En el escenario político mexicano, las declaraciones de Claudia Sheinbaum durante el último debate presidencial, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), han generado una ola de análisis y preocupación. La candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” no solo ha prometido cambios sustanciales en la Constitución Mexicana, sino que también ha desatado un debate sobre las implicaciones de tales promesas para la democracia y la estabilidad política del país.
Al afirmar, en tres ocasiones distintas, su intención de modificar la Carta Magna, Sheinbaum ha revelado no solo una ambición de cambio legislativo, sino posiblemente una pretensión de consolidar un tipo de poder que la historia ha demostrado ser peligroso.
Las declaraciones de la candidata presidencial sobre su intención de modificar la Constitución Mexicana han puesto de relieve no solo su agenda política, sino también una preocupante omisión sobre los procedimientos legislativos necesarios para tales cambios.
Es fundamental recordar que, en un sistema democrático como el de México, las reformas constitucionales requieren mucho más que la voluntad del presidente; necesitan el respaldo de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Este mecanismo asegura que cualquier modificación a la ley fundamental del país sea el resultado de un amplio consenso político y social, no el producto de decisiones unilaterales o caprichos del ejecutivo en turno.
La aparente ignorancia o el deliberado desconocimiento de este principio básico de gobernanza por parte de la candidata suscita preguntas sobre su comprensión de los límites y responsabilidades inherentes al poder presidencial, así como sobre la viabilidad y seriedad de sus propuestas de gobierno.
La candidata ha propuesto cambios que, a primera vista, parecen responder a demandas sociales largamente postergadas: universalización de becas, aumento del salario mínimo anclado constitucionalmente por encima de la inflación, reconocimiento de derechos para las comunidades indígenas, y una reforma profunda al INFONAVIT para impulsar la construcción de viviendas.
Sin embargo, más allá del contenido de estas propuestas, lo que suscita alerta es la ligereza con la que Sheinbaum aborda la idea de modificar la Constitución, una tarea que, por su naturaleza, requiere del consenso y del análisis profundo, dado su impacto en el tejido legal y social del país.
La historia nos ofrece ejemplos claros de cómo las modificaciones constitucionales pueden ser utilizadas como vehículos para el autoritarismo. Desde Chávez y Maduro en Venezuela hasta Putin en Rusia, pasando por Xi Jinping en China y Erdogan en Turquía, líderes autoritarios han recurrido a la reforma constitucional como medio para perpetuar su estancia en el poder, erosionando los principios democráticos y centralizando el control político.
La insistencia de Sheinbaum en la facilidad de cambiar la Constitución no solo subestima el proceso democrático necesario para tales enmiendas, sino que también levanta sospechas sobre las intenciones detrás de estas propuestas. ¿Busca Sheinbaum, acaso, abrir la puerta a una concentración de poder similar a la vista en regímenes autoritarios?
Si bien la propuesta de cambios a la Constitución no es exclusiva de gobiernos dictatoriales o totalitarios; gobiernos recientes de este corte han modificado o propuesto cambios a la Constitución para consolidar el poder, eliminar límites a los mandatos presidenciales, o restringir derechos y libertades. A continuación, se presentan algunos ejemplos históricos y actuales de este tipo de situaciones:
Es importante señalar que mientras en algunos contextos los cambios constitucionales buscan adaptar la ley fundamental a nuevos contextos o corregir deficiencias institucionales, en otros pueden ser herramientas para consolidar el poder y restringir la democracia. La diferencia clave suele residir en el proceso a través del cual se proponen y aprueban dichos cambios, incluyendo el grado de participación ciudadana, transparencia, y respeto por las normas democráticas y el estado de derecho.
Es importante señalar la contradicción inherente en las afirmaciones de Sheinbaum: por un lado, propone cambios profundos y sustanciales en la Constitución como si fueran decisiones unilaterales del Ejecutivo, obviando el hecho de que tales cambios requieren una mayoría calificada en el Congreso, reflejo de un amplio consenso político y social. Por otro, la facilidad con la que menciona estas reformas minimiza la complejidad del tejido constitucional y legal de México, y sugiere una disposición hacia la concentración de poder que es incompatible con los principios de la democracia representativa.
Ante tales declaraciones, es crucial que el electorado y las instituciones democráticas de México mantengan una actitud de vigilancia. Los cambios constitucionales, especialmente aquellos que tocan los fundamentos del contrato social y político de la nación, deben ser abordados con la seriedad y el consenso que garantizan la protección de los derechos fundamentales y la alternancia de poder.
La historia nos ha mostrado las consecuencias de otorgar cheques en blanco a líderes con ambiciones de modificar la ley fundamental a su antojo. La promesa de Sheinbaum de reformar la Constitución debe, por tanto, ser examinada no solo en sus méritos específicos, sino también en el contexto más amplio de la salud democrática de México.
Ya llegó junio, mes del Orgullo LGBTTTIQ+ y la Secretaría de Cultura de la Ciudad…
Este miércoles 5 de junio de 2024, el programa “Hoy No Circula” entrará en vigor…
Este martes 4 de junio, el programa "Hoy No Circula" continúa vigente en la Ciudad…
En una jornada electoral sin precedentes, México vivió las mayores elecciones de su historia, con…
La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció a sus simpatizantes y a los…
Tras las elecciones del 2 de junio en México, un fenómeno preocupante ha emergido entre…
Esta web usa cookies.