamos hablando de la base sobre la cual se construye la gobernabilidad y se asegura el respeto a los derechos humanos y las libertades civiles. Las recientes tensiones entre el ejecutivo y el judicial ponen en evidencia la necesidad de reforzar nuestros mecanismos de pesos y contrapesos, para evitar decisiones unilaterales que puedan comprometer la estructura democrática del país.”
Por su parte el analista Político y escritor Raúl Trejo destaca que “a historia política de México ha demostrado que cuando los poderes actúan con independencia y en un marco de respeto mutuo, el país avanza en términos de justicia, equidad y desarrollo. Por el contrario, la subordinación de un poder a otro ha conducido a etapas de regresión democrática y violaciones sistemáticas a los principios constitucionales. En este sentido, la defensa de la autonomía e independencia de los poderes no solo es una cuestión de integridad institucional, sino también de justicia social.”
Las opiniones de estos expertos resaltan la importancia crítica de mantener la independencia y autonomía de los poderes del Estado en México. En un momento en que estas bases fundamentales de la democracia parecen estar en riesgo, el diálogo, la reflexión y la acción consciente de todos los sectores de la sociedad se vuelven indispensables para preservar la estructura democrática y asegurar un futuro justo y equitativo para el país. La lucha por la autonomía de los poderes no es solo una batalla legal o política, sino una necesidad imperante para el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho en México.
¿Qué es y qué significa una acción de inconstitucionalidad?
Una acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional que permite impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) normas generales, leyes o actos de autoridad que se consideren contrarios a los principios y mandatos establecidos en la Constitución Política de un país. Este recurso jurídico busca garantizar el supremo ordenamiento del marco legal y asegurar que todas las disposiciones normativas y acciones gubernamentales se alineen con la Constitución, la cual actúa como la ley fundamental sobre la que descansa el Estado de Derecho.
La importancia de una acción de inconstitucionalidad radica en su capacidad de proteger el orden constitucional y los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a posibles abusos o desviaciones de poder por parte de los órganos legislativo, ejecutivo o cualquier otra autoridad. Al declarar la inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad, la SCJN no solo invalida dicha norma o decisión por ser contraria a la Constitución, sino que también reafirma los principios de supremacía constitucional y división de poderes, esenciales en un sistema democrático.
Las acciones de inconstitucionalidad cumplen una función vital en el mantenimiento del equilibrio entre los poderes del Estado y la salvaguarda de los derechos humanos, actuando como un contrapeso efectivo ante la posibilidad de que se promulguen leyes o se tomen decisiones que puedan comprometer las libertades y garantías individuales.
Este mecanismo es, por tanto, un pilar fundamental para el fortalecimiento de la justicia, la legalidad y la democracia, permitiendo a la sociedad y a sus instituciones actuar activamente en la defensa de la Constitución y los valores que esta representa.
